Regar la democracia con ácido sulfúrico

El despropósito político en Reino Unido e Italia es tal que en España cualquiera siente alivio y hasta en medios se saca pecho. Yo misma, en mi última columna, Frankenstein hace los deberes, celebré los terceros presupuestos del gobierno PSOE y Unidas Podemos donde 6 de cada 10 euros van a derechos sociales y aplaudí los impuestos a las energéticas, bancos y grandes fortunas. Pero eso no quita que, también aquí, de forma larvada, se estén horadando los cimientos de la democracia. Cuando los neofascistas de Meloni, Salvini y el pro Putin Berlusconi ganan en Italia y su equivalente sueco es clave para gobernar nos echamos las manos a la cabeza. Nada pasa de pronto, ni por casualidad.

Vox anda a la gresca ahora. Pero su venenoso discurso anti-inmigrantes, versión siglo XXI del antisemitismo que en los 40 llevó al genocidio y la segunda Guerra Mundial, cala gracias a voceros como el cesado inspector jefe de la Comisaría centro de Valencia, Ricardo Ferris, que en actos públicos ha difundido mentiras, desmentidas por los datos, como que “la práctica totalidad de los detenidos por la Policía y la Guardia Civil son extranjeros”. Y, peor aún, que ha amenazado diciendo: “El pueblo español es pacífico, pero va a haber que dejar de serlo”.

El gravísimo problema que tenemos, como democracia, en España y Europa, es que el ex inspector Ferris no es un caso aislado. Y además del preocupante número de policías, guardia civiles, militares que compartan su racismo antidemocrático (con un arma como herramienta de trabajo), resulta que el sistema con el que nuestros países tratan a la población del sur global es racista, antidemocrático y criminal.

Si el demoledor informe del Defensor del Pueblo sobre la masacre de Melilla queda sin efectos y sigue el racismo institucional, el gobierno estará engordando la saca de votos de Vox

No lo digo yo, sino el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo que, en su informe sobre la masacre de Melilla ocurrida el 24 de junio, determina que el Ministerio del Interior incumplió la ley al devolver a 470 personas a Nador (Marruecos) sin respetar la legalidad. Todos vimos a muertos, vivos y agonizantes, unos sobre otros y apaleados por gendarmes marroquíes. El informe de Gabilondo es una condena rotunda al poli malo Grande-Marlaska y la poli buena Directora General de la Guardia Civil, María Gámez, quienes, él con su estilo agrio y, ella, como apiadada, no hacen más que proclamar que el evidente maltrato en Melilla que sería intolerable sobre blancos fue una “actuación adecuada y proporcional”.

¿Y ahora qué? ¿Dimitirán? ¿Se les va a cesar? ¿Cómo se va a resarcir a las víctimas supervivientes y a las familias de los, al menos, 23 muertos? ¿Qué medidas hay ya para que no se repita nada similar? ¿Ninguna? ¿El informe del Defensor quedará en pataleta, en lavado de cara? Si es así, ¿Gabilondo seguirá en el puesto o se decidirá a dejar el cargo como Carla Antonelli ha abandonado el PSOE por su compromiso vital con los derechos humanos, en su caso a cuenta de la ley trans?

El bumerán del maltrato a migrantes

Los derechos humanos son o no son. O nos compadecemos de los 92 chavales abandonados desnudos a las aguas del río Evros entre Turquía y Grecia, o nos asquea la violencia que los informes revelan sobre Frontex, la agencia europea con menos control y más presupuesto (754 millones de euros en 2022) o por más lágrimas de cocodrilo que echemos por los ucranianos estaremos consolidando el corrosivo mensaje del neofascismo y abonando su campo de votos.

La jungla, que es como llamó al mundo fuera de Europa Borrell, líder de la diplomacia de la UE, somos nosotros los europeos si aplicamos, aunque con el taimado disfraz del traje de chaqueta, la salvaje ley de la fuerza, militar y económica, para robar el gas, petróleo, uranio, coltán, oro, pescado y fuerza de trabajo a nuestros hermanos del sur mientras les condenamos a la miseria, la sed y calor, enfermedad y guerras.

Obsceno mangoneo institucional

Mientras los actos contradicen la retórica defensa de derechos humanos, tanto aquí, en la España de Gobierno progresista, como en la mayoritariamente conservadora Europa, PSOE y PP no cesan de dañar las instituciones que deberían merecer plena confianza ciudadana si queremos evitar que, ante el abismo económico, la gente se eche en brazos del fascismo mesiánico.

Es gravísima la podredumbre del Consejo General del Poder Judicial en rebeldía cuatro años y aún ahora con acusaciones internas de ilegalidad, mientras espera el pacto bipartidista para renovarlo. Pero también lamentable es que en el Consejo de Estado María Teresa Fernández de la Vega finja irse, dimitiendo de presidenta, para en verdad garantizarse ser consejera perpetua aunque el PSOE en las próximas elecciones perdiera.

La democracia solo se defiende de un modo: ejerciéndola con convicción. Y tanto la violación de derechos humanos, como el uso partidista de las instituciones minan sus cimientos poniéndola en peligro.

Resulta corrosivo que en autonomías como Andalucía el presidente Juanma Moreno use el dedazo, en pago por los servicios prestados al PP, para nombrar al ex líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, presidente del Consejo Económico y Social.

Es demoledor que PP, PSOE y Vox designen como consejeros para velar por la independencia y pluralidad de Canal Sur a gente tan ligada a esos partidos como: Álvaro Zancajo, jefe de campaña de Macarena Olona (Vox), Mariví Romero, ex concejala malagueña y ex diputada andaluza del PP y Andrés Muriel de la Oficina del portavoz (PP) así como a Miguel Ángel Vázquez ex portavoz de la Junta y ex consejero con Susana Díaz además de ex senador (PSOE) y Verónica Pérez, conocida a escala nacional por su: “La única autoridad del PSOE soy yo”.

La democracia solo se defiende de una manera: ejerciéndola con convicción. Lo contrario es asombrarse de que a la más frondosa planta se le mustien y caigan las hojas, se le queden las ramas peladas, de que enferme y muera cuando nosotros hacemos a diario el gesto de regarla… solo que con ácido sulfúrico en vez de con agua.