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Ibi, o cómo jugar a la corrupción

Comisiones, adjudicaciones a dedo a familiares, incrementos de patrimonio injustificados, falsas cuentas en Suiza, cajas b y la sombra de la financiación irregular del PP municipal constituyen el mecano corrupto del municipio juguetero

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Mayte Parra, la alcaldesa de Ibi, tras la destitución del concejal Onsurbe.

Mayte Parra, la alcaldesa de Ibi, tras la destitución del concejal Onsurbe.

Como un juguete del que enriquecerse. Así han tratado supuestamente al ayuntamiento del tradicional municipio juguetero de Ibi (Alicante, 23.634 habitantes) varios empresarios, ediles de distintos colores políticos y técnicos municipales. Tanto, que se puede considerar como un homenaje obsceno a la tradicional industria del municipio, aunque en este caso se haya jugado a la corrupción y el consistorio fuera su juguete particular.

Un mecano corrupto que cuenta con todas las piezas clásicas: comisiones por adjudicaciones a familiares y amigos, contratos a dedo mediante el fraccionamiento, amiguismos, sobrecostes, cajas b e incluso dos cuentas en Suiza que se revelaron falsas. Todo, con la sospecha de las acusaciones particulares de que lo sabido es solo la punta del iceberg de lo que ocurrió durante los dos mandatos de la entonces alcaldesa y actual diputada en las Corts Valencianas, Mayte Parra.

Ave, corrupción

El principal asunto de corrupción que afecta al ayuntamiento de Ibi es el denominado como caso AVE. Una supuesta trama corrupta que fue revelada por Susana Hidalgo, líder del PSOE en el municipio, pero que después de las investigaciones hechas, la anterior juez -tras levantar el secreto de sumario en febrero de 2014- mantuvo en el letargo para suerte de los implicados.

Sin embargo, la llegada de un nuevo juez a Ibi torció la suerte de los supuestos participantes de la trama, ya que en tan solo un mes reactivó el caso. Un hecho que se consumó cuando decretó imputar a 12 empresarios, elevando el número de imputados a 14. En febrero por este caso ya habían sido imputados el ex edil del grupo independiente ADIi, José Valdés, y el ex concejal de hacienda, mano derecha y ex presidente del PP local, Miguel Ángel Agüera. Los dos concejales tenían presuntamente muchos negocios cruzados.

Imputaciones, a su vez, que se ampliaron nuevamente. Se imputó a las ex concejales del PP Ana Sarabia y Rosa Ibañez, al ex edil popular de cultura y hacienda Antonio Granero y el técnico municipal Antonio José Jiménez Gea. Como testigos se citó al interventor municipal, Pedro García Vargas –cómplice según los personados en la causa-, José Ramón Martínez, jefe de Intersa S.L. –empresa implicada en el escándalo y salpicada por otros- y José María Rosa, contable de Iluminación Elecfés, firma investigada en la trama.

Un caso que seguía presuntamente los ya conocidos parámetros de la corrupción en España: adjudicaciones a dedo mediante fraccionamiento para eludir la ley de contrataciones públicas a cambio de supuestos favores –según los personados como acusación en el caso-, pagos con precios presuntamente abultados, facturas duplicadas y contratos por supuestos trabajos inexistentes. Unos hechos corroborados en el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial conocido el pasado febrero.

Pero, había más. En la causa, a parte de la socialista Susana Hidalgo y del ya ex concejal José Vicente Verdú de Esquerra Unida, estaba personada Felicidad Peñalver, antigua concejal zaplanista del PP en el consistorio. Peñalver, quien dimitió por el cansancio de lo que observaba en el ayuntamiento junto con el enfrentamiento que mantuvo con la dirección local campista, se sumó a la lista de personados en la causa aportando a fiscalía datos sobre adjudicaciones, planes urbanísticos, supuestos tratos de favor a familiares e incrementos desmesurados de patrimonio de sus excompañeros.

“Durante los 15 meses que estuve como concejala de hacienda, me di cuenta de un serie de cosas muy evidentes, como que te presentaran siete u ocho facturas fraccionadas de la misma empresa, fecha e importe todas de golpe”, afirma Peñalver. “La situación era tan agobiante que al final tuve dos opciones: sumarme a la trama o dimitir y denunciar estas irregularidades ante el juez. Hice lo segundo”, reivindica la abogada y ex concejal popular.

Una dimisión que causo muchos problemas de cabeza al PP de Ibi, y en especial a la ex alcaldesa, Mayte Parra y a su mano derecha, Miguel Ángel Agüera. Peñalver tenía una bomba guardada y la puso en forma de denuncia ante el juzgado en 2012. Según su escrito, acusaba a Agüera y a Parra de tener supuestamente una cuenta en Suiza de 1,3 y 1,2 millones de euros respectivamente.

Bomba que, finalmente, fue desactivada, ya que la anterior instructora exculpó a los dos ediles de estos hechos porque, según los datos de la comisión rogatoria, el IBAN aportado por la ex edil no coincidía con ninguna cuenta que estuviera a nombre de la actual diputada autonómica y del ex concejal. Pese a esto, Peñalver se resiste a pensar que “los sobrecostes no estén en ningún sitio”. Las otras dos acusaciones personadas también creen que puedan tener cuentas en el extranjero.

Los cabecillas

De la trama destacan dos nombres: Miguel Ángel Agüera y Tomás Morenate. El primero, fue concejal de urbanismo, de hacienda, presidente local del PP y teniente alcalde. El segundo, empezó como empresario y acabó precisamente siendo el responsable de la adjudicación de las obras. De recibir contratas a otorgarlas.

“Agüera es el promotor, el gran extorsionador, el capo de la trama”, afirma Susana Hidalgo, del PSOE local, quién prosigue para indicar: “en otras tramas es el empresario quién intenta comprar al político. Aquí es Agüera quién propone a las empresas los negocios. Es el quién teje una trama para enriquecerse personalmente del ayuntamiento”.

Su patrimonio, según la policía judicial, reveló incrementos no justificados acorde con sus ingresos. Los 36 relojes de lujo que poseía ya sumaban más de lo que percibía anualmente como concejal. A unos ingresos que no cuadraban, se sumaban la sospechas sobre adjudicaciones del ayuntamiento a familiares, ahora puestas en tela de juicio por el juez. Solo un dato: su cuñado recibió casi un millón de euros adjudicados a dedo, según admitió el propio beneficiario.

“Morenate es el típico manitas. Igual te pinta, que sierra, que te levanta un tabique”, explica José Vicente Verdú, ex concejal de Esquerra Unida. Un empresario, que según él, se arrimó al Partido Popular y “empezó a llevarse contratos pequeños del ayuntamiento desde 2003 a 2007. A la legislatura siguiente, entró colocado a dedo por el PP como coordinador de obras y servicios municipales”. Un cargo desde el que tendrá la potestad de decidir a quién adjudica los contratos del ayuntamiento. El Grupo Monerate formado por diversas firmas cuyos titulares son familiares suyos recibirá mientras él ocupe el cargo 379.483 euros, según la UDEF.

Mayte Parra, acechada

La ex alcaldesa popular desde 2003 a 2013 y actual diputada en las Corts Valencianas, Mayte Parra, ha conseguido quedar al margen de la trama que está instruyéndose. El juez no observó indicios delictivos en sus actuaciones. Además, su condición de aforada hace que el juzgado de Ibi no sea competente para juzgarla.

Sin embargo, las acusaciones creen que las imputaciones de sus ex colaboradores y las declaraciones pueden acabar con la implicación de Parra, ya que están convencidos de que participó o era conocedora de las presuntas irregularidades que se cometían en las adjudicaciones del ayuntamiento. “La alcaldesa mandaba y ordenaba. Conocía todo lo que sucedía en el ayuntamiento”, indica la ex concejal Peñalver.

Unas afirmaciones que comparte Verdú. “En Ibi durante su mandato no se podía hacer nada sin su permiso. Y si lo hacías ella se enteraba”, explica para proseguir: “Parra tenía un control absoluto sobre el ayuntamiento. Su capacidad de trabajo roza lo enfermizo. Resulta muy difícil que no fuera consciente de lo que estaba sucediendo”.

Además de la posible implicación en este caso, Parra tiene otros frentes. Aparte de su implicación sobre unos supuestos gastos de tarjetas de crédito a cargo del ayuntamiento -denunciados por Santiago García (EUPV) y Nicolás Martínez (ADIi)-, la diputada popular está salpicada por los sobrecostes del Teatro Río.

Un escándalo que surge después de que un empresario aporte una grabación en la que el ex concejal popular José Antonio Onsurbe –imputado por cohecho por ello- le pide una comisión a cambio de una adjudicación. En la cinta, además aparece unas grabaciones en las que el propio Onsurbe dice que Parra y Agüera “han metido una mojadita” en referencia a una supuesta comisión para cada uno de alrededor de unos 400.000 euros proveniente de las obras del Teatro Río. Parra está investigada por presunta malversación y tráfico de influencias.

El Sínidc de Comptes reveló, a su vez, las irregularidades en las tramitaciones de las obras del Teatro Río, que entonces fueron cifradas en 23 millones de euros por la oposición. Una obra que, según Peñalver, tuvo una desviación del presupuesto de un 25%. La construcción realizada por Intersa Levante –implicada también en el caso AVE- no ha sido la única obra ejecutada por esta firma con sobrecostes. El Palacio de Justicia y la piscina municipal también experimentaron un incremento del presupuesto inicial de la obra.

Para Peñalver, Parra debe sumar un problema más. “El PP recibía su asignación municipal no a una cuenta del partido, sino a una cuenta cuyos titulares eran Parra y Agüera, de las que se hacían transferencias a la cuenta de Parra”. Un asunto, que para ella, “sugiere dudas de cómo se financiaba el partido y las campañas. Podríamos estar ante una presunta financiación ilegal del PP de Ibi”.

La punta del iceberg

Las sombras y la corrupción en Ibi no parecen detenerse en estos casos. El caso del polideportivo con su supuesta caja B, operaciones urbanísticas no investigadas y licencias sospechosas son algunas muestras de una época negra para el ayuntamiento de Ibi que ahora parece haberse frenado. “El modus operandi en Ibi ha cambiado con el actual alcalde Serralta. Pero han enterrado muchos asuntos y han sido copartícipes porque no han querido denunciar nada ante los juzgados”, critica Hidalgo.

Un modus operandi presuntamente corrupto que operó durante mucho tiempo en Ibi y que aún puede generar grandes escándalos. “Los asuntos urbanísticos son las más grandes y no se han querido investigar”, apunta Verdú. Parece que aún faltan por descubrir otros juegos de corrupción en Ibi.

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