Hacienda frena la orden de Educación de subir el precio de las guarderías andaluzas y desata el caos en el sector
Al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos le ha estallado en las manos una de las primeras medidas estrellas de la Consejería de Educación: el aumento del precio de la plaza en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que llevaba congelado diez años. Ese incremento lo asumiría la Administración en beneficio de las empresas que gestionan las guarderías, pero no repercutirá en lo que pagan las familias por la plaza.
La medida, muy aplaudida por el sector, buscaba aliviar la asfixia financiera de las empresas, agudizada por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y por una caída de la natalidad que ha dejado muchas escuelas semivacías. El Gobierno andaluz anunció que entraría en vigor el próximo curso, pero la Intervención General de la Junta acaba de frenar en seco la nueva orden de precios de Educación, desatando un caos mayúsculo en el sector y amenazas de un cierre patronal el próximo otoño que afectaría a más de 74.000 familias.
Ahora mismo reina el desconcierto, la incertidumbre y la indignación entre las patronales de escuelas infantiles que hace apenas un mes aplaudían a la Junta. ¿Qué ha ocurrido? El aumento del precio público de la plaza en guarderías era una medida que se presentó junto al Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, cuyo objetivo es que el primer ciclo de Infantil sea enteramente gratuito en el curso 2023/2024. El consejero de Educación, Javier Imbroda, anunció esta medida el pasado 3 de abril, tras un Consejo de Gobierno. Luego la viceconsejera Marta Escrivá se reunió con los sindicatos y la patronal para confirmarles que el proyecto de orden con los nuevos precios (un aumento del 15%) estaba redactado, abierto a aportaciones, y que tendría efectos a partir de enero de 2020.
A partir de ahí, la Junta -particularmente Ciudadanos, que lleva las competencias educativas- promocionó esta medida a los cuatro vientos, a través de vídeos en redes sociales, incluido uno protagonizado por el vicepresidente Juan Marín. El problema es que cuando se anunció esta iniciativa, aquel 3 de abril, ya era una medida extemporánea. Es decir, a la Consejería de Educación ya se le había pasado el plazo legal de aprobar la orden con los nuevos precios para que entrasen en vigor el curso siguiente, como había prometido.
Pero de esto se han enterado hace unos días, cuando la Intervención General de la Junta de Andalucía ha emitido un informe negativo contra el borrador del proyecto de orden que regula los nuevos precios de las guarderías. El órgano fiscalizador ha advertido al departamento de Imbroda de que no puede modificar los precios de la plaza después de haberse iniciado el proceso de reserva por parte de las familias, porque estaría modificando a posterior el coste que van a abonar, contraviniendo así el artículo 22 de la Ley general de Subvenciones. Para entrar en vigor el próximo curso, como se prometió, la orden de precios debió aprobarse antes del 15 de marzo, es decir, antes de abrirse el plazo para que las familias con hijos ya matriculados reservasen su plaza de guardería el curso siguiente. Imbroda admite el error, pero no sabe explicar cómo nadie en el departamento se percató de que la medida había nacido muerta, fuera de plazo desde el mismo momento en que se anunció.
En marzo se abre el periodo de solicitud de ayudas para sufragar la plaza de guardería; entre el 1 y el 30 de abril está abierto el plazo de inscripción para las admisiones de nuevo ingreso; en junio se publica la adjudicación provisional de las subvenciones a las familias (la bonificación de la plaza que otorga la consejería en función de la renta familiar) y en julio se publica la adjudicación definitiva. El 64,92% de familias recibirá algún tipo de bonificación este año, y de ellas, el 40,5% no pagará nada. De los 170 millones de euros de presupuesto para ayudas a las familias, se han gastado 149 millones y han sobrado 21 millones para futuras convocatorias. “No era un problema de dinero, sino de plazos”, explican desde la consejería.
Educación anunció su medida estrella el 3 de abril, dos semanas después del periodo de reserva de plazas y con el plazo de escolarización ya abierto. Cuando el borrador de la orden estuvo finalizado y se remitió a la Intervención General, las familias ya habían empezado a solicitar sus bonificaciones (sobre el precio de la plaza actual, sin modificar). El pasado 25 de julio, la consejería volvió a convocar a los sindicatos y a la patronal de escuelas infantiles para comunicarles la mala noticia: la Intervención General había paralizado la nueva orden de precios y el aumento prometido tenía que aplazarse “al menos ocho meses”. El descuento de los costes de gestión para las guarderías no entrará en vigor hasta dentro de un año (septiembre de 2020), y se adjudicará a los centros en el último cuatrimestre del año. Las patronales se quedaron “petrificadas” y se desató “la histeria”.
Faltaban cinco días para irse de vacaciones en agosto y apenas había margen para reaccionar y movilizarse en acciones de protesta. El director general José María Ayerbe les explicó que “el compromiso se mantiene, pero tiene que aplazarse”. “O nos están mintiendo, y entonces son impresentables, o nos dicen la verdad, y entonces es que han sido unos novatos que desconocen los procedimientos y los plazos de la Administración educativa, y han sido unos bocazas por anunciar algo antes de tenerlo cerrado”, explican fuentes de la patronal ACES.
Un convenio nuevo, más costes
Las empresas que gestionan las escuelas infantiles de Andalucía han exigido un encuentro con Imbroda y la viceconsejera a principios de septiembre. Descartan un cierre patronal en el inicio del curso, porque ya no les da tiempo a avisar a todos sus asociados y a las familias, pero estudian hacerlo más adelante si la consejería no les ofrece “una solución provisional”. Un cierre patronal en el sector de escuelas infantiles afectaría a más de 74.000 niños de 0 a 3 años matriculados en los centros privados subvencionados por la Junta.
El sector de las escuelas infantiles en Andalucía -una etapa subvencionada, pero no obligatoria- depende en más de un 90% de convenios de la Junta con empresas privadas. El pasado 5 de julio, al finalizar el procedimiento de admisión para el próximo curso, había 10.071 alumnos matriculados en guarderías 100% públicas y el resto -74.045 niños- en centros concertados.
Varios condicionantes tienen al sector de las guarderías al borde de la asfixia. El precio público de la plaza de una guardería -el que pagan las empresas, no las familias- lleva congelado una década. La subida del SMI a 900 euros, aprobada por el Gobierno el año pasado, ha encarecido el coste de personal de las escuelas infantiles. El pasado 26 de julio se publicó en el BOE el XII convenio colectivo del sector, que consolida esa subida salarial ya en la nómina de agosto (en torno a 100 euros de media por persona). Todo ello, junto a la caída de la natalidad que ha supuesto 1.900 matrículas menos respecto al curso anterior, ha provocado que haya “escuelas con plazas vacías, destrucción masiva de empleo en guarderías y situaciones insostenibles abocadas al cierre”.
Los dueños de estas escuelas se sienten “engañados” por la Consejería de Educación, a la quien llevaban aplaudiendo desde que se anunció el aumento de precios el pasado abril. Para las familias, el coste de la plaza en una escuela infantil es de 278,88 euros con comedor escolar (207 euros sin comedor), congelado por el anterior Gobierno socialista durante los años de la crisis económica. Actualmente, en Andalucía el 44,5% de las familias no paga nada por tener a su hijo en una guardería, están exento de pago debido a su bajo nivel de renta. El 43% percibe algún tipo de bonificación que abarata el coste de la plaza, y el 12% paga íntegramente los 278,88 euros mensuales. El aplazamiento del aumento del precio de las guarderías “pone en riesgo la supervivencia del sector”, según las empresas consultadas.
En la actualidad, la cobertura de plazas de 0 a 3 años en Andalucía cubre al 48,5% de la población escolar de esta edad, por encima del 33% que recomienda la Comisión Europea para ese año. El próximo curso se incorporará otras 4.176 plazas para aumentar la oferta.
La consejería trabaja ya en mejorar la planificación de la oferta de plazas con una distribución más acorde a la demanda por zonas geográficas, con la creación de una red de centros que dé una mejor respuesta a las necesidades. En el curso pasado, de las 114.628 plazas ofertadas, 17.600 quedaron vacantes.
En el curso 2019-20, Andalucía cuenta con un total de 118.804 puestos escolares sostenidos con fondos públicos en 2.024 centros, entre los que son de titularidad de la Junta y los centros y escuelas adheridos al programa. Se han formalizado 83.744 matrículas y han quedado vacantes 28.832, casi las mismas que el año pasado. El índice de cobertura educativa de la población infantil de primer ciclo se sitúa en el 48,57 %, muy por encima de la tasa del 33 % marcada por la Estrategia 2020 de la Unión Europea.
