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El PP gastó un millón y medio de euros en el altar para el Papa

La exalcaldesa de Valencia saluda a Benedicto XVI en presencia de Francisco Camps

Voro Maroto

La visita del Papa a Valencia costó 2,6 millones en urinarios, 7,7 millones en publicidad y hasta 3,5 millones en la compra de 500.000 mochilas. A estos datos, ya conocidos, se suma uno nuevo: el altar utilizado por Benedicto XVI para dirigirse a la multitud costó 1.5 millones de euros, según ha desvelado Ximo Puig en las Corts Valencianes.

En total, el periplo del Papa exigió de 22 millones de euros. El president de la Generalitat ha tildado ese gran evento organizado por el PP desde el gobierno valenciano como un “un acontecimiento de corrupción más”. Organizado desde un organismo opaco controlado por el Consell -La Fundación V Encuentro Mundial de las Familias-, la justicia investiga diversas irregularidades.

Una de ellas, la contratación de las pantallas y el audio para retransmitir el acontecimiento por siete millones de euros, supuso un coste “desorbitado y notoriamente superior al servicio prestado”. Así lo dice el magistrado que ha llevado al banquillo a Juan Cotino, expresidente de las Corts Valencianes, y otros cargos del PP valenciano por este asunto.

Puig también ha revelado que la visita del Papa costó 1,7 millones de euros en hoteles y viajes. Al objeto de acabar con el descontrol que habría caracterizado la gestión de las empresas y organismos públicos bajo control del PP, la Generalitat quiere hacer borrón y cuenta nueva. El presidente ha anunciado una nueva regulación sobre las fundaciones públicas, que será “de punto final del despilfarro de los recursos públicos de los valencianos” para aplicará transparencia y control en este sector.

La Sindicatura de Comptes ya denunció la falta de información de la Fundación que gestionó el viaje del Papa tras su liquidación, para la que la Generalitat tuvo que gastar otros dos millones de euros. Según el actual Consell, la gestión del PP dejó a las empresas de la Generalitat en una situación muy precaria: con 5.000 millones de deuda, plantillas desconocidas y sueldos sin control.

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