El PRC cambia de opinión y quiere mantener el impuesto de patrimonio hasta que no desaparezca el de grandes fortunas

La reforma fiscal del Gobierno de Cantabria pende de un hilo al haber dado marcha atrás el PRC sobre la supresión del impuesto de patrimonio. Los regionalistas, que llevaban este compromiso en su programa electoral, han cambiado de opinión y lo hacen basándose en que la supresión no impedirá que los cántabros más ricos dejen de pagar el impuesto para grandes fortunas del Gobierno central, es decir, los 19 millones que Cantabria dejaría de ingresar por la supresión no impedirán que acaben en las arcas estatales y de un gobierno que puede destinarlo a cualquier territorio.

Este jueves el gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga ha anunciado que se va a bonificar el 100% del Impuesto sobre el Patrimonio, al tiempo que rebaja el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, toca el tramo autonómico del IRPF a todos los contribuyentes y elimina el tope de renta en distintas deducciones fiscales, entre otras medidas.

Independientemente del alcance económico que la reforma reporte a las Arcas de la Hacienda cántabra, la deriva política del PRC no es menos significativa. Los de Miguel Ángel Revilla, este lunes, se han abstenido, en el pleno del Parlamento ante una iniciativa socialista, pero su oposición a la parte más sustancial de la reforma fiscal de Buruaga hará que esta tenga que apoyarse en Vox si quiere que salga adelante, máxime si el PRC acaba votando en contra junto al PSOE. La reforma fiscal es complementaria a los presupuestos de Cantabria de 2024 que se debatirán y votarán durante los próximos meses.

Paula Fernández, exconsejera regionalista de Presidencia, ha sido quien ha hecho público este cambio de posición, algo que ha justificado en el impuesto estatal sobre grandes fortunas. Ha reconocido que es un cambio de postura sobre su compromiso programático, pero ha señalado que su partido se opondrá mientras exista el impuesto central que se aplica en comunidades que han bonificado el impuesto de patrimonio. El PRC no quiere que lo que no se pague en Cantabria [17,5 millones de euros según sus cálculos] acabe pagándose en Madrid y sin retorno necesariamente.

El Partido Popular ha negado la mayor, al haber afirmado que el impuesto a las grandes fortunas no es equiparable al del patrimonio. Así, en 2022 nueve contribuyentes declararon 400.000 euros por el impuesto de grandes fortunas, mientras que ascienden a 3.000 los que el pasado año pagaron en total 19 millones por su patrimonio. Independientemente de ello, el PP ha considerado que hacer desaparecer el impuesto es el mejor paliativo a la fuga de capitales, una afirmación que ha contradicho la que fuera consejera de Hacienda, Ana Belén Álvarez (PSOE), con datos del pasado año.

La socialista ha advertido al gobierno de Buruaga sobre el impacto que tendrá la supresión en los ingresos fiscales de 2025 y en las entregas a cuenta del Estado con cargo a 2026, uno de los pilares de la financiación autonómica, cuya reforma está pendiente y puede afectar negativamente a las cuentas cántabras.