Moreno reedita el pacto de financiación que Montero sacó del Parlamento para exigirle más fondos para Andalucía

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno considera que la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el modelo de financiación autonómica, caduco desde 2014, es “insuficiente y parcial”. La Junta insiste en que Andalucía está “infrafinanciada”, quiere que el nuevo modelo corrija el reparto de fondos a las comunidades, pero también exige urgentemente un fondo transitorio, porque da por descartado que el nuevo sistema de financiación salga adelante en esta legislatura.

Para contrarrestar la propuesta de reforma del modelo que la ministra María Jesús Montero hizo llegar a las comunidades el pasado diciembre, el Ejecutivo andaluz ha rescatado la fórmula que la propia Montero impulsó en 2018, siendo consejera de Hacienda del Gobierno de Susana Díaz, y que logró el acuerdo casi unánime del Parlamento autonómico. Moreno quiere usar las mismas armas -un frente común de todos los partidos andaluces- frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el “agravio territorial” como telón de fondo.

La respuesta que Andalucía ha remitido al Ministerio de Hacienda, en un documento de 40 páginas, mezcla criterios de reparto de fondos estatales con la política tributaria y las reglas de consolidación fiscal, dejando poco margen al entendimiento entre la Administración del PSOE y la del PP. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, introduce en su propuesta de reforma del modelo de financiación un mecanismo para “premiar” con más fondos a las comunidades que cumplan con las reglas fiscales -ahora temporalmente suspendidas por Bruselas durante la pandemia- y para “penalizar” a las regiones que incumplan.

Bravo ha hecho del equilibrio presupuestario y el déficit cero un fin en sí mismo, con el que reivindica machaconamente que “no se puede gastar lo que no se tiene”. La oposición de izquierdas le reprocha que, llevando esa tesis al extremo, Andalucía registra un superávit en sus cuentas de 1.700 millones de euros hasta el pasado mes de noviembre, mientras los sindicatos y los profesionales de la sanidad demandan más recursos para aliviar el colapso de los centros de salud.

El consenso de PP, PSOE, Podemos e IU

Uno de los aciertos políticos de Moreno en ese momento, cuando era líder del PP en la oposición, muy contestado internamente por los suyos, fue suscribir por sorpresa esa reforma del modelo de financiación que diseñó Montero, y que se había pactado previamente entre el PSOE, Podemos e IU. Los nueve diputados de Ciudadanos fueron los únicos que votaron en contra. Ahora, ya como presidente de la Junta, Moreno rescata aquel documento, que pedía inyectar 16.000 millones de euros más en transferencias de financiación a las comunidades, de los cuales, 4.000 millones habrían correspondido a Andalucía por población ajustada.

Desde el Ministerio aseguran que la propuesta de los expertos para la reforma de la financiación tiene mucho que ver con aquel documento que impulsó Montero hace casi cinco años, siendo consejera, “aunque es un esquema más técnico y complejo, que aún debe incorporar las propuestas de las comunidades”. El ajuste en los criterios de reparto es muy similar, se prima la población ajustada (el cálculo del coste de los servicios públicos según el número de habitantes, ponderado con factores geográficos y demográficos), lo cual eleva el peso del gasto sanitario y educativo, que representa más del 80% del Presupuesto andaluz.

Sin embargo, el nuevo consejero de Hacienda, Juan Bravo, no está de acuerdo en absoluto. Andalucía ha elaborado un documento de 40 páginas con sus alegaciones al esquema del Ministerio, y este martes le ha hecho llegar una copia a cada uno de los cinco grupos parlamentarios. El posicionamiento andaluz es claramente reivindicativo, pide cifras concretas para solucionar su problema de “infrafinanciación”, que estima en “800 millones anuales de media en términos de habitante ajustado”, además de exigir un “fondo de transición” extraordinario y “urgente”, al margen del modelo que termine aprobándose.

El Gobierno andaluz defiende en su respuesta la posición avalada por el dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento, en su sesión del 9 de marzo de 2018, en relación con el informe del grupo de trabajo relativo a financiación autonómica. El Ejecutivo de Moreno busca reeditar aquel acuerdo, ya avalado por el Parlamento andaluz, y sumar el apoyo de las fuerzas que lo suscribieron entonces, cuando el destinatario era el Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora es el presidente Pedro Sánchez y la propia ministra Montero, impulsora original de aquel pacto.

En un momento crítico de la legislatura, con las elecciones a las puertas, y con una ola de contestación social crítica con la Junta por el deterioro de la sanidad pública, Moreno abre un nuevo pulso al Gobierno de Sánchez a cuenta de la financiación autonómica. Es un argumento muy técnico, de difícil traducción para la ciudadanía, pero que suele simplificarse apelando al agravio territorial con Andalucía y los privilegios de las comunidades gobernadas por los nacionalistas, como Cataluña y País Vasco. Un esquema viejo que, sin embargo, siempre ha tenido un gran impacto en campañas electorales.

Vehículo electoral

El acuerdo inicial, de hecho, fue impulsado por la ex presidenta Susana Díaz justo después de perder las primarias del PSOE contra Pedro Sánchez. Aquel vehículo político le iba a servir para reconciliarse con un discurso andalucista que había abandonado durante dos años para tratar de ser la secretaria general de su partido en España. No funcionó en las urnas, el desgaste socialista ya era muy pronunciado, y tras adelantar un año las elecciones, vio cómo PP, Cs y Vox se aliaban para sacar al PSOE de San Telmo tras 37 años en el poder.

En realidad, el chasis de aquel acuerdo de financiación que salió del Parlamento andaluz en 2018 forma parte de la propuesta actual del Ministerio. La principal reivindicación de Andalucía era dar más peso a la población ajustada. El sistema actual de reparto de fondos da más peso a las variables democráficas frente a las geográficas, esto es, prima el número total de residentes, los niños en edad escolar, los mayores de 65 años y la población protegida equivalente, frente a la superficie de cada comunidad, la dispersión poblacional y la insularidad (factores determinantes en las regiones más extensas y en las más despobladas, como Castilla León (PP) y Aragón (PSOE).

Montero planteaba lo mismo en el acuerdo de financiación de Andalucía que en la propuesta del Ministerio: reajustar el peso de las primeras variables y corregir las segundas para tener en cuenta un factor clave, y ahora determinante en los próximos procesos electorales: la España vaciada.

El Gobierno de Moreno sigue primando el criterio de población ajustada: “La población ajusta”, dice su documento, “es un elemento esencial para determinar la distribución del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales” que prestan las comunidades autónomas, un fondo que actúa como mecanismo de nivelación con el fin de garantizar que todas las comunidades autónomas reciban los mismos recursos por habitante para este tipo de servicios“. Pero matiza que ”no debe perderse de vista que el punto de partida del concepto de población ajustada es la población de derecho, por lo que el resultado final no debería provocar una distorsión importante respecto a los residentes reales en una comunidad“.

Bravo exige “conocer la foto final de la reforma del sistema de financiación autonómica”, aunque la propia Montero ya advirtió de que la propuesta de los expertos era un documento base para el debate, que aún debía nutrirse de la aportación de cada comunidad. “Quiero negociar el modelo con el PP, hay otros partidos, pero quiero negociar con el partido que ha gobernado España y que gobierna muchas comunidades para que el nuevo sistema tenga continuidad en el tiempo”, dice la ministra, que afea al presidente andaluz que esté “instalado en el victimismo y el frentismo permanente”.

El posicionamiento de Andalucía, plasmado en el documento que el consejero de Hacienda ha remitido a los grupos parlamentarios, concluye que la futura reforma del sistema de financiación autonómica debe llegar mucho más allá del concepto de población ajustada. También debe abordar la “suficiencia financiera” de las comunidades, “la equidad vertical/horizontal”; los recursos adicionales que se aportan al sistema; el statu quo del modelo actual; los mecanismos de financiación de las necesidades de gasto, los recursos tributarios, la estructura de fondos... “¿La población ajustada va a ser un criterio más del reparto de fondos o el único criterio?”, se pregunta Bravo.

La Junta también propone contabilizar en el reparto las inversiones estatales en las comunidades, dado su peso en el PIB regional. “Sería aconsejable establecer unos mecanismos objetivos y transparentes de distribución de las inversiones entre las distintas comunidades. Igualmente, deben incluir la distribución, entre las regiones., de los fondos de la Unión Europea”, reza el informe. La última aportación del mismo lleva la marca personal del consejero Bravo, firme defensor del equilibrio presupuestario y la consolidación fiscal: “Deberían establecerse mecanismos de penalización y/o de premios, para las comunidades., en función de si cumplen o no con las reglas fiscales, avanzando en la aplicación de criterios de eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos”, concluye.