La Junta suspende por acoso al funcionario que denunció la trama andaluza del cártel del fuego
Acoso laboral y acoso moral, sexual y por razón de sexo contra una compañera. Una “agresión física y verbal”. Es lo que alega la Consejería de Medio Ambiente para suspender de empleo al funcionario J.G., responsable de destapar la trama andaluza del cártel del fuego, un caso de corrupción en el que hay imputados un alto cargo y cinco funcionario de dicha consejería, así como dos directivos de la aeronáutica cordobesa Faasa.
Investigaciones judiciales, imputaciones y expedientes disciplinarios. Desde hace más de dos años, ese es el clima que se respira en el servicio de contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El funcionario expulsado esta semana denunció, durante una mesa de contratación en 2015, que existían indicios de colusión, es decir, de pacto entre varias empresas para manipular aquel concurso público. Estaban en juego 70 millones de euros para la lucha aérea contra el fuego. Ante la inacción de sus superiores, se dirigió a los juzgados y puso una denuncia que ha terminado destapando la trama andaluza del cártel del fuego nacional.
La primera imputación fue la de su jefe, Antonio Martínez López, cuyo despacho se encuentra contiguo al suyo. La jueza que lleva el caso del cártel del fuego ha admitido a trámite la denuncia de J.G. por acoso laboral por parte de su jefe. Según este trabajador, ese acoso es fruto de las denuncias que han llevado a su imputación.
La versión del funcionario: ella buscaba “follón”
Estos eran los precedentes con los que el pasado 3 de octubre, J.G. presentó un nuevo escrito en el registro de la consejería, en el que “daba parte de las actuaciones denigrantes del señor Martínez López”, así como de otros altos cargos. El funcionario de contratación acusa a su jefe de intentar que pierda sus días de vacaciones, no darle trabajo y tenerlo sin funciones “para que me entere de lo mínimo posible”.
La segunda parte de la denuncia se dirige contra la jefa del departamento de contratación, O.G., a la que define como “la más fiel colaboradora del señor Martínez López en todos los aspectos, tanto del acoso al que me someten, como en el tema de hacer sus cositas en la contratación”. El trabajador suspendido denuncia que “esta señora no me puede ni ver” y acusa a los responsables de la Consejería de haberla “trasladado al despacho contiguo al suyo y al del sr. Martínez López como si de un sandwich se tratase”. Meses después de la denuncia que supuso la imputación de su jefe, a J.G. le abrieron su primer expediente disciplinario y la funcionaria O.G. testificó contra él. Los tres comparten un reducido espacio de trabajo.
En su escrito, J.G. acusa a esta funcionaria de injuriarle, mirarle de manera “muy agresiva” o de andar “muy calentita y buscando follón”. J.G. describe un encontronazo físico con O.G. al intentar entrar en su despacho, mientras ella se encontraba en la puerta. Según él, intentó pasar por el hueco que quedaba libre y ella se le echó encima buscando el golpe. Acto seguido, él le dijo que se quitara y ella lo llamó maleducado. Según la Consejería, este choque supondría “una agresión física”.
“Doy traslado de los sucesos que ahora describo porque sé de lo que es capaz la sra. (...) y no quiero que con el tiempo se invente que yo le hecho nada, porque encima ella por ser mujer tiene como una presunción de veracidad que yo no tengo encima”, señala J.G.. El funcionario alega que él trata de evitarla, por ser una “persona tóxica”, pero que teme que la acuse de intentarla “violar”, como ya hizo la anterior jefa de departamento, “a sus 59 años y sin ningún pudor (hombre, si me dan 20.000 euros, ahí sí que la violo, pero una vez y con sufrimiento)”.
La versión de la funcionaria: “me embistió de lleno”
Un día antes, la funcionaria O.G. había presentado un escrito en el que, como se detalla en el expediente de expulsión de J.G., alegaba que su compañero “me embistió de lleno por el lado derecho. Debía venir muy rápido y se le veía agitado”. O.G. lo acusa de no “tenerle demasiada estima al haber declarado contra él en el juicio ante lo contencioso-administrativo cuando recurrió la Resolución de fecha 15 de octubre de 2015” en el que lo suspendieron de empleo por primera vez.
O.G. alega que J.G. hace fotos de los despachos de los compañeros ausentes y que le preocupa encontrárselo a solas por las tardes y que, por ello, “solicita la modificación de su tarde de servicio”.
La decisión de la Consejería: hay una “actitud violenta”
El viceconsejero de Medio Ambiente, José Luis Hernández, alega que el comportamiento del funcionario expulsado temporalmente ha originado “gran perturbación en el servicio” y cree que el escrito contiene “frases y palabras que revisten notoria gravedad”, como la que hace referencia a la violación. El alto cargo ve necesaria la expulsión del funcionario para “resguardar la integridad de las personas, garantizar la seguridad de los funcionarios y asegurar el mantenimiento del orden que estaría en peligro si el expedientado continuara desempeñando sus funciones”. Hernández considera que el choque entre los funcionarios reviste una “actitud violenta” por parte de J.G. y que su presencia afecta “al normal desarrollo del servicio público”.
Su expulsión provisional supone una suspensión de empleo, pero tiene derecho a recibir parte de su sueldo, es decir, “las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo”.
