Un juzgado echa de su casa a una familia de Granada que cumple los requisitos de la normativa antidesahucios

“La familia está bastante mal. Está en la calle”, explica Ana Guardia de Stop Desahucios Granada sobre el desahucio que acaba de sufrir Carlos -nombre ficticio- junto a su mujer y sus tres hijos. CaixaHolding, la propietaria del inmueble en el que vivían hasta hace unos días, ha llevado a cabo el lanzamiento y los ha dejado sin ningún techo como alternativa. Una situación dramática que lo es más si se tiene en cuenta que los inquilinos cumplían con los requisitos por los que pueden acogerse a la normativa antidesahucios vigente hasta el próximo 9 de agosto.

Carlos y su familia se han quedado sin hogar tras acumular varios impagos de su hipoteca y que CaixaHolding se hiciera con ella. Debido a ello, la entidad solicitó el lanzamiento el pasado 16 de julio y los intentos por evitar que se quedaran sin casa tuvieron lugar hasta minutos antes del desahucio llevado a cabo en Dílar (Granada) el pasado 21 de julio. Aquel día, agentes de la Guardia Civil siguiendo un auto del Juzgado de Primera Instancia 2 de la capital granadina, procedieron a echar de su vivienda a esta familia y a precintarla para que no pudieran regresar. Allí, estresados y sobrepasados por lo que estaba sucediendo, Carlos, su mujer y sus hijos, tuvieron el apoyo de Stop Desahucios.

La plataforma civil, a través de su gabinete jurídico, contactó con el juzgado para pedir que se aplicase el Real Decreto 11/2020 del 31 de marzo que establece que, por la pandemia de la Covid-19, quedan suspendidos los desahucios si los demandados cumplen alguna condición de especial vulnerabilidad. Según Ana Guardia, de Stop Desahucios Granada, “la familia cumplía los requisitos moratoria antidesahucios por covid, especialmente porque hay tres miembros que tienen discapacidad”.

Utilizando ese argumento y como recurso para frenar el lanzamiento, la plataforma redactó un escrito que se presentó en la misma mañana en la que se acabó produciendo el desahucio. “El procedimiento normal es que el juez responda a ese escrito y se suspenda cautelarmente el desahucio hasta que no haya respuesta del juzgado”, explica Guardia. Sin embargo, en este caso no ha ocurrido así. “No hubo respuesta ni por escrito sobre sí o no paralizar el lanzamiento, y como no hubo respuesta motivada para que ocurra el desahucio, no debía llevarse a cabo”.

Con el respaldo de Servicios Sociales

Ana Guardia relata que la actitud del juzgado fue hostil en todo momento. “Cuando fuimos a presentar el escrito nos dijeron que teníamos que haber ido antes, pero eso no aparece en ningún punto del decreto. El escrito se puede presentar hasta el último momento”. Por si fuera poco, fuentes de la plataforma antidesahucios explican que la familia de Carlos contaba con el respaldo de Servicios Sociales del Ayuntamiento que el día anterior a los hechos presentó “la documentación acreditativa de vulnerabilidad al juzgado, pero no se les hizo caso”.

En Stop Desahucios sostienen que “los jueces han actuado por encima de la ley” en este caso y creen que se sienten impunes. “Como no hay consecuencias para ellos aquí no pasa nada”. Señalan que el argumento judicial para llevar a cabo el desahucio es “muy pobre” porque se utiliza como “excusa” que el escrito se presentó tarde, cuando no hay fecha límite y hasta contaban con el respaldo de Servicios Sociales.

La familia, por su parte, está “destrozada” y “cansada”. No quieren hablar con nadie y desde que fueron expulsados de su vivienda tratan de buscar un lugar en el que poder dormir sin saber qué será de su futuro. Por eso, en Stop Desahucios piensan pelear por esta situación que consideran “irregular” hasta sus últimas consecuencias. “No queremos que esto quede impune”, sentencia Ana Guardia.

Este medio se ha puesto en contacto con CaixaHolding para tener más información sobre el desahucio. Desde la entidad se limitan a reconocer que se produjo el lanzamiento y que se hizo porque el inmueble estaba “ocupado” ya que los inquilinos llevaban meses sin poder pagar la hipoteca y se habían quedado en esa situación. Las fuentes consultadas evitan pronunciarse sobre más detalles “por respeto al procedimiento judicial” y tampoco entran a valorar si puede haber alguna solución futura para que Carlos y su familia no sigan viviendo en la calle.