'Construir para volver a ser': Castilla-La Mancha participa en un proyecto piloto nacional con itinerarios de inclusión social

Castilla-La Mancha participa en un “proyecto piloto” para desarrollar itinerarios de inclusión destinados a personas en situación de vulnerabilidad social financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con nueve millones de euros.

Esta semana el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 2,8 millones para contratar a 42 personas especializadas en Servicios Sociales que participarán en el proyecto ‘Construir para volver a ser’, según ha detallado la consejera portavoz, Blanca Fernández.

Los beneficiarios serán personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero no serán los únicos. Se destinará también a personas que tengan reconocida esa situación de vulnerabilidad o a jóvenes que acaban de salir de tutela de la Junta de Castilla-La Mancha.

Se trata, decía, de “un proyecto de investigación” que marcará el camino para el trabajo de los Servicios Sociales. En total serán 2.000 participantes los seleccionados y estarán divididos en dos grupos. Por un lado, 1.000 personas que “seguirán teniendo la misma relación con los Servicios Sociales” a través del llamado 'grupo de control'. Las otras 1.000 son aquellas que reciben el IMV U otras subvenciones y sobre ellas “se trabajará con itinerarios individualizados de inclusión social” que pueden incluir formación, terapia u otras herramientas, a través del 'grupo de tratamiento'.

El programa se va a llevar a cabo en 15 zonas de la región, tres en cada provincia, en las que se verán representadas todas las zonas que componen la región (rurales urbanas y periurbanas).

“La pobreza no se erradica solo con prestaciones o con empleo, también hay que trabajar lo emocional, lo social o lo cultural”, decía la también consejera de Igualdad, quien ha destacado el “alto porcentaje” entre los colectivos vulnerables de mujeres solas con hijos a cargo. “Diseñaremos itinerarios en función de la situación de cada persona”.

Y es que, abundaba, “el Ministerio quiere dar un paso más en la política social. Se busca erradicar la manida frase, aunque cierta, de que la pobreza se hereda y no solo en términos económicos. Incidiremos en ello en los próximos meses o años”.

También se financiará un segundo bloque de contrataciones de 15 orientadores y orientadoras laborales para las oficinas ‘Emplea’, por importe de 1,2 millones, a las que dará el visto bueno el Consejo de Gobierno en las próximas semanas. De la misma manera se costearán los gastos de formación de las y los profesionales que se contraten en el desarrollo de esta experiencia piloto, así como sus gastos de desplazamientos a los municipios en los que intervengan.

Por último, se financiará la formación de las personas beneficiarias, sus gastos de desplazamiento, porque se trata de intervenir en la cercanía, y los costes que tengan cuando necesiten algún apoyo para cuidados de hijos, hijas o de familiares dependientes ya que el objetivo es que no tengan ningún obstáculo a la hora de desarrollar su itinerario.

Fernández ha mostrado la satisfacción del Ejecutivo regional “porque el Ministerio nos ha priorizado” y cree que eso tiene que ver con el hecho de que en 2017 “pusimos en marcha la Estrategia Regional de Pobreza. La hemos reducido a la mitad: ha pasado de un 7,6% a un 3,1% en seis años. Es un éxito y nos indica el camino a seguir”. 

El proyecto se incardina en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla la implantación de un nuevo modelo de inclusión, a partir del Ingreso Mínimo Vital, que reduzca la desigualdad de la renta y las tasas de pobreza extrema y moderada.

La intención del Ejecutivo autonómico es sumar este proyecto como un elemento más para trabajar con las personas en situación de vulnerabilidad, como ya se viene haciendo con programas de Inclusión Social y con los Equipos Técnicos de Inclusión (ETI), que superan los 70 en la Comunidad Autónoma.

También desde el Gobierno regional se trabaja por la inclusión social a través de convocatorias como la que subvenciona proyectos específicos en esta materia a entidades del Tercer Sector, y que este año 2022 está dotada con 5,3 millones de euros; también dentro de la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF, la línea 1 (voluntariado e inclusión) es la que mayor financiación recibe, con 4,5 millones de euros.