Sostenibilidad por imperativo legal

La guerra cultural entre la derecha y la izquierda tiene en el medio ambiente uno de sus campos de batalla más importantes. Desde los tiempos en que se prohibía fumar en las oficinas y los autobuses, incluso antes, cuando las fábricas vertían en el río y hasta las vacas muertas formaban parte del idílico paisaje flotante, la adquisición de hábitos civilizatorios entre la población, hábitos que ya sería imposible retrotraer, siempre han venido impuestos, como se impone a un niño -ese pequeño ácrata que necesita el orden- utilizar los cubiertos para comer o mantener unas normas de higiene mínimas. No le gusta, pero lo necesita. Luego no hay vuelta atrás.

Como en todo debate que se dirige a la población a la búsqueda del voto está hecho con brocha gorda. Nada de datos ni de reflexiones a futuro. La empatía es woke. La disensión, también.

¿Que las peatonalizaciones han sido un buen invento para el peatón, el comerciante y el hostelero? También un atentado a la libertad. ¿Que quiere contaminar? No sea tonto: todos lo hacen y el sol sigue saliendo cada mañana. ¿Que no tiene trabajo? La culpa es del chaval racializado, un presunto agresor sexual que debería reagruparse con su familia en algún agujero bélico de África. ¿Que no le gustan los toros? Lea a Sánchez Mejías, admire los cuadros de Romero de Torres y disfrute de las fiestas de pueblo. ¿Quién va a negar que la tortura animal da lustre a nuestras tradiciones?

En este mundo de chicos listos, los tontos son los que hacen avanzar al conjunto, aunque, como pago, solo reciban burlas y collejas. El presente es de los listos, el futuro de los tontos.

Cuando la política se reduce al cruce de eslóganes no acaban por aparecer cargos institucionales, cuyas administraciones exigen el cumplimiento de leyes, decretos y ordenanzas, pero que al tiempo hacen una apelación a procrastrinar otras leyes -las de los demás- hasta que el dinero se mete de por medio -la financiación condicionada- y no hay más remedio que cumplirlas.

“Santander actúa porque tenemos la obligación. Son leyes del Gobierno de España que cumplimos aunque a veces cuesta”, ha dicho la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), el día que se ha hecho público el mapa de la Zona de Bajas Emisiones... con más de dos años de retraso.

Sí, cumplir la ley a veces cuesta. También cuesta cumplir la Ley del Impuesto de la Renta, el Impuesto de Bienes Inmuebles y hasta el Código de Circulación, pero si solo se cumplieran las leyes “fáciles” de cumplir aún andaríamos en cuevas frotando piedras y rebañando médula de dinosaurio, seguiríamos siendo neandertales, no sapiens. Es lo que nos distingue como colectividad y en seguir siendo colectividad nos va el futuro.

¿Se está por la prestación de servicios públicos y su financiación? ¿Se está por el cuidado, no solo el ornato, de la vía pública y el medio ambiente? ¿Se puede contaminar a esgalla pero no tirar un chicle al suelo? ¿Se está a favor de hábitos de vida saludable cuando hay que hacerse la foto o en contra cuando afecta a la cuenta de resultados de la hostelería?

Al Ayuntamiento de Santander le cuesta cumplir ciertas normas, no sea que el vecindario se revuelva, lo cual es indicio de la pobre idea que se tiene del vecindario y del imperio de la ley. Ocurrió con la eliminación de nombres franquistas de las calles y está ocurriendo con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. Un empeño en todo caso inútil: tarde o temprano se hace realidad y hasta entonces la imagen es lamentable. ¿A qué tanta porfía, tal negacionismo de los valores democráticos y las predicciones científicas si son batallas perdidas a largo plazo? ¿No sería más admirable ponerse al frente de la pancarta como hacen ciudades punteras en sostenibilidad y nada sospechosas de rojerío?

Aplicar la sostenibilidad por imperativo legal, cuando debiera de salir de uno mismo, es algo triste. Es el cargo público quien debiera impulsar el cumplimiento de las leyes, aunque no gusten. Pues no se trata del gusto de uno, sino del respeto a la ley.