Amnistía Internacional instruye a la Ertzaintza sobre el uso “apropiado” de la fuerza y del material antidisturbios

Amnistia Internacional ha denunciado en innumerables ocasiones las malas prácticas policiales que se ejercen en comisarías por diferentes fuerzas de seguridad. La ONG solicitó incluso al propio lehendakari Inigo Urkullu a información sobre la revisión de los protocolos de usos de la fuerza y utilización de material antidisturbios de la Ertzaintza. Pese a las tiranteces y desencuentros, tal y como ha desvelado la Cadena Ser, la Policía vasca les ha abierto las puertas de su Academia de Policía en Arkaute para que formen a sus agentes en una asignatura pendiente para los cuerpos policiales en general, el respeto a los derechos humanos. La experiencia ha resultado satisfactoria para ambas partes, tanto que no descartan- aunque de momento no hay ningún convenio cerrado al respecto- incorporar esa colaboración como una materia regular en el plan de formación de la academia. Parece que desde la Dirección de la Ertzaintza han apostado por complementar la formación que sus agentes recibe en esta materia para garantizar el mejor servicio policial y el respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía.

Los talleres son impartidos por personal experto en derecho internacional de los derechos humanos de Amnistía Internacional. Estos especialistas son a su vez, en su mayoría, agentes de las fuerzas de seguridad. Esta circunstancia ha propiciado, a juicio de los coordinadores de la dinámica, una muy buena acogida por parte de los agentes de la Policía vasca. “La recepción por parte de los alumnos ha sido muy buena. Las temáticas se han tratado de policía a policía y han comprobado cómo es posible abordar el trabajo de las fuerzas de seguridad con eficacia y siendo al mismo tiempo escrupuloso con el cumplimiento de los derechos humanos”, explica Jesús Álvarez, coordinador en Euskadi de Amnistía Internacional.

Los talleres se han desarrollado durante los meses de marzo, abril y mayo y a lo largo de seis sesiones en las que han formado a 70 agentes y docentes. El uso apropiado de la fuerza y los malos tratos centraron los primeros encuentros. También han hablado de la utilización de material antidisturbios como pelotas de goma o bastones policiales- las porras-. “Su utilización de manera abusiva puede constituir una grave violación de derechos humanos, por lo que deben establecerse las reglas de intervención que rigen su uso, ya que en muchas ocasiones se utilizan en primera instancia y no como último recurso”, recuerdan los portavoces de Amnistía Internacional.

La dinámica permite prepara también a los ertzainas para enfrentar de forma adecuada las identificaciones por perfiles raciales y se les instruye para prevenir los crímenes de odio por razón de raza, orientación sexual y opiniones políticas y religiosas.

Órgano de investigación externo elegido por el Parlamento

Desde Amnistía Internacional no han desaprovechado la ocasión para tratar de concienciar a los miembros del cuerpo policial de la necesidad de incorporar mecanismos de rendición de cuentas independientes e imparciales encargados de investigar las denuncias de malos tratos y otras violaciones, unas figuras que no funcionan en la Ertzaintza. “Los investigadores son los investigados y esto no garantiza la limpieza del proceso. El órgano encargado de estos procesos tiene que ser externo, ajeno al cuerpo policial y nombrado por parlamentarios para que queda garantizada su independencia”.

En este sentido Amnistía Internacional valora las medidas puestas en marcha como la videograbación en los pasillos de las dependencias policiales y en salas de interrogatorio, así como los avances producidos en la coordinación de protocolos forenses y atención a familiares. Sin embargo, insisten en que se han de adoptarse medidas para introducir la grabación en vídeo y audio en todas las zonas de custodia de las comisarías de policía. “También es necesario poner fin a la práctica de solicitar el régimen de incomunicación en las detenciones producidas por la Ertzaintza y asegurar que las personas privadas de libertad tengan derecho a consultar en privado con un abogado de su elección, así como a que disfruten del derecho a que les examine un médico de su elección y que puedan notificar o hacer que se notifique la detención el lugar de la misma a los familiares o persona de su elección”.