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El juez del caso Teatro centra la investigación en el empresario acusado de amañar contratos

Vuelve a citar a declarar a Felipe González Gervaso después de que otro empresario le acusase de manipular su oferta a un concurso público en Getafe

La Policía cree que González colaboraba con el Ayuntamiento de Juan Soler (PP) para amañar las licitaciones

El empresario de la construcción cuenta entre sus negocios con el alquiler de un edificio como sede judicial a la Comunidad de Madrid

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Juan Soler, a la derecha, junto a Cristina Cifuentes y su número dos en la gestora del PP de Madrid, Juan Carlos Vera

Juan Soler, a la derecha, junto a Cristina Cifuentes y su número dos en la gestora del PP de Madrid, Juan Carlos Vera.

La figura del empresario Felipe González Gervaso va ganando peso en la instrucción del caso Teatro. El juez que investiga las irregularidades en Getafe durante la alcaldía de Juan Soler le ha vuelto a llamar a declarar. El motivo es que otro empresario le ha acusado de manipular su oferta a un concurso público de la localidad: subió su importe, falsificó su firma y se aseguró así de que no iba a ganar la adjudicación.

El juez Javier Achaerandio, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe, ha tomado esta decisión después de escuchar a otro empresario imputado. Según fuentes judiciales, José Carlos Jiménez Fernández, al frente de la empresa GEAR Obras y Construcciones, contó en su declaración que había delegado la presentación física de la oferta a otro empresario que también optaba a hacerse con el contrato para el derribo del antiguo teatro. Ese empresario era Felipe González.

Según el testimonio del dueño de GEAR, le entregó un sobre cerrado con su oferta, en la que se comprometía a derribar el edificio con un coste de 120.000 euros. Cuando el juez le preguntó por qué había dejado que otro empresario, con el que competía, presentase su documentación, contestó que era un favor al tratarse de una empresa amiga.

Esa oferta llegó al Ayuntamiento, pero con un precio muy superior al de licitación: 194.000 euros. Por el camino, según este empresario, González cambió los datos de su oferta falsificando su firma. Puso un presupuesto 70.000 euros mayor y se aseguró así que no resultaría adjudicataria. Ante el juez, el dueño de GEAR aseguró que el papel de la oferta no llevaba su membrete y que faltaban datos.

El juez da credibilidad a esta versión. El 17 de febrero tomó declaración a uno de los trabajadores de González, Francisco Mendiola, que habría participado en el amaño comunicándose con los cargos públicos del Ayuntamiento. Salió del Juzgado con una acusación por falsedad documental. que amenaza también a su jefe.

Al final el concurso para el derribo se lo llevó Dragados porque el resto de empresas se presentó fuera de plazo. La Policía cree que la labor de Felipe González era aportar empresas pantalla a este tipo de concursos para darles apariencia de legalidad, cuando en realidad estaban amañados. Los agentes basan sus acusaciones en que un trabajador del empresario envió a un asesor de Urbanismo del Ayuntamiento las empresas a las que debía invitar al concurso.

El Ayuntamiento que dirigía Juan Soler, ahora senador y diputado autonómico del PP, habría agradecido después las gestiones del empresario. Según un informe policial incorporado a la causa, un asesor del alcalde preguntó a la concejal de Urbanismo en un email si tenía algún compromiso con González, porque podía enchufar a alguien en una empresa pública de la localidad.

Ese asesor era Miguel Garzón Andrés, hasta hace unas semanas asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Le fichó a principios de enero y tuvo que cesarle poco después, cuando el juez le imputó por su implicación en los amaños.

Durante su primera declaración, González admitió que en ocasiones había pedido favores al Ayuntamiento, pero los desligó de los amaños. Aseguró que era una práctica común: los políticos le pedían favores, y él pedía favores a los políticos. Ahora el juez le interrogará sobre estas nuevas revelaciones el 16 de marzo, cuando está citado a declarar de nuevo.

González es un empresario de la construcción con numerosos negocios en Getafe. Entre sus fuentes de ingresos se encuentra el alquiler de uno de sus edificios a la Comunidad de Madrid. Sirve como sede a los juzgados de lo penal número 4 y 5 de Getafe por 117.711 euros al año desde 2011, cuando se firmó el contrato con Francisco Granado al frente de la Consejería de Justicia.

Según el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, González y Granados mantenían una relación fluida. Unos meses antes de la detención de Granados en este caso, en octubre de 2014, Velasco argumentó la necesidad de pinchar sus teléfonos por la intensa actividad del exsenador y sus constantes reuniones con empresarios de todo tipo. En concreto, con González, de quien el juez alerta de que se trata de un empresario “vinculado a la promoción inmobiliaria”.

El caso Teatro nació tras la denuncia del activista Roberto Benítez. Ya están imputados varios concejales de la etapa de Soler, alguno actualmente en el cargo, además de asesores y empresarios. Todos están implicados, según la investigación, en el amaño de contratos para la construcción de un teatro municipal y para la remodelación del mercado de la localidad, entre otras obras.

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