'Violadas y expulsadas', la doble condena de las mujeres migrantes víctimas de violencia sexual

“Yo estoy aquí, no tengo tarjeta sanitaria, no tengo cuenta, no tengo nada. Solo padrón, nada más, no pago seguro, no tengo trabajo,… tengo trabajo pero no me pagan, entiendes, sin derechos y sin nada. Como, no sé cómo explicarlo, como un animal salvaje.” Es el testimonio de una mujer rusa víctima de violencia sexual que reside en España en situación irregular desde 2006. Su experiencia forma parte del informe 'Violadas y expulsadas' elaborado por la Fundación Aspacia para visibilizar un drama que persigue a estas mujeres: el miedo a denunciar y enfrentarse a un expediente de expulsión.

“La violencia sexual contra las mujeres es una de las violencias machistas más desatendida por las instituciones”. María Naredo, abogada defensora de los derechos de las mujeres y colaboradora en distintas investigaciones sobre violencia de género, discriminación y derechos humanos, ha colaborado en el informe, e insiste en la necesidad de incorporar a la agenda institucional una de las manifestaciones más extendidas de la violencia contra las mujeres, las agresiones sexuales.

En el caso de las mujeres migrantes en situación irregular, estas agresiones son doblemente perjudiciales, porque a esa invisibilidad se une “que es un sector ante el cual la respuesta ha venido por el lado más sancionador”, advierte Naredo. El miedo a presentar una denuncia, la aplicación del decreto de la exclusión sanitaria o la falta de apoyo institucional son algunos obstáculos a los que deben hacer frente después de haber sufrido un episodio de abuso sexual.

Para la elaboración del informe la Fundación se ha enfrentado a la falta de datos que hay sobre las víctimas de violencia sexual en situación irregular, ¿cómo se ha abordado esta investigación?

En el informe hemos abordado una realidad doblemente invisible: por un lado la violencia sexual como una de las violencias machistas más desatendidas por parte de las instituciones, y en segundo lugar la situación de un sector como es el de las mujeres migrantes en situación irregular, que también es invisible pero que está marcado porque es un sector ante el cual la respuesta ha venido por el lado más sancionador. El lado sancionador de la persecución por la situación irregular o de la apertura de expedientes de expulsión. Entonces, a la vez que sufren esa situación de inseguridad por la situación de control migratorio, se enfrentan a esa invisibilización por las violencias que sufren. Además no hay datos, hay escasos datos de violencia sexual, en muchos casos desactualizados, pero menos aun cuando los cruzas por nacionalidad y menos digamos si intentas ver el perfil relacionado con la irregularidad administrativa. Esta investigación es eminentemente cualitativa. Hemos recibido los testimonios de en torno a 20 mujeres y a raíz de esos testimonios, hemos ido encontrando esos obstáculos. Y por otro lado también hemos hecho entrevistas con profesionales dentro de la administración que se dedican específicamente a la atención, protección y justicia de las víctimas.

Uno de los epígrafes se refiere a las trabajadoras del servicio doméstico, ¿son estas mujeres las más vulnerables?

Efectivamente la normalización de la violencias sexuales es una cuestión muy importante a tener en cuenta, y nos hemos querido fijar en el servicio doméstico como un lugar donde los derechos laborales y sexuales, en general los derecho de las mujeres quedan muy desprotegidos. Muchas veces se encuentran inmersas en relaciones de trabajos informales y relaciones muy opacas. En estos entornos, lo que pase allí entre la mujer y su agresor, no trasciende, y además esa mujer sabe que en esa situación estructural en la que se encuentra, de falta de poder, hace que ella relegue los abusos o la violencia sufrida a una segunda o tercera prioridad. Como diciendo “yo aquí tengo cosas más urgentes a las que enfrentarme, un trabajo, tengo que alimentar a mi familia…” Toda una serie de prioridades y de urgencias que se hacen muy difíciles de gestionar en esa situación de falta de poder.

¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentran esta mujeres?

Hay dos normas directamente discriminatorias por el factor de irregularidad que son el decreto ley de exclusión sanitaria, que coloca a estas víctimas en una posición muy difícil para ejercer su derecho como víctimas de violencia sexual a la atención sanitaria, y no solo a la de urgencia, sino también en el medio y largo plazo que es lo que las guía de la OMS aconseja. Y por otro lado, el derecho a la justicia y a la protección se ve obstaculizado también por la falta de protección en la propia Ley de Extranjería para las mujeres víctimas de violencia sexual, que si bien se avanzó un poco en términos de protección de violencia de pareja, expareja, o en víctimas de trata, en el caso de la violencia sexual se produce un miedo fundado a que la denuncia se cruce con la expulsión, porque la Ley de Extranjería en absoluto protege a estas víctimas. Esoso nos parece una discriminación de primerísima magnitud, y evidentemente esto atraviesa la impunidad de la que se valen los agresores, que saben que a estas mujeres les va a costar mucho más ir a denunciar que a cualquier otra mujer. También es paradigmático que sobre las que acaban denunciando pesa la creencia de que pueden llegar a denunciar para obtener los papeles, lo cual es un poco kafkiano, porque no hay protección legal, pero lo que existe es el prejuicio de que se aprovechan de la denuncia para conseguir los papeles.

¿Qué deficiencias hay entonces en materia normativa?

Lo que existe es un vació en términos de diagnóstico de las desventajas añadidas que estas mujeres tienen, es necesario realizar una detección y una prevención. Los centros sanitarios, por ejemplo, antes del decreto ley de expulsión sanitaria eran un punto muy importante al que acudían casi el 100% de las mujeres que podían estar sufriendo violencia de género o sexual. Y hoy ese escenario tan importante de detección de casos ha mermado. Incluso en la Comunidades Autónomas donde han flexibilizado el decreto, o directamente no lo aplican, las inmigrantes muchas veces tienen miedo por esa creencia de que no tienen los mismos derechos.

En este sentido ¿qué cambios plantea el informe?

En el ámbito estatal, las diferentes comunidades, e incluso algunos municipios, tienen diferentes protocolos. Por ejemplo en el caso de la ciudad de Madrid, detectamos que se prioriza que haya una única puerta de entrada de las víctimas sexual, que es la denuncia, y después ya interviene los sanitario. Sin embargo por ejemplo en el País Vasco existe otro protocolo que incluye una triple entrada: centro de salud, hospital y policía. Nos parece fundamental plantear esa triple entrada, porque hemos detectado algún caso donde las mujeres no quieren ir a denunciar. No solo para la prueba médico forense sobre la agresión sexual, sino también para el ejercicio del derecho a la salud. Porque este derecho no es solo para la prueba, tiene también que ver con los reconocimientos médicos que tienen que garantizar el derecho a la salud de las mujeres. Esa triple entrada es clave, porque estas mujeres con el obstáculo que encuentran en la denuncia pueden ser totalmente perjudicadas con esa práctica.