El Fondo de Cohesión frente al “mal negocio” del convenio sanitario con Madrid
El polémico convenio sanitario firmado con Madrid ha regresado a las Cortes de Castilla-La Mancha aunque de forma muy diferente a cuando se aprobó bajo el mandato de María Dolores de Cospedal. Con el cambio de gobierno y el anuncio de su posible anulación, el pleno del Parlamento autonómico ha aprobado con los votos a favor de PSOE y Podemos, y el rechazo del PP, una propuesta que ratifica su anulación o revisión y propone el Fondo de Cohesión Sanitaria como alternativa. El PP había presentado otra resolución instando a la continuidad del proyecto, que ha sido rechazada.
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha sido el encargado de defender la anulación del convenio sanitario con Madrid, destacando cuestiones como el hecho de que supone inversiones en hospitales madrileños, “ajenos a nuestro sistema”, y que además discrimina a los pacientes de Toledo. Ha remarcado el convencimiento de la Junta de que ese camino “no es el mejor” y de que la atención de los pacientes entre comunidades autónomas solo debe hacerse mediante el Fondo de Cohesión financiado por el Sistema Nacional de Salud, cuya dotación ha sido retirada en los Presupuestos Generales del Estado de 2016.
El resumen del titular regional de Sanidad sobre el contenido del convenio, contra el que ha arremetido duramente, ha sido que promueve el uso del dinero público “para financiar algo que ya pagan los pacientes con sus impuestos”. Así, ha afirmado que si tiene que existir un proyecto de este tipo para la atención a pacientes de otras comunidades autónomas, debe hacerse al “amparo” del Fondo de Cohesión Sanitaria, que es el que “proporciona equidad”. Se trata de una postura que la Junta defiende no solo para Castilla-La Mancha sino que también propondrá para su debate en el Consejo Interterritorial de Salud. “Hay que hacer de este principio de equidad un objetivo nacional para no crear barreras sanitarias y problemas para los pacientes en sus deplazamientos”.
A las críticas al convenio sanitario con Madrid se ha sumado también el diputado de Podemos José García Molina. Ha destacado su defecto de “inequidad geográfica” que ha achacado a una “dudosa interpretación” de las zonas limítrofes y a no haber sabido atender a los intereses de los ciudadanos. También ha denunciado que incluye una “asimetría” que no se corresponde con un convenio de colaboración, afirmando que “si hay facturación” se trata más de la “compra de un servicio público”.
Dinero que se va a hospitales en procesos de privatización
“Si la verdadera intención era cooperar, podrían haberse escudado en convenios como el existente entre Euskadi y La Rioja, conforme a criterios del Fondo de Cohesión Sanitaria”, ha dicho el diputado de Podemos. En este sentido, se ha preguntado dónde reside el principio de igualdad “si al final nuestro dinero se va a otra comunidad y a hospitales en procesos de privatización”.
Ha sido la misma postura defendida por la portavoz socialista, Blanca Fernández, que ha tachado el convenio de “insuficiente, injusto y caro”, y ha insistido en que promueve que los castellano-manchegos paguen dos veces por la sanidad que reciben, “una a través de los impuestos y otra por la prestación del servicio”. “Realmente –ha destacado- no es un convenio de cooperación sino un contrato que además es un mal contrato y un mal negocio para las arcas castellano-manchegas, un precio demasiado caro para una asistencia insuficiente”.
La diputada del PSOE también ha querido destacar que hubo convenios anteriores que funcionaron porque existía un Fondo de Cohesión. Ha interpretado que el hecho de que el Gobierno de Cospedal quisiera este convenio se debió a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha provocado que “no haya ni un solo euro” para garantizar la equidad en la atención sanitaria y el PP las haya sustituido por “fronteras sanitarias”.
PP: el PSOE no contempla las “necesidades de los pacientes”
Desde el PP, el diputado Carlos Velázquez ha acusado a PSOE y Podemos de “cargarse” la asistencia sanitaria apoyando la anulación del convenio. A los socialistas, además, les ha dicho que la Junta ahora promueve su anulación con argumentos referidos al coste del mismo pero no a las “necesidades de los pacientes” y ha negado que con ello se establezcan fronteras sanitarias. Al contrario, Velázquez ha argumentado que el convenio da respuesta a 350.000 castellano-manchegos de Toledo y Guadalajara, y eso lo sabía el actual presidente, Emiliano García-Page, quien “voto a favor” del mismo en el Senado.
El debate, que ha derivado posteriormente hacia cuestiones como las listas de espera, ha finalizado con la aprobación de la propuesta conjunta de PSOE y Podemos en la que apoyan al Gobierno regional en la suspensión o revisión del convenio con el objetivo de garantizar una atención sanitaria igualitaria y equitativa para todos los castellano-manchegos. Mediante la propuesta se insta igualmente al Gobierno central a recuperar el mencionado Fondo de Cohesión. Por el contrario, las Cortes han rechazado la propuesta del PP, que pedía a la Junta dar marcha atrás en esta decisión y poner en marcha el convenio en un plazo de seis meses.
