Un informe censura una actuación de la Policía de Barakaldo contra personas “vulnerables” que dejó dos heridos de bala

La comisión de control de la Policía vasca, un órgano que analiza operativos con heridos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales, ha censurado una actuación de la Policía de Barakaldo en marzo de 2024 en la que un agente empleó un arma de fuego reglamentaria en un túnel estrecho y sin apenas iluminación. Los tres disparos que efectuó causaron “lesiones graves” a dos personas que pernoctaban en el lugar. O.G. recibió una bala en el cuello y otra en el pecho y I.R. tuvo el impacto en el hombro derecho, según el informe de septiembre al que ha tenido acceso este periódico.

Es el primer caso de empleo de armas de fuego resuelto por esta comisión presidida por el exmagistrado Juan Luis Ibarra. Hasta ahora había revisado operativos con detenidos -algunos incluso fallecidos- o con uso de proyectiles de 'foam', el material antidisturbios que ha sustituido a las pelotas de goma. Y, en sus conclusiones, se insiste en la necesidad del empleo “generalizado” de 'bodycam' o cámaras subjetivas pero también en que los funcionarios ejerzan una labor de “Policía comunitaria” y “de proximidad”, con una “gestión activa” del “respeto” a la “diversidad”. Los heridos eran personas extranjeras sin hogar.

Se da la circunstancia de que esta comisión acaba de elaborar también su memoria de actividades de los años 2023 y 2024 en la que constata falta de colaboración de variados organismos a la hora de esclarecer esos operativos. Se cita a Asuntos Internos de la Ertzaintza, al poder judicial y también al Ayuntamiento de Barakaldo y es precisamente en lo tocante a este caso. La resolución ha llegado muchos meses después por retrasos en la entrega de la documentación requerida.

Los hechos se remontan al 21 de marzo de 2024. Ese día Barakaldo recibía con honores al grupo Depeche Mode en el BEC pero, unas horas antes, a primera hora de la mañana, el Ayuntamiento quiso tapiar un agujero por el que se accedía a una especie de estancia bajo la autopista. Era un espacio ya cerrado en 2013 pero, aparentemente, en los dos meses anteriores se había tenido constancia de que varias personas habían logrado acceder a él y lo usaban para pernoctar. La obra menor se programó para esa jornada y los servicios municipales encargados pidieron apoyo a la Policía local. Se enviaron dos patrullas, una de dos y otra de tres agentes.

Los cinco policías llegaron al lugar sin “ninguna instrucción o protocolo” y fueron presa de la “improvisación”. No hubo un plan para garantizar un modo “coordinado, eficiente y seguro” la “eventualidad” de la “identificación” y el “desalojo” de los ocupantes de ese espacio. Al llegar, se limitaron a “dar gritos” y a “usar el silbato”. Como no hubo respuesta, y de nuevo “desde la más estricta improvisación”, accedieron al interior. El boquete era de como mucho 65 centímetros de altura y de 55 de alto. Por ello, tuvieron que quitarse otros elementos del uniforme diferentes a la pistola para poder pasar, incluido el chaleco antibalas. Y eso que el personal municipal tenía una maza para ampliar el agujero y facilitar la maniobra.

Una vez dentro, en un lugar de menos de tres metros de ancho y 21 de largo, ni tenían iluminación más allá de unas linternas de mano y la poca luz que entraba de la calle ni había elementos de grabación. Vieron basura y “residuos domésticos y confirmaron que el lugar estaba habitado, aunque se hallaba en ”completa oscuridad“. Había tres varones, O.G., A.K. e I.R. Todos ellos eran africanos. Nada les impidió a los agentes pedir una salida ”voluntaria“ o, por ejemplo, identificarles y dar parte a los servicios sociales. Tampoco se les facilitó información ”suficiente“ y ”comprensible“, dado que no dominaban el idioma. Es una obligación fijada por la ley.

En estas circunstancias, el agente con código progesional 327 alertó “de viva voz” que uno de los identificados “exhibió de forma amenazante” un cuchillo “de filo dentado”. Este policía le conminó “repetidamente” a que lo apartara. No tuvo éxito. Entonces empezó a pedir el desalojo del lugar con gritos de “¡Hay que salir! ¡Hay que salir!”. Tres de los cinco ya estaban fuera cuando se escucharon los tres disparos. Una segunda persona con otro cuchillo cayó herido en el acto y dejó un rastro de sangre, por ejemplo. Y otro de los presentes también resultó herido.

Para la comisión, las circunstancias descritas son claramente “obrar improvisado” y de resultados indeseados. “Contravino inequívocamente los principios deontológicos de congruencia y oportunidad”, estiman, entre otras consideraciones. El lugar era “angosto”, se produjo “tensión emocional” y “estrés” y, además, la huida de los policías taponó la poca luz existente, la de la entrada, incrementando el riesgo de los disparos a ciegas.

En su misión de emitir recomendaciones, la comisión plantea “reforzar la formación policial” sobre deontología y “relaciones con la ciudadanía”, porque el operativo “desatendió los principios básicos” de la praxis policial óptima. Y también toca “reforzar” el cometido “fundamental” de “protección de los colectivos especialmente vulnerables”. Eran personas “en situación de exclusión residencial grave” y se debió reaccionar con “recursos comunicativos” que garantizasen una información “suficiente y comprensible” de lo que allí estaba pasando. La Policía de Barakaldo tendrá que buscar “herramientas informáticas” de “interpretación y traducción” para dirigirse a personas que no conozcan alguna de las lenguas oficiales si esto no fuera posible por otras vías. La Policía, además, tiene que saber manejar “situaciones críticas en condiciones de seguridad, tanto para las personas implicadas como para los propios agentes”.

En cuanto a grabar los operativos, la Ertzaintza, por ejemplo, ya emplea cámaras subjetivas en diferentes actuaciones por recomendación de este organismo. En su primer, dictamen, en 2022, cuestionó una detención abusiva en Bilbao y planteó como elemento de prevención de excesos este tipo de grabaciones. Su implantación ha sido lenta, pero ya se han adquiridos esas denominadas 'bodycam'. Ahora, a la luz de este caso, se pide generarlizarlas a los cuerpos locales. Sobre todo en actuaciones en las que “resulte previsible o sobrevenida la necessidad en el uso de la fuerza”.