Un juzgado respalda a Zalla en su litigio sobre el vertedero de una constructora
Un juzgado de Bilbao ha respaldado al Ayuntamiento de Zalla en su litigio con la constructora que ha creado un vertedero, calificado por ilegal por un informe técnico pero que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco ha rehusado recuperar. Un auto judicial rechaza suspender la ejecución de aval de casi 200.000 euros acordado por el consistorio vizcaíno por no haber depositado los residuos en un vertedero oficial y las deficiencias en las obras que ocasionaron los desechos, el nuevo frontón municipal.
Como ha adelantado El Diario Norte, el Departamento de Medio Ambiente rechaza recuperar un vertedero creado en Zalla por Construcciones Olabarri, empresa cuyos dueños están vinculados al PNV, pese a que un informe técnico concluye que la zona “afectada debe ser recuperada” y que los residuos contravinieron la ley. “Constituye un vertedero a los efectos legales, técnicos y administrativos”, señala el informe de la empresa de geología Terranova encargado por el Ayuntamiento de Zalla. En cambio, Medio Ambiente dice, basándose en el mismo informe, que “no cabe considerar como un vertedero ilegal la actuación realizada”.
Técnicos de la Dirección de Calidad Ambiental del Gobierno vasco comunicaron al consistorio “oralmente”, según consta en un informe de abril pasado del arquitecto de Zalla, que había un basurero y que había que sellarlo para la recuperación de la zona. Pero, en un escrito fechado el 30 de mayo, la directora de Administración Ambiental del Gobierno vasco, Alejandra Iturrioz, afirma, basándose en el informe de la empresa Terranova, que la afección es mínima y que “no cabe considerar como un vertedero ilegal la actuación realizada, aun cuando sí puede tipificarse como la utilización de un producto granular inadecuado”.
107.000 euros para tratar los residuos
Estas irregularidades llevaron al Ayuntamiento a acordar por unanimidad en julio (incluidos los concejales del PNV) la ejecución del aval de casi 200.000 euros por no realizar los vertidos de las obras en un basurero oficial y las deficiencias en el proyecto del frontón. “No ha quedado acreditado su destino a reutilización, no existe Plan de Gestión de Residuos y por tanto no consta se haya realizado caracterización en origen de los residuos ni su depósito en vertedero”, señala el acuerdo municipal. En la adjudicación de las obras, se incluía el coste del tratamiento de los residuos, valorado en 107.000 euros. Medio Ambiente si reconoce que “no consta dato alguno” sobre los residuos “y su vía de gestión”. La ejecución del aval llevó a Construcciones Olabarri a presentar una denuncia en los juzgados para recuperar dicha fianza.
Pero, en un auto fechado el pasado 2 de agosto, el juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Bilbao rechaza la suspensión de la ejecución del aval. “Puede considerarse la existencia de una, nada despreciable, afección al interés público”. Agrega que la no ejecución del aval de 200.000 euros “supondría la imposibilidad de corregir las deficiencias observadas en la obra”. El auto es firme y no admite recurso. Además impone las costas a la constructora.
El Departamento de Medio Ambiente respondió ayer, al tercer día de ser requerido por este diario, sobre este asunto. Tras mantener que no es un vertedero, dice que espera las explicaciones de Construcciones Olabarri sobre cómo gestionó los vertidos. Un portavoz oficial aseguró textualmente: “El Gobierno vasco, a través de su departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, está a la espera de una respuesta por parte de la constructora que depositó los materiales –cuya afección es ”mínima o inexistente“ según el informe de la empresa encargada por el ayuntamiento, aunque visualmente sí pudiera interferir en el aspecto de la zona- ya que se indicó la intención o posibilidad de que con esos acopios pudiera asentarse la base de una pista lúdica y deportiva destinada a motos off road, por lo que no se trataría de un vertedero”.
Las constructoras están obligadas a la gestión de los residuos de sus obras, tanto por la Ley General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco de 1998 como por la estatal de residuos del mismo año vigente cuando ocurrieron los hechos. Su incumplimiento se sanciona con multas y, si el vertido afecta gravemente a los recursos naturales, se comete un delito contra el medio ambiente contemplado con el código penal que lleva aparejado penas de cárcel.
