Un laboratorio de la UCO estudia la constitucionalidad de la Ley Andaluza Antidesahucios

Foto: EFE

Los alumnos

En busca de 11 medidas de oro que solucionen el drama de los desahucios

En busca de 11 medidas de oro que solucionen el drama de los desahucios

del Laboratorio Jurídico sobre Desahucios creado el pasado curso en la Facultad

de Derecho de Córdoba se ponen de nuevo manos a la obra para trasladar su

formación teórica a la puesta en práctica de soluciones contra el drama de los

desahucios. Si el año pasado esta pionera apuesta educativa tuvo su

reconocimiento y consiguió llevar hasta el Congreso de los Diputados once

medidas legislativas contra los desahucios, en este curso, el reto del

Laboratorio Jurídico sobre Desahucios da un paso más y trabajará sobre las

últimas novedades al respecto.

Su próximo

objetivo será redactar un informe sobre la constitucionalidad de la Ley 4/2013, de

1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de medidas para asegurar

el cumplimiento de la función social de la vivienda, más conocida como Ley Antidesahucios,

que el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente en enero tras

admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central contra la

norma del ejecutivo andaluz.

Ante ello, los estudiantes de 3º

Grado de Derecho de la Universidad de Córdoba se pondrán manos a la obra

en este segundo cuatrimestre del curso para redactar un informe sobre la

constitucionalidad de la Ley Andaluza Antidesahucios, informe que a tu término harán

llegar al Tribunal Constitucional.

Así, f

uturos jueces, fiscales y abogados que apenas rozan la veintena de años

ahora trabajarán en el Laboratorio Jurídico sobre Desahucios, impulsado por su

profesor Antonio Manuel Rodríguez, mediante una dinámica basada en el

estudio teórico legislativo de normas existentes que luego plasmarán de forma

práctica en la elaboración de este nuevo informe.

Rodríguez explica a eldiario.es/andalucia cómo tras un primer estudio de

los conceptos legales de propiedad, posesión, función social de la propiedad y

derecho hipotecario, los alumnos del Laboratorio Jurídico se servirán de un

rastreo sobre la legislación vigente y jurisprudencia anterior para llevar a

cabo su trabajo.

Y, específicamente, estudiarán un ejemplo precedente que les ayudará en

su tarea: la Ley andaluza de Reforma Agraria de 1984 ante la que el PP

interpuso un recurso en el Tribunal Constitucional, reforma sobre la que éste

dictaminó finalmente su constitucionalidad en marzo de 1987.

A juicio del profesor Antonio Manuel

Rodríguez, “existen paralelismos” entre el caso de la Reforma Agraria y la Ley

Andaluza Antidesahucios que se podrán aplicar en la elaboración del informe de

constitucionalidad de la segunda.

Proposiciones no de ley

Proposiciones no de ley

En este trabajo donde “los investigadores son los propios alumnos, ellos

se ven parte de la solución y se consigue una mayor implicación en clase“, los

jóvenes también van a desarrollar varias propuestas legislativas y proposiciones

no de ley que harán llegar al Congreso de los Diputados.

Una de ellas se centrará en “reconfigurar jurídicamente el concepto de

vivienda“ para que ésta pase de ser meramente un bien a ser un derecho humano. ”Es

necesario romper esa dialéctica perversa entre la vivienda como derecho de propiedad

pero no como un derecho humano“, explica Rodríguez.

Junto a esto, los alumnos trabajarán en una proposición relativa a la

suspensión humanitaria de los desahucios, de manera que se incorpore a la

legislación española que los jueces tengan la posibilidad de suspender

lanzamientos de personas de sus casas por causas humanitarias, algo que, hasta

ahora “se hace en casos excepcionales, al arbitrio de cada juez y siempre

acudiendo al derecho internacional“.

Y finalmente, el Laboratorio Jurídico contra los Desahucios alumbrará

una tercera propuesta para proteger a los avalistas -en especial a las personas

de edad avanzada- sobre las que llega a recaer el peso de las deudas

hipotecarias e incluso desahucios de sus casas ya pagadas. “Se trata de buscar una fórmula mediante la hipoteca inversa” que

ya existe y que posibilita que se pierda la propiedad del inmueble a cambio de

la percepción de una renta vitalicia. La solución pasa por aplicar esa fórmula

sólo a la primera vivienda de la que son avalistas y no sobre su propia casa.

Así, se conseguiría que los avalistas no pierdan su vivienda sino que se actúe

sólo sobre la casa hipotecada.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats