Andalucía incrementa un 20% la plantilla del órgano de control de cuentas tras los escándalos con fondos públicos
La plantilla de la Intervención General de la Junta de Andalucía pasará de contar con 203 empleados a 243, tras aprobarse este martes en el Consejo de Gobierno una modificación de su relación de puestos de trabajo, que supone reforzar este órgano. Y específicamente se orienta a tres frentes que han sido objeto de polémica por distintas investigaciones los últimos años: la formación profesional para el empleo gestionada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el control de los fondos europeos y el Patronato de la Alhambra.
En este sentido, pese a que como dejó en evidencia la comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía y lo hicieron luego los tribunales con el archivo de las causas, no se han constatado delitos en la gestión de la formación por parte de la administración, las declaraciones de los interventores sí revelaron cierto caos y falta de medios para las tareas de fiscalización. Y eso se pretende corregir con “la ampliación del control que se realiza en el SAE”, según han apuntado desde el Gobierno de Andalucía.
Otro tanto ocurre en el caso de los fondos europeos. Hay que recordar que la interventora del área de control de Fondos Europeos y Subvenciones, María Teresa Arrieta, llegó a reconocer en la citada comisión de investigación que la “desconfianza” se instaló en Bruselas con la gestión de estas partidas a raíz de “las noticias” publicadas sobre el supuesto fraude de formación en Andalucía. No obstante, desde la Junta de Andalucía han explicado que el incremento del personal para esta área se hace “de acuerdo con la normativa comunitaria” para “reforzar las funciones de auditoría” y “dotarla de mayor solvencia y agilidad”.
Destaca también que se dotará de “una estructura de intervención propia”, decisión que se toma después de que la gestión de este monumento se viera salpicada por la investigación del fraude en las entradas, objeto de juicio hace un año, con medio centenar de acusados.
Desde la Junta de Andalucía han recalcado que con este incremento de la plantilla, cifrado en un 20%, “se reforzará las labores de fiscalización y control que ejerce este órgano para garantizar el cumplimiento de la legalidad económico presupuestaria de la administración y sus entidades instrumentales”. En paralelo, se busca “dotar de mayor transparencia a todos los procedimientos de control del gasto” de fondos públicos. De hecho, creación de los puestos de trabajo responde a la implantación de nuevas fórmulas de control que combinan la fiscalización previa de las operaciones de mayor volumen y los controles a posteriori.
