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El Parlamento y una protesta sindical aprietan a Moreno por el déficit sanitario y agitan el calendario electoral andaluz

El presidente Juan Manuel Moreno, en el stand de Andalucía en Fitur, la semana pasada.

Daniel Cela


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La oposición andaluza en bloque ha roto los planes del Gobierno de PP y Ciudadanos y éste, poco acostumbrado a que algo así suceda, ha reaccionado visiblemente enojado. En menos de dos horas, el presidente Juan Manuel Moreno ha encajado dos golpes: el Parlamento le ha convocado un pleno extraordinario inminente que obliga a su Gobierno a rendir cuentas de la situación de “colapso” que sufre la sanidad andaluza en plena sexta ola de la pandemia; y los sindicatos de clase -CCOO y UGT- le han convocado una manifestación en las calles con el mismo argumento el próximo 19 de febrero (seis días después de las elecciones en Castilla y León).

Ninguna de estas cosas, por sí misma, justifica un adelanto electoral, pero Moreno lleva meses acuñando la idea de que existe un “bloqueo parlamentario” que le impide gobernar con calma, y que en febrero será el mes en el que decida si merece la pena apurar la legislatura o disolver ya el Parlamento.

Una semana después de que decayera la propuesta del PSOE de celebrar un pleno extraordinario sobre la situación de la sanidad en Andalucía, este miércoles los socialistas han vuelto a llevar su solicitud a la Diputación Permanente, órgano que vela por los poderes del Parlamento durante el mes de enero, que es inhábil.

En esta ocasión, sin embargo, han hecho bien los deberes, taponando los huecos por los que la última vez se les escapó la iniciativa política: el PSOE ha registrado su solicitud de la mano de Unidas Podemos, permitiendo que en el pleno intervengan todos los grupos, no sólo el partido proponente, como la última vez. Por esa razón, Vox cambió el sentido de su voto la semana pasada, pasando del sí anunciado días antes a la abstención, que impidió que la iniciativa prosperase. Ahora el partido de Santiago Abascal ha apoyado la propuesta de las dos izquierdas, y PP y Ciudadanos han preferido abstenerse, pese a que su posición era abiertamente contraria y notablemente indignada.

El Parlamento andaluz celebrará el pleno este viernes, con las comparecencias del consejero de Salud, Jesús Aguirre, y el de Hacienda, Juan Bravo, que será interrogado por la prórroga del Presupuesto de 2021, pero sobre todo por un superávit declarado en las cuentas públicas, algo que la oposición le reprocha habida cuenta de los déficit de recursos y personal que está sufriendo la atención primaria durante la sexta ola de contagios.

PSOE y Unidas Podemos han metido con calzador este pleno extraordinario, porque a enero apenas le quedan tres días laborables, y en febrero comienza ya el periodo ordinario de sesiones. Esto indica la importancia para las formaciones de izquierdas, no sólo de abordar en el Parlamento los problemas que afronta la sanidad andaluza y poder exigir cuentas al Gobierno de Moreno, sino del hecho en sí de doblegar la voluntad del Ejecutivo forzando un pleno extraordinario sobre sanidad con el pico de contagios en lo más alto.

El pasado viernes, el primer intento frustrado por convocar ese pleno quedó finalmente en la celebración de una comisión extraordinaria de Salud, en la que Aguirre debatió con los portavoces de la oposición. Era la segunda vez que lo hacía este mes y a PP y Cs les pareció más que suficiente. Un pleno convoca a los 109 diputados de la Cámara y a todos los miembros del Gobierno autonómico. Es un formato que tiene un peso político mayor y acapara el foco mediático más que una comisión parlamentaria. Lo sabe la oposición y lo sabe el Ejecutivo, y ambos saben también que la cercanía de las elecciones andaluzas condiciona este debate más que nunca. Horas antes de que se celebrase la Diputación Permanente, las líderes sindicales de CCOO y UGT, Nuria López y Carmen Castilla, habían anunciado “una gran movilización” ciudadana por el “colapso de la sanidad andaluza” para el 19 de febrero.

Este pleno extraordinario lo es más que nunca, precisamente por el contexto político y social que lo rodea. La proximidad de las elecciones, que dependen exclusivamente de Moreno, enrarecen un debate que en realidad no tiene nada de especial, porque está regulado en el reglamento de la Cámara. Es una potestad de los grupos parlamentarios.

De hecho, es muy habitual que la oposición exija que se celebre un pleno extraordinario sobre un asunto candente de actualidad cada vez que llega enero, un mes sin actividad parlamentaria, según recoge el propio Estatuto de Autonomía. Cuando el PSOE gobernaba Andalucía, los populares pedían recurrentemente que se celebrase un pleno en enero. Ahora, sin embargo, defienden que es innecesario y que la solicitud de la oposición es “electoralista”. José Antonio Nieto, portavoz del PP-A en la Cámara, recuerda que el consejero de Salud ha comparecido 66 veces para dar cuenta de la situación de la pandemia en esta comunidad (más que cualquier otro consejero; le sigue la titular vasca de Salud, con 38 comparecencias). “Ustedes creen que le consejero tiene que vivir aquí”, le ha reprochado a los portavoces de la oposición.

El tono indignado del portavoz del PP denota una cierta preocupación en el Gobierno por que se celebre este pleno, dando cancha a sus rivales políticos para atacar la gestión de la sanidad pública durante la pandemia. Nieto ha acusado a los diputados del PSOE y de Unidas Podemos de “no trabajar” o de “no tener nada mejor que hacer”, y cuando finalmente ha percibido que la iniciativa salía adelante, con el apoyo de Vox, ha pedido a la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, que el pleno se celebre durante el fin de semana, porque tanto el consejero Aguirre como Bravo tienen problemas de agenda para acudir los dos únicos días laborales disponibles: viernes 28 y lunes 31 de enero.

La comparecencia de ambos está relacionada, aunque no lo parezca. La oposición va a echar en cara al titular de Salud que haya prescindido de 8.000 sanitarios de refuerzo, que salieron del sistema el pasado 31 de octubre, para después llamarles de forma puntual para cubrir bajas, permisos y vacaciones de Navidad. Está sobre la mesa la situación que vive la atención primaria, muy tensionada por el récord de contagios de la sexta ola; la falta de personal para rastrear las infecciones y la decisión de la Junta de no contabilizar los positivos que se registran por autodiagnóstico (gracias a los test de antígenos adquiridos en farmacia), lo cual, según el PSOE, da una imagen distorsionada de la pandemia en Andalucía. Todo esto conduce también a la comparecencia del consejero de Hacienda, al que le reprochan que tenga 4.500 millones de euros -gran parte de los fondos transferidos por el Gobierno central- “metidos en un cajón”. “Tenemos un presidente llorón que está todo el día pidiendo dinero, a pesar de que tiene dinero por todas partes”, ha subrayado la portavoz socialista, Ángeles Férriz.

El portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, había adelantado que su grupo apoyaría el pleno sanitario, pero no la comparecencia de Bravo, que podía aplazarse hasta que se iniciase el periodo ordinario de sesiones. Pero ambas comparecencias eran indisociables en la solicitud de PSOE y Unidas Podemos, como le recordó Bosquet a Gavira cuando éste le preguntó si podían votar por separado. Cuando el pleno extraordinario salió adelante con el voto de la mayoría, el PP retiró su solicitud de celebrar dos comisiones extraordinarias, una para Salud y otra para Hacienda.

Hace una semana, ante la misma tesitura, el presidente Moreno anunció en Fitur que la oposición estaba a punto de demostrar su “bloqueo parlamentario”, en alusión a la convocatoria del pleno extraordinario sobre sanidad que se iba a votar aquel día en la Diputación Permanente, y que finalmente no prosperó gracias a Vox, que cambió el sentido de su voto en el último minuto. Pero de las palabras del presidente andaluz se desprendía que algo tan común como la solicitud de celebración de un pleno en enero podía desencadenar un adelanto electoral. Detrás de esa afirmación estaban, claro, las encuestas que colocan a Moreno al borde de la mayoría absoluta, y las elecciones de Castilla y León el próximo 13 de febrero, en las que el PP parte como favorito y con opciones de gobernar en solitario sin depender de Vox. El presidente andaluz ha dado dos fechas orientativas para culminar el mandato -elecciones en junio o en octubre-, pero el menor tosido de sus rivales políticos puede precipitar la llamada a las urnas. Incluso un simple debate parlamentario.

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