Un año y diez días después, la juez Alaya vuelve a envíar a Guerrero a prisión
A las 20,35 horas del miércoles 20 de marzo, un año y diez días después, el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, volvia a salir por la puerta de los Juzgados de Sevilla camino de prisión.
Entonces lo hizo por los delitos de cohecho, malversación, prevaricación y falsedad documental. Esta vez, el auto de prisión sin fianza dictado por la juez Mercedes Alaya atiende la solicitud de la Fiscalía, que le pedía su ingreso en prisión, por considerar que exite “riesgo de fuga”, así como de que pueda “destruir o alterar pruebas” y de que pueda entrar en contacto con otros imputados.
Guerrero, que ha prestado declaración durante más de tres horas, hasta pasadas las 17.00 horas, ha esperado otras tres a la decisión definitiva de la Juez que investiga el Caso ERE. El exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía ya estuvo en prisión más de siete meses, entre el 10 de marzo y el 22 de octubre de 2012. Salió tras pagar una fianza de 50.000 euros.
A la salida de los juzgados, y tras conocer el auto de prisión, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha atendido a los periodistas y aunque no ha podido dar detalles sobre la declaración por encontrarse esta parte de la investigación bajo secreto sumarial, sí ha asegurado que los delitos que la juez le imputa ahora son “parecidos” a los que ya le imputó en marzo de 2012.
“No hay grandes diferencias entre lo que ya declaró y lo declarado hoy”, ha señalado también el letrado, asegurando que la decisión de la instructora le ha “sorprendido”, ya que “no se lo esperaba”, así como que su cliente se encuentra “jodido, lógicamente”.
“Jodido, lógicamente”
A última hora de la noche, aún quedaban en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla otros dos imputados, representantes de las aseguradoras que participaron en los expedientes de regulación de empleo investigados por la juez, y cuyas sedes han sido registradas hoy como parte de la Operación Heracles.
La operación desplegada este miércoles por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en diversas provincias de Andalucía y España a cuenta de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, constituye la “segunda fase” del conjunto de la investigación y se ha saldado, de momento, con 20 detenciones, 9 imputados llamados a declarar y 13 registros, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.
De las 20 detenciones, se han producido nueve en Barcelona, que serían cargos y directivos de la consultora Vitalia Vida y de Eurobank; cuatro en Sevilla, entre ellos Eduardo Leal del Real, uno de los presuntos testaferros de las “empresas pantalla” de la trama, y José Luis Leal, hermano del abogado de Estudios Jurídicos Villasís ya imputado en la causa; tres en la provincia de Cádiz; uno en la provincia de Granada, Ismael Sierra, cuñado del exsindicalista Juan Lanzas, imputado en la causa como 'conseguidor' de la trama; y uno en Las Palmas de Gran Canaria, según informaciones de Europa Press.
La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo, rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente cerca de 648 millones de euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis, con cargo a la partida 31L, fórmula ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.
Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas, además de ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.
Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las posibles comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros, gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo. Uno de los atestados policiales, por ejemplo, señalaba que las empresas de consultoría 'Hermes Consulting' y 'Maginae Solutions' habrían obtenido un beneficio de 186.800 euros por su papel de “intermediación” en el ERE promovido en 2007 por Mercasevilla.
Reacciones
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, ha expresado hoy en declaraciones a los periodistas su “total respeto y apoyo” a la actuación judicial por la causa abierta por los ERE y espera que contribuya a esclarecer “con prontitud y rigor” este caso.
Valderas, vicepresidente y líder de IU, ha indicado que el caso de los ERE está en manos de la Justicia, “que está obligada a llegar hasta el final, a investigar y esclarecer todo el marco de responsabilidades, especialmente desde el punto de vista penal”. Según ha indicado, el Parlamento ya hizo su trabajo con la comisión de investigación, y ahora le toca a la Justicia.
El portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, ha pedido la dimisión del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tras las nuevas detenciones practicadas y que, a juicio del PP-A, ponen nuevamente de manifiesto que “estamos ante un escándalo sin precedentes” que, además, “daña muchísimo la imagen de Andalucía”. Así lo ha reclamado en una rueda de prensa celebrada en el Parlamento de Andalucía, donde ha recordado que el PP-A ya pidió su dimisión y que, ante las nuevas detenciones --se prevén hasta 24--, su partido mantiene “firmemente” dicha petición, así como que Griñán asuma “responsabilidades políticas” dentro del seno de su Gobierno.“Que se sepa la verdad y que los defraudadores rindan cuenta a la justicia”, ha apostillado Rojas.
