Las tórtolas tendrán un segundo (inesperado) año de tregua frente a los cazadores

Para exasperación de los cazadores, las tórtolas tendrán, al menos, un año más de tregua. No habrá cupo de muertes admisible en la temporada 2022-2023. Ellos esperaban “una tasa mínima” tras, dicen, el compromiso del Ministerio de Agricultura de permitir cazar este año a cambio de que realizaran “trabajos de recuperación”.

Pero la situación de esta especie emblemática y codiciada no es halagüeña. Así lo ha corroborado la orden de veda de la Comunidad de Madrid publicada el 3 de mayo: “Se establece una cuota cero de capturas”, escribe. “Mientras se aprueba un plan de gestión adaptativa, de manera análoga a otras comunidades autónomas, no se permite cazar esta temporada”. Muchas comunidades deben publicar aún sus regulaciones.

La cuestión es que, más allá de las consideraciones de los cazadores, España tiene todavía pendiente un expediente sancionador europeo por no proteger adecuadamente a las tórtolas. En febrero de 2021, el Gobierno remitió una respuesta para intentar evitar al Tribunal de Justicia. Situaba en 400.000 ejemplares cazados al año la cuota sostenible. Más de un año después, la Comisión sigue “evaluando la respuesta de España”, ha contestado un portavoz.

Una historia antigua

Que las tórtolas europeas declinan es una realidad que se ha ido avisando en textos científicos desde hace décadas. Avisos por parte de investigadores españoles pueden rastrearse desde, al menos, 1992. En esos momentos, zoólogos como Francisco Purroy, describieron que “el bajón acusado de las poblaciones nidificantes de Tórtola son el resultado de la combinación del deterioro del hábitat estival e invernal, la intensificación agrícola y la sobrecaza”.

De hecho, El Libro rojo de los vertebrados de España de 1992 incluía a esta ave. Esta publicación oficial con el sello del Ministerio Agricultura, contenía una ficha para la tórtola que advertía que “en general es una especie escasa y local”. Y añadía: “La población reproductora ha experimentado una clara disminución desde mediados de la década de los setenta. También se ha observado un fuerte descenso de aves migrantes especialmente patente en algunos pasos tradicionales del norte de España”.

Esa ficha, apuntaba a las causas de la amenaza: destrucción del hábitat, cambios en la agricultura, uso de herbicidas y la “excesiva presión cinegética”. Entre las medidas de conservación pedía la “prohibición de la caza en España durante cuatro años y, en todo caso, reducir el número de capturas”. En 2001, la lista de especies amenazadas de Andalucía creada por la Junta andaluza identificaba como “amenaza” la “sobrecaza” de la tórtola e incluía en las medidas de conservación “vedar su caza por un periodo mínimo de cuatro años”.

A pesar de estas propuestas, la caza de tórtolas se mantuvo sin disminuir el ritmo. Los datos oficiales que ofrece Agricultura están poco actualizados, solo llegan hasta 2018. De 2005 a 2018 se mataron, oficialmente, 9,3 millones de ejemplares. El declive de poblaciones “es una circunstancia contradictoria con su condición de especie cazable”, dejaba por escrito este análisis realizado desde el Laboratorio de Zoología y Entomología de la Escuela de Ingenieros de Montes en 2013. Solo el expediente sancionador de la Comisión Europea ha llevado a paralizar, temporalmente, la actividad.

¿Cuánto se caza cada año en España?

Haz clic en cada caja para consultar el número de capturas de caza mayor, caza menor de mamíferos y caza menor de aves cada año en España, por tipo de especie

Fuente: Estadística Anual de Caza - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Aún así, los directivos de la Federación Española de Caza han expresado una “absoluta decepción tras el compromiso adquirido por el equipo de Luis Planas, fruto del incesante trabajo que llevamos realizando los cazadores para recuperar la especie a cambio de una tasa mínima de extracción”.

Con todo, el mismo Ministerio de Agricultura ha aprobado cofinanciar al 50% dos proyectos desarrollados por el lobby de la caza, la Fundación Artemisán, presupuestados en 1,3 millones de euros. Entre ellos, esta organización promueve la recolección de información “de cientos de cazadores” para utilizar sus datos “en la correcta toma decisiones”. Hace unas semanas consiguieron retrasar la protección de la codorniz avalada por el Comité Científico del Gobierno al hacer llegar ese tipo de información mediante el Ministerio de Agricultura.