El Gobierno aprueba por segunda vez el proyecto de ley LGTBI de Cantabria

El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga. | MIGUEL DE LA PARRA

El Gobierno de Cantabria ha aprobado en su reunión de este jueves el proyecto de Ley de Cantabria de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género para reiniciar su tramitación, que quedó suspendida al concluir la legislatura.

La ley LGBTI de Cantabria sigue en el cajón casi dos años después: "Si hay voluntad política, aún podría aprobarse"

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El texto prohíbe suscribir conciertos o conceder ayudas a centros educativos que discriminen por orientación o identidad sexual y recoge estrategias de salud específicas y la igualdad de acceso a tratamientos de reproducción asistida para mujeres lesbianas y bisexuales, y es el mismo que ya sacó adelante el Consejo de Gobierno hace dos años, aunque no llegó a entrar en vigor por los retrasos en su tramitación y la falta de acuerdo de los grupos políticos en la Cámara.

Ahora, según ha recordado en rueda de prensa el vicepresidente y consejero de Igualdad, Pablo Zuloaga (PSOE), este se ha convertido en el primer proyecto de ley, al margen de los presupuestos de 2020 que se presentaron ayer, que el Consejo de Gobierno aprueba y remite al Parlamento en el actual periodo de sesiones. "Era un compromiso de este Gobierno que no hubiera otro 28 de junio más en Cantabria sin tener esta norma aprobada", ha recalcado el portavoz del Ejecutivo, que ha considerado que "está garantizado" que se cumpla esta promesa.

Zuloaga ha confirmado también que el texto no difiere del que el Gobierno remitió al Parlamento la pasada legislatura. De hecho, lo que ha hecho el Consejo de Gobierno es ratificar el acuerdo del 25 de octubre de 2018 por el que se aprobó el proyecto de ley y su remisión al Parlamento de Cantabria para la tramitación del procedimiento legislativo tras retomarlo y pasarlo por las diferentes consejerías como es necesario.

"Queremos proteger los derechos de todas personas y tener una Cantabria más abierta y tolerante, que persiga jurídicamente cualquier tipo de discriminación por materia de orientación sexual. Creo que esto es un compromiso de toda la sociedad, no solo del Gobierno de Cantabria. Lo vemos cada 28 de junio en las calles y asumimos esa responsabilidad. Por eso es la primera ley que se aprueba en el Consejo de Gobierno", ha subrayado.

Según ha explicado, una vez que llegue al Parlamento, la tramitación comenzará con la solicitud de comparecencias, fase en la que quedó encallado el anterior proyecto de ley. "Una experiencia que no nos gustó demasiado que hizo que no diera tiempo a tramitarla", ha dicho Zuloaga, quien a preguntas de los medios sobre las discrepancias que protagonizaron entonces PSOE y PRC, ha respondido que "en el seno del Consejo de Gobierno les puedo asegurar que no las hay".

Esta ley pretende garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI y promover el desarrollo de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género o cualquier otra forma de expresión o vivencia de la sexualidad en Cantabria.

Líneas de actuación

Según informó el Gobierno cuando aprobó el proyecto de ley en octubre de 2018, el texto recoge medidas para amparar a todas las personas víctimas de discriminaciones y agresiones por identidad u orientación sexual en cualquier ámbito, "garantizando que las conductas discriminatorias y los delitos de odio cuenten con el más contundente rechazo legal, institucional, político y social".

El texto recoge también un capítulo de sanciones que podrían llegar hasta los 30.000 euros en función de la gravedad y repercusión de los hechos, e incluir también hasta tres años de inhabilitación o suspensión temporal de servicios.

Se trata de una regulación transversal que alcanza a distintas administraciones públicas. Así, en el ámbito educativo propone que los planes y contenidos educativos incluyan el objetivo de conseguir que el ámbito escolar sea un espacio de respeto hacia todas las expresiones de género en el que se proteja al alumnado, personal docente y empleados del centro, evitando cualquier forma de discriminación.

Se promueve la educación inclusiva, el respeto a la diversidad y la prevención de acoso homofóbico, bifóbico y transfóbico en los centros educativos, así como un conjunto de actuaciones de especial protección de las y los menores trans, además de la garantía de sus derechos en el ámbito universitario.

En el ámbito sanitario, también la atención sanitaria específica en todo su proceso vital y define las líneas de actuación y los principios que han de guiar la asistencia sanitaria para garantizar a todas las personas el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, sin que pueda producirse discriminación por motivos de identidad de género, expresión u orientación sexual.

De esta manera, se regula la atención sanitaria a las personas trans, con especial hincapié en la atención sanitaria de los menores trans, y a la modificación de la identidad del género en la documentación sanitaria, la atención a las personas intersexuales, así como la formación de los profesionales sanitarios y a la investigación.

Por otra parte, el documento propone medidas de protección social, como el asesoramiento a través del Programa de Información y Atención LGTBI, con especial atención a la protección de la infancia y la adolescencia, así como medidas frente a la desprotección infantil por la no aceptación por parte de las personas a cuyo cargo esté la persona menor de su orientación sexual o identidad de género, cuando esta circunstancia le ocasione daño significativo.

En cuanto a la no discriminación en el entorno laboral, destaca la inclusión de la incorporación de cláusulas sociales en la contratación administrativa, que valoren a las empresas que implantan medidas de igualdad de oportunidades y la prohibición de contratación de aquellas empresas sancionadas o condenadas por prácticas laborales discriminatorias. También incluye medidas en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte, así como en los medios de comunicación y en materia empleo público.

Dos años y medio en el cajón

El Ejecutivo cántabro presentó el anteproyecto de ley en mayo de 2017 y permaneció en el cajón casi dos años hasta que se aprobó en Consejo de Gobierno en octubre de 2018. A pesar de la petición de la Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales de Cantabria (ALEGA) a los distintos partidos políticos de que no pidiesen comparecencias para hacer viable su tramitación parlamentaria, PRC, Ciudadanos y PP aprobaron un total de 21, echando por tierra la posibilidad de sacar adelante la ley en la recta final de la legislatura pasada.

Esta situación provocó el enfado del colectivo LGTBI y generó un cruce de reproches entre regionalistas y el partido naranja culpándose mutuamente de ser los causantes de que finalmente no se pudiera aprobar.

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Publicado el
14 de noviembre de 2019 - 14:15 h

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