Más sombras que luces en el anuncio del fin del veto a la construcción civil de Navantia
El fin del veto a la construcción civil de Navantia no es para tanto. A pesar de que desde diferentes frentes se ha aplaudido el anuncio realizado por el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, la sensación que queda entre los trabajadores es que se trata únicamente de una medida de distracción.
“El 1 de enero de 2015 expiran los compromisos de España, entre los que se cuenta la limitación de las ventas civiles de Navantia hasta un máximo del 20 % de las ventas totales como media móvil de tres años, durante un periodo de 10 años”, como fue establecido en una decisión sobre Izar, predecesor de Navantia, anunciaba Almunia la pasada semana.
El anuncio provocó que desde el comité de empresa de Navantia se ofreciera una primera reacción positiva. Pero existen muchos matices. La Confederación de Empresarios de Cádiz valoró “muy positivamente” el anuncio del final del veto y su presidente, Javier Sánchez Rojas, estimó que la noticia “abre grandes expectativas para los astilleros públicos de la Bahía de Cádiz”. “A corto plazo está el tema de los anunciados gaseros o las plataformas eólicas que podrían construirse aquí, pero a medio y largo plazo el anuncio de Bruselas significa que Navantia podrá acudir a cualquier mercado, nacional o internacional, a la búsqueda de pedidos de buques civiles, y no exclusivamente militares”, resalta Sánchez.
Esto sonaba a que los encargos pueden multiplicarse y que se termina un periodo en el que han podido pasar muchas opciones de carga de trabajo por las mismas narices de los trabajadores gaditanos, pero no es la impresión que hay entre los que llevan años padeciendo el mal de un sector muy castigado.
Desde el PP también se abraza el fin del veto al considerar que “se abren las puertas a la capacidad de competir de los astilleros españoles y gaditanos en el sector civil” y se manifiestan “seguros” de que la nueva dirección de Navantia “aprovechará esta oportunidad para contratar nuevos barcos y situar a la industria naval gaditana en el lugar que se merece, después de 10 años de sufrimiento provocado por un veto que los socialistas consintieron en 2004, limitando la capacidad de los astilleros españoles”.
Femca patronal de las empresas del sector, solicita que “la mayor parte de la futura y potencial carga de trabajo venga a la Bahía de Cádiz, donde se necesita para paliar las altas tasas de paro”. Buenos deseos que no se ajustan del todo a lo que ha acontecido desde hace una década.
Historia de un veto
El famoso veto se arrastra desde que en 2004 Bruselas decidiera castigar el tax lease, un incentivo fiscal para entidades financieras que permitía que las empresas de transporte marítimo adquirieran buques en España con un descuento de entre un 20% y un 30%. La Comisión Europea consideró que la normativa que regulaba el tax lease era contraria a la normativa de ayudas de Estado y, tras la refundación de Izar en Navantia, se decidió que durante una década, la compañía tendría que limitar a un 20% su facturación por negocios en el segmento civil.
Juan José Peralta, miembro del comité de empresa de Astilleros de Puerto Real (Cádiz), respeta todas las opiniones pero tiene muy claro de qué sirve el anuncio de Almunia. “A mi modo de ver, es una forma de rellenar prensa, ya que en el acuerdo de 2004 ya estaba previsto que este sistema de actividad militar de Navantia duraría 10 años. No hay bombo ni platillo porque el famoso veto no ha supuesto una cortapisa para que haya carga de trabajo, sino el mercado en sí. Nada ha obstaculizado la contratación. Ninguna de las ofertas de mercado se ha caído como consecuencia del veto. Lo malo ha sido la nula apuesta del Gobierno por nuestro sector, pero no el veto”.
“El señor Almunia y su equipo son los que han consentido que hayamos estado así estos años. Los armadores han contratado en toda Europa menos en España por la sanción que había. Los astilleros de otros países han estado a plena carga y de eso se han aprovechado empresas españolas de ingeniería, que han estado trabajando fuera por toda esta circunstancia”, explica Peralta.
A pesar de ello, las perspectivas son más optimistas en Navantia desde que hace unos meses se confirmara la construcción de dos Buques de Acción Marítima (BAM) para la Armada Española según el encargo realizado por el Ministerio de Defensa con un presupuesto inicial de 400 millones de euros, lo que supondrá en conjunto un total de 2,2 millones de horas de trabajo tanto propias como de la industria auxiliar.
Por otro lado, se debe firmar en breve el acuerdo anunciado hace meses por parte de Iberdrola, que ha adjudicado a los astilleros de Puerto Real un contrato de casi 70 millones de euros para fabricar y montar la subestación eléctrica de un parque eólico marino en Alemania, que supone 600.000 horas de trabajo y precisa de 250 empleados. “Podríamos estar mejor, pero es alentador ver que hay trabajo y que las cosas pueden mejorar”, explica Peralta.
Tiempos de esperanza para una empresa que ha visto cómo Defensa ha tomado el mando, en sustitución de Hacienda. El 25 de julio, el Consejo de Ministros cedía todo el control político de Navantia al Ministerio de Defensa, junto con el resto del sector público empresarial que se mueve en ese ámbito y los trabajadores desconocen qué consecuencias puede tener esta novedad: “Estamos a la espera de que nos expliquen cómo vamos a trabajar con Defensa. Suponemos que a mediados de septiembre saldremos de dudas”. Son las dudas de Peralta y del resto de los trabajadores de un sector que, con o sin veto, nunca ha dejado de pelear.
