Cuatro pasos para convertir Madrid en un vertedero
La ciudad de Madrid acumula basura en sus aceras y calzadas. Tres días de huelga en los servicios de limpieza bastan para convertir algunos pasajes en túneles de la basura. El Ayuntamiento se pone de perfil y su alcaldesa Ana Botella (PP) asegura que es un asunto entre “trabajadores y sindicatos”. Las contratistas planearon deshacerse del 18% de la plantilla de mantenimiento una vez ganados los concursos de privatización. Dicen que el dinero no les llega.
1. El Ayuntamiento ahorra en el servicio de limpieza
El Ayuntamiento de Madrid decidió rebajar el gasto en la limpieza de sus calles. Trazó un nuevo contrato de privatización y calculó que costaría 2.316 millones para ocho años. Le aplicó una reducción directa del 10% en lo que pagaría a las contratistas que ganaran los concursos. 32 millones al año por ocho años, igual a 256 millones (de supuesto ahorro para las arcas asfixiadas por la deuda de la capital). No impone porcentajes de operarios aunque sí existen fórmulas para sancionar a las empresas si se pierde en “calidad del servicio”.
2. Las empresas pujan por el contrato bajo las nuevas condiciones
La limpieza de la ciudad se dividió en seis zonas. Las empresas optaron al concurso y en julio de 2013 firmaron los acuerdos con Madrid. Todas las contratistas renunciaron a parte del dinero presupuestado por la ciudad para ganar el concurso. Y todas ofrecieron un aumento de trabajo, ya fuera al incrementar zonas de baldeo, superficie con tratamientos anti-grafiti o mediciones de zonas verdes. La ciudad quedó divida como sigue:
- CESPA (de Ferrovial) se hizo con las calles de Centro, Chamberí, Tetuán y Argüelles. Su canon es de 340,6 millones de euros. Convenció al Ayuntamiento con una rebaja voluntaria del dinero por cobrar del 12,56%.
- Valoriza (de Sacyr) ganó dos lotes. Uno cubre los distritos de Arganzuela, Retiro, Salamanca y Chamartín. Se llevará 342,8 millones, que implican una rebaja del 16% respecto al cálculo municipal. El otro lote atiende a Fuencarral-El Pardo, Moncloa y Latina. Otros 338,01 millones. ¿Rebaja voluntaria? Sí, la más alta: un 22,97%.
- Obrascón se quedó la zona de Barajas, Ciudad Lineal, San Blas y Canillejas. Firmó un contrato por 321,8 millones. Había asegurado al Ayuntamiento una rebaja del 16,5%.
- OHL-FCC recibió otras dos áreas. La primera en Puente de Vallecas, Moratalaz, Vallecas Villa y Vicálvaro. Firmó por 303 millones y, de nuevo, convenció al equipo de Ana Botella con una reducción del 14%. La segunda zona incluye Usera, Villaverde y Carabanchel. Se llevó la contrata con un montante de 296,6 millones tras renunciar al 13% de lo ofrecido por el Ayuntamiento.
3. Arranca el servicio y las empresas mutilan las plantillas
El 1 de agosto entraba en vigor este nuevo formato. La limpieza, recogida de basuras y mantenimiento de parques y zonas infantiles funcionaba en el momento de la adjudicación con más de 6.000 operarios, cuyos contratos, según el Ayuntamiento, serían subrogados por las nuevas adjudicatarias, como siempre había ocurrido. Pero esta vez las empresas arrancaron despidiendo a 350 trabajadores. La ley obliga a los nuevos contratistas de servicios públicos a heredar la plantilla que venía haciendo estas labores pero nada les impide, una vez asumidos, aplicar medidas para reducir la plantilla.
Además, tres de las empresas adjudicatarias (Ferrovial, Sacyr y OHL-FCC) anunciaron un ERE para 1.144 trabajadores y un plan de reducción salarial de hasta el 40%. La patronal de las empresas de limpieza (ASELIP) justifica los recortes en que reciben un “40% menos de dinero” por parte del Ayuntamiento que en 2007. Tras tres días de huelga, los empresarios proponen despedir a 900 personas y llevar los recortes de sueldo a un 12% general.
4. A la huelga, con un 40% de servicios mínimos
La huelga afecta a las zonas asignadas a Ferrovial, Sacyr y OHL-FCC. El Ayuntamiento ha aducido que se trata de un problema laboral entre las contratistas y sus sindicatos, a pesar de que el contrato recoge la capacidad de sanciones en caso de que el servicio no se haga correctamente. El consistorio ha decretado unos servicios mínimos del 40%. Sin embargo, una vez comenzado el paro, los cubos han rebosado casi de inmediato. Se puede constatar que hay papeleras y contenedores volcados con los desperdicios esparcidos por las aceras y las calzadas. La sensación de suciedad se multiplica. Esta práctica ha sido detectada en áreas que, en teoría, debían estar a salvo al no entrar sus contratas en los paros.
