Castilla-La Mancha inicia los trámites para recuperar el órgano fiscalizador del sector público que eliminó Cospedal

Hace seis años, la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, eliminó varias instituciones y organismos autónomos de la comunidad autónoma como el Consejo Económico y Social (CES), el Defensor del Pueblo y la Sindicatura de Cuentas. Ahora, el Ejecutivo socialista de Emiliano García-Page quiere recuperar esta última, dependiente de las Cortes regionales. Se trata del órgano de control externo que supervisa y audita la actividad económica, financiera y contable del sector público de la región, aunque sus decisiones y dictámenes son de carácter consultivo.

Desde que Castilla-La Mancha dejó de tener este órgano de supervisión, la auditoría de las administraciones públicas regionales la ha llevado a cabo el Tribunal de Cuentas, que tiene carácter estatal y que realiza esta labor en todas las autonomías sin órganos propios de control.

Esta comunidad autónoma creó su propia Sindicatura de Cuentas en 1993, atribuyendo a dicho órgano técnico, dependiente de las Cortes de Castilla-La Mancha, la fiscalización externa de la gestión económico-financiera y contable del sector público regional, hasta su desaparición en 2014.

“Desde el conocimiento que proporciona la cercanía”

El Gobierno regional considera conveniente dotar de nuevo a la región de este órgano propio que, sin perjuicio de las competencias que la Constitución residencia en el Tribunal de Cuentas, ejerza las funciones de fiscalización externa del sector público “desde el conocimiento que proporciona la cercanía”. Argumenta el Ejecutivo que la inexistencia de un órgano propio de estas características priva a las Cortes regionales de la posibilidad de disponer de la asistencia de un órgano de control especializado.

Otro de los objetivos señalados es abundar en el autogobierno de la Comunidad Autónoma, “fortaleciendo sus propias instituciones, mediante la incorporación a las mismas un órgano técnico de control cuyas funciones vendrían a contribuir a la satisfacción de los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía, en lo referido a la actividad económica, financiera y contable del sector público regional”.

El rango de ley que se le otorgará a este nuevo órgano es de carácter obligatorio, como sucede en el caso de la creación de todos los organismos autónomos de la región y como quedó establecido cuando se creó la primera Sindicatura de Cuentas.