Un informe del Tribunal de Cuentas cuestiona los criterios de entrega de tablets y portátiles a los centros públicos y concertados de Cantabria

Izquierda Unida ha denunciado que el Gobierno de Cantabria ha incumplido los principios de “equidad y planificación” en la ejecución del programa estatal de digitalización educativa financiado con fondos europeos Next Generation, según se desprende del informe de fiscalización publicado por el Tribunal de Cuentas, lo que a juicio de esta formación política significa que la Consejería de Educación “deja tirado al alumnado más vulnerable en el reparto de tabletas y portátiles”.

El informe revela, según Izquierda Unida, que no se tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad del alumnado en el reparto, ni se consultó directamente a los centros sobre sus necesidades reales. El coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, explica que se ha repartido tecnología “sin criterio social, ignorando a los estudiantes que más la necesitan y beneficiando a centros privados financiados con fondos públicos”. De hecho, apuntan que el informe del Tribunal de Cuentas subraya que “no existe soporte documental donde se recojan las razones por las que aplicaron criterios distintos para centros privados y públicos”.

“Mientras que a cada centro público se han repartido portátiles y tabletas en función del alumnado total, en el reparto a los privados sostenidos con fondos públicos se les asigna un número fijo, sin tener en cuenta el porcentaje de alumnado vulnerable”, explican desde IU.

Izquierda Unida considera especialmente grave que no se informara a los centros educativos sobre el objetivo del programa, que es reducir la brecha digital de acceso. Tampoco se proporcionaron modelos de certificados de préstamo ni protocolos claros para la gestión de los dispositivos, lo que ha generado “confusión y desigualdad en su uso”.

Denuncia la formación política que no se elaboraron planes de implementación ni cronogramas de seguimiento y que las decisiones se tomaron sin documentación técnica ni indicadores de impacto. “Es una gestión a dedo, opaca y descoordinada, que pone en riesgo la eficacia de los fondos europeos”, critican.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, el 49% de los centros cántabros no tiene documentado el procedimiento de préstamo domiciliario, y el 27% no solicita siquiera la firma de las familias para la entrega de los equipos. “No basta con entregar ordenadores, hay que garantizar que lleguen a quienes más los necesitan y que se usen con sentido pedagógico, no gastar por gastar”, añade Ruiz Salmón en un comunicado de prensa.

En cuanto a la trazabilidad de los dispositivos, desde la organización subrayan que el Tribunal de Cuentas advierte de que las declaraciones obligatorias de los contratistas se firmaron con retraso y que faltan documentos clave como las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) de varios miembros de la mesa de contratación. Además, aunque se creó una unidad técnica para coordinar los fondos europeos, Cantabria no cuenta con un repositorio único para custodiar la documentación justificativa, lo que dificulta el control y la auditoría.

Izquierda Unida exige al Gobierno de Cantabria que rinda cuentas “sin demora”, que publique los criterios de reparto y que garantice que los remanentes de fondos se destinan a cubrir las necesidades del alumnado vulnerable. Asimismo, reclama que se refuercen los mecanismos de control, que se mejore la coordinación entre consejerías y se escuche a los centros educativos. “Los fondos europeos son una oportunidad histórica para democratizar el acceso a la educación digital, pero tiene que ser bajo criterios sociales y educativos, no solo publicitarios. No podemos permitir que se conviertan en una operación de maquillaje sin justicia social”, concluye IU.