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El juez investiga a Arturo Torró por negar información al PSPV

La fiscalía cree que el alcalde de Gandia pudo haber cometido un delito tras la denuncia presentada por los socialistas

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Arturo Torró.

Otra vez. La justicia se ha vuelto a cruzar en la gestión del alcalde popular de Gandía, Arturo Torró, quién acumula procesos judiciales. Tras el revés que sufrió al ser obligado a indemnizar y readmitir a una funcionaria despedida por ser contraria ideológicamente –según la juez-, se le suma ahora otra frente.

Se trata de la petición que ha hecho la Fiscalía al juzgado número 2 de Gandía, para que investigue al propio Torró y al concejal Víctor Soler. La razón: indagar si los dos ediles hubieran podido cometer un presunto delito al no facilitar información a la oposición. Más concretamente, a los requerimientos del grupo municipal socialista.

Las diligencias abiertas por el juzgado tienen origen en la denuncia presentada por el concejal socialista Vicent Mascarell. En ella, el edil de la oposición acusaba al alcalde de la capital de La Safor de cometer un presunto delito contra los derechos cívicos y otro de supuesta desobediencia grave.

Mascarell, exponía en el escrito la multitud de documentos que le ha negado el consistorio durante la actual legislatura, cifrados en más de 100. Entre ellos, destacan el contrato del concierto de Julio Iglesias, el proyecto del Campo de Golf de Marchuquera o las facturas del ayuntamiento con las empresas vinculadas a la Operación Púnica, entre otros. El responsable de los Asuntos de la Alcaldía, Javier Reig, ha declarado que las 119 peticiones “las hemos respondido mayoritariamente por escrito” o a través de las comisiones.

Precedentes de condena

Unas investigaciones sobre denegaciones de información a la oposición que cuentan con precedentes. La empresa municipal que gestiona la mayoría de servicios del consistorio, Iniciatives Públiques de Gandía (IPG), fue condenada por los tribunales a proporcionar la documentación que no había facilitado a la oposición. Sin embargo, la suerte se alineó con Torró, presidente de la mercantil. A los diez días de producirse la condena, un virus informático acabó con parte de los documentos de la sociedad.

Precisamente, en la denuncia de Mascarell, aparecen peticiones de información sobre IPG. Convenios que ha firmado la empresa, saber los trabajadores de la mercantil, contratos como los de compra de terrenos o las facturas de la entidad, son algunas demandas efectuadas por los socialistas. La justicia, de nuevo, se encuentra con Arturo Torró.

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