Desarticulada una organización que explotaba sexualmente a mujeres en clubes de alterne de Cantabria y Vizcaya

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres en clubes de alterne de Cantabria y Vizcaya. En total han sido 23 las personas detenidas en este operativo que se ha desarrollado en su mayoría en esta región y en el que además se han clausurado dos clubes de alterne, uno en Bárcena de Cicero y otro en Trápaga (Vizcaya).

La banda criminal captaba mujeres sudamericanas, principalmente nacionales de Venezuela, Paraguay y República Dominicana, “con la promesa de un futuro prometedor en España”. Así lo ha dado a conocer este jueves el delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, acompañado por el jefe superior de Policía de Cantabria, Héctor Moreno, y por otros cargos de este cuerpo de seguridad que han participado en la denominada 'Operación Cicerone'.

Las víctimas, tal y como han detallado, eran sometidas a jornadas de hasta doce horas diarias, que podían aumentar cuando algún cliente lo requería, y debían pagar 55 euros diarios en concepto de alojamiento y luz. Las tres mujeres liberadas eran prostituidas hasta pagar la deuda, que en algunos casos ascendía hasta los 6.000 euros, por lo que les retiraban todos los ingresos que obtenían.

No obstante, la investigación continúa abierta ya que se está tratando de localizar e identificar a más mujeres que hayan sido víctimas de esta banda criminal, labor que, según han señalado desde la Policía, es la más difícil, por lo que han hecho un llamamiento a todas ellas para no duden en acudir en busca de ayuda, llamando al teléfono 900 10 50 90 o a través del correo electrónico trata@policia.es. La denuncia es anónima y confidencial, sin que la llamada quede reflejada en la factura.

La operación se ha saldado con 23 detenidos -seis de ellos actualmente siguen en prisión-, que tenían antecedentes por tráfico de drogas y blanqueo de capital, y de los cuales 12 han sido en Cantabria, seis en Vizacaya, uno en Palencia, otro en Valladolid y otro en Burgos. La mayoría de ellos eran de nacionalidad española y durante el registro se han intervenido más de 1.000 euros en efectivo, pequeñas cantidades de drogas, armas blancas, un bate de beisbol y cartuchos del calibre 38, así como abundante documentación contable y bancaria, y varios dispositivos electrónicos.

Por otro lado, se están analizando “los complejos sistemas financieros y societarios, utilizando a testaferros y a terceros expertos en la materia, para blanquear los beneficios obtenidos”, según han afirmado desde el cuerpo de seguridad.

Testigo protegida

La investigación, según han explicado los responsables del operativo, comenzó gracias a la declaración de una testigo protegida que logró escapar del control de la red criminal y denunció los hechos. A raíz de ello, los agentes comprobaron que la banda estaba dividida en dos organizaciones independientes que “colaboraban estrechamente”, pero que “gradualmente la violencia entre ambas fue aumentando”. Esto desencadenó “una fuerte reyerta en Santander entre miembros de ambas con varios heridos de gravedad”, tal y como ha revelado la Policía.

Los captores buscaban víctimas vulnerables por su situación económica y familiar en países con crisis humanitaria y ellas “aceptaban de forma desesperada”. La organización utilizaba intermediarios que se encontraban en los países de origen y otros que se encontraban en España, pero que tenían vínculos con ellos. Y para trasladar a las mujeres utilizaban “pasadores”, aunque en ocasiones “eran los propios cabecillas de la organización quienes viajaban con ellas ”para asegurarse el cruce de la frontera“, han explicado los responsables del operativo policial.

“Se hacían pasar por sus parejas para 'protegerlas' de las preguntas por parte de las autoridades, dotando el viaje de una apariencia turística para pasar más inadvertidos”, han detallado. Posteriormente, eran trasladadas a un club de alterne cántabro donde comenzaba su explotación sexual y laboral.

A las tres mujeres liberadas, que han sufrido esta clase de explotación durante “varios meses”, se les ofrecerá la posibilidad de regresar a su país de origen o de obtener un permiso de residencia y trabajo en España, según han recalcado desde la Policía Nacional.