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La Fiscalía solicitará reproducir las grabaciones de Alberdi en el juicio del 'caso De Miguel'

El fiscal Josu Izaguirre

Iker Rioja Andueza

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, planteará formalmente que el tribunal que enjuicia el 'caso De Miguel', presidido por el magistrado Jaime Tapia, autorice la reproducción de las grabaciones de audio durante la comparecencia de la denunciante de este caso de corrupción política, Ainhoa Alberdi, que se producirá los días 5, 6 y 14 de marzo. Hasta ahora, los testigos comparecientes han sido preguntados con normalidad por partes del sumario, si bien en todo momento se les han exhibido documentos escritos. Además, las defensas de los imputados han tratado de anular como pruebas estos audios realizados por la propia Alberdi y en los que se alude al pago de comisiones como algo “dentro de lo normal”.

La propuesta de la Fiscalía se debatirá en la sesión del juicio de este jueves, la última antes de la declaración de Alberdi. Según fuentes judiciales, concretar este punto de antemano busca garantizar que existen medios técnicos disponibles para reproducir ese material sonoro -que es de escasa calidad técnica y por momentos prácticamente inaudible- y que el interrogatorio no se vea suspendido durante su celebración por posibles protestas de las partes que obliguen al tribunal a deliberar.

En diciembre de 2009, Alberdi empresaria y abogada urbanista, acudió a la Fiscalía de Álava con 24 grabaciones sonoras y un puñado de correos electrónicos. Estaba asociada en la empresa Urbanorma Consulting con el constructor Jon Iñaki Echaburu, que había abandonado la sociedad. Urbanorma Consulting había recibido recientemente el contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria. Cuando Echaburu -afiliado al PNV y contratista habitual de los Departamentos de Seguridad y Educación- salió de la compañía, dos dirigentes políticos del partido, Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, le ‘recordaron’ que tenía que “pasar por caja” por haber recibido ‘a dedo’ la adjudicación de Miñano. Hasta su padre había recibido la visita de los ‘burukides’. 100.000 euros era el ‘peaje’ y Kataia Consulting la asesoría sin actividad que se utilizaría como empresa pantalla para la operación.

Durante la fase de cuestiones previas, las defensas buscaron anular esa prueba por irregular al tiempo que insisten en que no hay caso. El tribunal sólo se pronunciará en sentencia sobre la validez de éstas y otras evidencias puestas en tela de juicio, por lo que las grabaciones son perfectamente admisibles durante la celebración del juicio. Aunque hay mucho material inservible, hay registradas conversaciones en las que se alude a que la comisión de Miñano entra “dentro de lo normal” o a la necesidad de los principales acusados de 'recaudar': “De un sitio u otro, pues tenemos que sacar lo que nos corresponda. Es así, porque si no lo tenemos jodido”.

La denunciante ha explicado que optó por entregar toda la grabadora -una Olympus V5500- y no sólo el material de interés para la causa precisamente para mostrar que no existía manipulación alguna. Sin embargo, las defensas de De Miguel y del que fuera presidente de la red de parques tecnológicos, Julián Sánchez Alegría, han encargado sendos informes periciales que teorizan sobre esa posibilidad y que fueron adelantados por este periódico.

El de Evidentia para De Miguel se centra en el elevado nivel de ruido de los audios. Aluden a la posible lejanía de los interlocutores o un micrófono de mala calidad, pero ven plausible una tercera opción: “El origen de este anómalo nivel de ruido también puede deberse a una 'regrabación' de las conversaciones. Efectivamente, una manera típica para manipular grabaciones es extraer las grabaciones originales de la grabadora, editarlas con un ordenador, reproducirlas en el mismo y regrabarlas en la grabadora como si fueran originales”.

Graudio Forensics realizó otra prueba pericial, en este caso para Sánchez Alegría, que también será juzgado en una de las ramas 'caso Epsilon'. Estos técnicos analizaron la fuente sonora y sentenciaron que las ondas de la voz de Alberdi son más claras y nítidas que las de sus interlocutores. Así pues, la defensa del ex alto cargo del Gobierno sostiene que hay “manipulación” de las pistas sonoras y que “afecta únicamente al interlocutor” de la denunciante. Asimismo, aseguran que la transcripción oficial elaborada por la Ertzaintza omite que, en la conversación entre la denunciante y Sánchez Alegría éste aludió a “denunciar” las irregularidades que le trasladaba. La Fiscalía, precisamente, le acusa no sólo de no haber denunciado los hechos cuando se los expuso Alberdi, sino de haber pedido discreción a De Miguel en sus 'gestiones'.

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