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Entidades sociales culpan a PP, Cs y Vox de desatar una guerra entre agricultores por el agua de Doñana

Cultivos bajo plástico en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

Antonio Morente


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Una iniciativa que “ha enfrentado a trabajadores dentro del propio sector agrícola”. Esta es una de las consecuencias que, según varias organizaciones integradas en la Mesa Social del Agua de Andalucía, se deriva de la proposición de ley impulsada por PP, Cs y Vox en el Parlamento andaluz para amnistiar más de 1.400 hectáreas de regadíos ilegales en la Corona Norte de Doñana que están esquilmando el acuífero del Parque Nacional. Por eso, reclaman que se dé marcha atrás a este “paso en falso” y que se acometa cualquier propuesta de revisión de la actual normativa con las garantías suficientes y no con un procedimiento que “carece de rigor”. 

Ni el Plan de la Fresa ni el cierre de pozos frenan el saqueo de agua en Doñana

Ni el Plan de la Fresa ni el cierre de pozos frenan el saqueo de agua en Doñana

La proposición de ley para modificar el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana, aprobado en 2014 por la Junta de Andalucía y que determinó que suelos tienen derecho a riego y cuáles no, lo que viene además es a “generar expectativas en el sector agrícola más especulativo” y “pone en grave riesgo la buena imagen y la marca internacional de Doñana”. Así lo han puesto de manifiesto en una denuncia pública las organizaciones AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento),CCOO de Andalucía, Ecologistas en Acción, Facua, FNCA (Fundación Nueva Cultura del Agua), Fundación Savia, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF y Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.

La iniciativa de las tres formaciones de derecha se basa en reconocer el derecho a riego de estas más de 1.400 hectáreas, que en la actualidad obtienen el agua de manera ilegal de un acuífero con la declaración oficial de sobreexplotado desde 2020. Eso sí, quien tiene la potestad de suministrar el agua es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que ya ha reiterado que no concederá permisos para ello a los propietarios de estos terrenos. Así que no hay “ninguna garantía de disponibilidad de agua”, por lo que la proposición “ejercerá competencias desleales entre agricultores”.

Choque legislativo de grueso calibre

La propia vía elegida para desarrollar esta normativa, una proposición de ley, es “inaceptable” para estos colectivos sociales, ya que así se evita la participación de administraciones y organismos como la propia CHG. Además, “se omite cualquier referencia a las graves dificultades administrativas y legales que esta modificación generará en Andalucía, en España y en Europa”, al “entrar en conflicto” no pocas normas: el Plan Hidrológico del Guadalquivir, la Directiva Hábitats, la Directiva de Aves y la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea, la reciente sentencia de los tribunales de la Unión Europea que condena a España por no salvaguardar el acuífero y los dictámenes de la Unesco sobre Doñana.

La cosa no queda ahí, porque también colisiona con la Ley Forestal andaluza, la propuesta de reglamento para frenar la deforestación y la degradación forestal impulsadas por la UE y con la ley del Trasvase del Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir. Con esto, además, se impide también el compromiso del Gobierno de España de sacar Doñana antes de 2025 de la lista internacional de humedales amenazados del Convenio Ramsar.

Credibilidad de la marca Doñana

Las críticas van en la línea expresada por el Ejecutivo central por medio del secretario general de Medioambiente, Hugo Morán, que insistió en que no habrá agua para estos cultivos por mucho que los regularice la Junta de Andalucía. Pero al margen de la cuestión ambiental, estos movimientos sociales lamentan que “se tira por la borda el trabajo y esfuerzo para defender la credibilidad de los productos de la marca Doñana”, ya afectada en más de una ocasión “por problemas de ilegalidad de usos de tierras y agua y, en ocasiones, por situaciones inaceptables de la mano de obra empleada”. 

En última instancia, estos colectivos no se cierran en banda pero consideran que cualquier revisión del plan, tal y como también se apunta desde el PSOE andaluz, tiene que seguir “los mismos trámites que fueron necesarios para su aprobación”. Sólo así, la agricultura del entorno de Doñana –“un sector de indiscutible importancia social y económica para toda la comarca”– podrá “enviar mensajes de rigor, compromiso con la sostenibilidad y responsabilidad con los consumidores”.

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