El SAF denuncia la contratación “ilícita” por parte de la Faffe de un centenar de personas vinculadas al PSOE

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción por la contratación “ilícita” de casi 100 personas vinculadas al PSOE efectuadas por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) desde su creación en el año 2003 hasta su disolución, por integración en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el año 2011.

Según ha indicado el SAF en una nota, en concreto, ha denunciado casi un centenar de casos de los que “existen indicios más que suficientes para suponer que tales contrataciones han sido realizadas al margen de la Ley, sin perjuicio de que, en el transcurso de las diligencias de investigación, ésta se extienda a otros casos no incluidos originariamente en la denuncia”.

El SAF considera que las contrataciones de estas personas se han realizado “sin procedimiento alguno y sin que mediara convocatoria previa publicada” y ha explicado que en tales contrataciones “se obviaron los principios constitucionales de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad”.

El sindicato ha afirmado que “todas ellas se llevaron a efecto por nepotismo o por clientelismo político, esto es, se han efectuado con desprecio absoluto del ordenamiento jurídico y, consecuentemente son presuntamente constitutivas de infracción penal”. Por ello, consideran que estos hechos deben ser objeto de una detallada investigación.

El SAF considera que los directivos de la Faffe responsables de tales contrataciones, “incurrieron presuntamente en un delito continuado deprevaricación”, previsto en el Código Penal, toda vez que consideran que “no se cumplen los requisitos exigidos en la legislación para el acceso al empleo público; esto es, publicidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad”.

En su denuncia, aluden a la doctrina del Tribunal Supremo sobre casos similares, señalando como precedentes “los casos de los alcaldes deAtarfe, de Jerez, de La Línea de la Concepción, de O Porriño, de Meco, de Xinzo, de la alcaldesa de Betanzos y de la de Marbella, así como del propio presidente de la Diputación de Ourense”.

“En todos estos casos, muy similares a los denunciados, incluso menos graves, considerando la intensidad, naturaleza, número y continuidad a lo largo de la existencia de la Faffe, la Justicia ha actuado con rigor, investigando y, posteriormente, condenando”, ha añadido la central sindical.

El SAF considera que “se resentiría la confianza que el ciudadano tiene en las instituciones y en la Justicia, si ésta no actúa ante casos tan graves y escandalosos como el denunciado”.

En su denuncia, adelantada por 'El Mundo', el SAF cita los nombres y apellidos de exalcaldes, familiares de cargos públicos del PSOE y considera que “esto hace que en algunos casos, tantos contratantes como contratado sean presuntamente responsables de sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental, o en otros casos, se les denuncia por un presunto delito de tráfico de influencias”.

Han añadido que “para que ello se llevase a cabo debió ser preciso necesariamente que los responsables de contratación de la Faffe dieran su conformidad y se aviniesen a ello”.

EJEMPLOS CONCRETOS

El SAF ha citado en su comunicado casos como el del exalcalde de Lebrija Antonio Torres García, que, según el sindicato, “fue contratado por el mero hecho de haber dejado la alcaldía y no disponer de otro medio de subsistencia, para garantizarle una fuente de ingresos sin necesidad siquiera de que a cambio hubiese de prestar servicio alguno en la institución contratante”.

También cita el caso de las contrataciones de familiares del ex director general de la Faffe Fernando Villén, de amigas del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, de familiares del ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, de algún familiar de la entonces secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina, o de algún familiar del entonces viceconsejero de la Consejería de Empleo Agustín Barberá, entre otros.

El sindicato ha lamentado que “en todos estos casos, los citados funcionarios, valiéndose de su posición de prevalencia en la Consejería de Empleo, en la que ocupaban altos cargos, influyeron o presionaron hasta imponer a las autoridades contratantes su deseo de contratar a sus familiares en la citada Fundación”.

A juicio de la central sindical, “la condición de altos cargos de la Consejería de Empleo de éstos, de la cual dependía económica y funcionalmente esta fundación pública, unida al hecho de que los familiares de estas autoridades fuesen contratados en dicha entidad sin procedimiento previo alguno, ni convocatoria pública ni posibilidad de concurrencia con otros aspirantes ni criterios objetivos de selección basados en el mérito y la capacidad, sino la directa decisión de su contratación, son indicios suficientemente sólidos para suponer la existencia de ilícita influencia sobre las autoridades contratantes”.

Por ello, el sindicato considera que “nos hallaríamos, presuntamente, ante un delito continuado de tráfico de influencias tipificado en el Código Penal”.

El SAF ha indicado que “no existe en la actualidad procedimiento judicial alguno en el que se estén investigando los hechos denunciados, esto es, la contratación presuntamente ilícita de personas”, por lo que esta denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios “es la única que hasta la fecha se ha formulado en relación a tales contrataciones de personal”.