Aurelia Sánchez, de reconstruir sobre los “escombros” sociales de Cospedal a una polémica gestión durante la pandemia

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en una entrevista con elDiarioclm.es

Con la llegada de la primera legislatura de Emiliano García-Page como presidente de Castilla-La Mancha en 2015, revertir los recortes del Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal se convirtió en objetivo número uno. La cartera autonómica de Bienestar Social había sido relegada a poco más que un sub-departamento dependiente de Sanidad en la legislatura anterior, en manos de José Ignacio Echániz. El nuevo Ejecutivo socialista decidió darle autonomía propia y puso al frente a la albaceteña Aurelia Sánchez, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, especializada en Psicología y con una dilatada experiencia como funcionaria de carrera en la Administración.

Bárbara García reemplazará a Aurelia Sánchez como consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha

Bárbara García reemplazará a Aurelia Sánchez como consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha

Nada más desembarcar, su tarea fue compleja pero clara. Tenía que construir sobre los “escombros” de Cospedal, tal y como entonces adelantó a elDiarioclm.es. Recortes en servicios sociales, en cooperación al desarrollo, en ayudas y prestaciones a las personas dependientes y en renta mínima, entre otras cuestiones, conformaban todo el contexto de lo que había que restituir- Debía abordar su remonte en un gobierno que en esos momentos dependía de un acuerdo de legislatura con Podemos que luego se convirtió en pacto de gobierno y' in extremis' que empezó tan bien como mal terminó.

La entonces consejera abordó esta cuestión desde el principio. Una de sus primeras medidas fue recuperar la normativa de servicios sociales y renovar el catálogo de prestaciones por Dependencia de Cospedal, que además la Justicia había tumbado. Con ello se mejoraron las condiciones de miles de personas y se aliviaron los datos de aquellas que estaban “en el limbo”, a la espera de valoración, en una región con una población muy envejecida donde esta cuestión es fundamental.

Pero las críticas sobre esta cuestión llegaron poco después, primero por la falta de prestaciones públicas para familiares de dependientes y después por la llegada de una pandemia imprevista que arrasó con un sistema de centros socio-sanitarios en el ojo del huracán y con personas en situación de dependencia o de gran dependencia a las que la pandemia se llevó por delante.

Leyes pioneras

En los años anteriores, consiguió sacar adelante proyectos sociales muy innovadores como las ayudas contra la pobreza energética, la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las personas con discapacidad –que supone su tutela efectiva y el cumplimiento de sus planes de vida- o la esperada Ley del Tercer Sector para dar seguridad jurídica a este colectivo y de la que ha emanado la Comisión del Diálogo Civil, un órgano fundamental para la participación social. Con ello han salido adelante también otros órganos de participación de gran calado relacionados con las personas refugiadas, la infancia o el pueblo gitano.

Aurelia Sánchez también modificó el sistema de rentas mínimas de la comunidad autónoma para ampliar el importe del Ingreso Mínimo de Solidaridad (la fórmula castellanomanchega de renta de inserción) y su departamento trabajó con Podemos -una vez que en 2017 este partido entró en el Gobierno de Page- para sacar adelante un proyecto de ley de renta mínima que nunca llegó a ver la luz. El PSOE consiguió la mayoría absoluta en 2019 y nada más se supo de este borrador.

De hecho, el problema con la renta mínima autonómica estalló con motivo de la pandemia. La aprobación del Ingreso Mínimo Vital, de carácter estatal, llevó al Gobierno regional a suspender parcialmente la renta autonómica en cuanto a nuevas solicitudes. Desató las críticas de casi todos los sectores afectados, entre ellos el Colegio Oficial de Trabajo Social, un gremio profesional muy crítico con su gestión en los últimos años. El Ejecutivo tiene pendiente un decreto de unificación de prestaciones de emergencia, rentas mínimas y otras ayudas para clarificar estas ayudas y acelerar la concesión del Ingreso Mínimo Vital: Castilla-La Mancha está actualmente entre las autonomías con menor cobertura de esta renta.

Pobreza, residencias, ayudas a la cooperación

Los datos sobre pobreza y riesgo de exclusión tampoco han sido favorables en la región en los últimos años. Castilla-La Mancha ha mejorado en décimas pero sus porcentajes siguen estando en el vagón de cola: una de cada tres personas son pobres en la región, según EAPN, y hay 624.000 personas que viven en riesgo de pobreza en la comunidad autónoma.

La polémica sobre su gestión se agravó cuando se hizo pública también la suspensión de la convocatoria de las ayudas a la cooperación internacional con motivo de los costes de la COVID-19 para el Gobierno. Las ONG de desarrollo nunca entendieron esta decisión, precisamente cuando los países pobres más necesitan este apoyo, y han seguido haciendo campaña contra esta decisión hasta la actualidad. De momento, el Gobierno tiene intención de aprobar un nuevo paquete de ayudas a la cooperación, aunque el compromiso fue que recibiera luz verde a principios de año.

Tampoco ha salido indemne Aurelia Sánchez de las críticas a la gestión de los centros socio-sanitarios, y más concretamente las residencias de personas mayores, durante la pandemia. En la primera ola de coronavirus, los partidos de la oposición acusaron a la consejera de caos e improvisación en la inspección y coordinación de estos centros, los principales afectados por los contagios.   

Ahora Aurelia Sánchez se va al Senado para ocupar el escaño de designación autonómica de Jesús Fernández Vaquero, fallecido recientemente. La sustituye desde hoy Bárbara García al frente de la Consejería de Bienestar Social. Por delante tiene los compromisos enumerados y adquiridos por su antecesora, además de los mencionados en cooperación o ayudas de emergencia. También debe impulsar el anunciado decreto de ayuda a domicilio para actualizar su regulación y llevar a buen puerto el nuevo decreto de los servicios sociales concertados. A todo ello se unen las futuras políticas de discapacidad, de mayores, de familia, de infancia, todas ellas fundamentales para afrontar las consecuencias sociales de una pandemia todavía presente en todos los aspectos. Queda por ver si Bárbara García contará con el mismo equipo de su antecesora o habrá cambios inminentes.

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