“Me han dicho que si vamos a urgencias en Toledo nos van a cobrar”

Con demasiada frecuencia hablamos de un fenómeno como el de la inmigración mediante cifras y estadísticas a los que no ponemos cara ni voz. En un país como España, que pese a su acuciante crisis económica y social sigue siendo el paraíso para muchas personas procedentes de otros países, el decreto sobre sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2012, agravó la situación de todos aquellos inmigrantes en situación irregular que requieren atención médica. La puntilla se ha puesto además en regiones como Castilla-La Mancha, señalada por la organización Amnistía Internacional en un informe reciente, debido a su falta de programas de desarrollo, y a irregularidades administrativas y de envío de facturas de urgencias a estos colectivos.

La organización defensora de los derechos humanos ha querido poner rostro a dos de estos casos concretos, comenzando por el del matrimonio formado por los chilenos Ismael Cancino y Rosa Azócar, de 82 y 83 años respectivamente, que viven con su hijo Patricio en la localidad toledana de Palomeque. Patricio llegó a España en diciembre de 2001 y tiene permiso de residencia permanente al igual que su padre, pero no así su madre.

Las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha les quitaron las tarjetas sanitarias porque Ismael y Rosa no tienen el certificado de exportación de la asistencia sanitaria de Chile. “”En el Consulado nos dijeron que tendríamos que viajar a Chile para reclamarlo. Y no podemos“, relatan, mientras que en España no les daban ninguna solución. Al no haber presentado este certificado, en aplicación del decreto de 2012, este matrimonio se ha visto excluido de la atención sanitaria.

“Con la burocracia han estado jugando con la vida de mis padres”, explica el hijo de ambos, quien detalla que varios informes médicos señalan que Ismael tiene artrosis generalizada, migrañas, síndrome depresivo, hipertensión arterial y una enfermedad vascular. Su mujer Rosa tiene síntomas de alzheimer, enfermedad de Parkinson y una diabetes que le genera infecciones urinarias y problemas de funcionamiento de los riñones.

Según indicaron a Amnistía Internacional, el médico les señaló que, a partir del día de entrada en vigor del decreto, cuando se sintieran mal tendrían que ir a urgencias al hospital de Toledo que está a 40 kilómetros de distancia. Así lo han estado haciendo los últimos dos años hasta marzo de 2015. Tras haberles atendido en varias ocasiones tanto en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo como en el Hospital Universitario de Getafe (en Madrid), ahora Rosa e Ismael han podido afrontar el gasto en medicinas para sus distintas dolencias gracias a organizaciones sociales.

Desde entonces y hasta hoy, no han tenido más consultas de traumatología, ya que el sistema de salud interpreta que el alta médica es lo mismo que el alta de urgencias, a pesar de que el problema de salud requiere un seguimiento posterior. En consecuencia, aunque Rosa debía contar con seguimiento médico para su recuperación, no lo tuvo. Según opinión médica, la falta de seguimiento clínico adecuado puede provocarle complicaciones.

Por la falta de tarjeta sanitaria, las autoridades no le han proporcionado a Rosa los medios materiales para facilitar su movilidad. La Cruz Roja le ha prestado una silla de ruedas durante seis meses, y además Rosa perdió su dentadura en el hospital, un gasto que no se pueden permitir, puesto que Patricio está desempleado y ni él ni sus padres tienen ingresos. Ya no pueden pagar el alquiler y temen la carta de desahucio. A mediados de marzo de 2015, Ismael y Rosa fueron informados de que, tras la intervención de la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de Seguridad Social había “advertido el error” y les iba a devolver la tarjeta sanitaria.

El caso de Aïcha

Otro de los testimonios aportados por Amnistía Internacional es el de Aïcha, inmigrante marroquí de 57 años que vive con su hijo Mustafá, su nuera y su nieta en Alameda de la Sagra (Toledo). Está en situación administrativa irregular, es viuda y no le queda familia en Marruecos. Mustafá y su familia sí tienen permiso de residencia. Una de sus hijas iba a intentar conseguirle la residencia por arraigo porque su situación económica era razonablemente buena, pero no pudo al quedarse en el paro. De hecho, los tres hijos de Aïcha perdieron sus respectivos trabajos entre 2010 y 2013, lo que dificultó enormemente que pudiera regularizar su situación por reagrupación.

En 2010, ya en España, los médicos le diagnosticaron a Aïcha una diabetes. Durante dos años, tuvo los chequeos médicos periódicos precisos en su centro de salud para hacer seguimiento de la enfermedad, pero en noviembre de 2012, con la entrada en vigor del decreto de exclusión, la tarjeta sanitaria caducó. En el centro de salud le dijeron que no podía renovarla.

Desde entonces, Aïcha ha mantenido el mismo tratamiento a base de pastillas que paga ella misma, y desde hace más de dos años, no ha podido tener acceso a ninguna consulta médica de seguimiento de los factores de riesgo, como el colesterol o la tensión. “Me han dicho que si vamos a urgencias en Toledo nos van a cobrar. En estos dos años cuando mi madre se ha sentido mal hemos ido a una farmacia a comprar calmantes”, cuenta su hijo Mustafá.

“A veces una enfermera que conoce a la familia nos hace el favor y le mira la tensión. También le puede hacer una analítica del dedo para medir el azúcar. Pero en el centro de salud no podemos hacerlo”, añade. El riesgo médico es evidente en el caso de Aïcha, como se desprende de distintos médicos consultados por Amnistía Internacional, pero no recibe ningún tipo de atención sanitaria. Además no habla castellano, lo que entorpece su autonomía personal.

Los casos de Ismael, de Rosa y de Aïcha son la prueba evidente, para Amnistía Internacional, de la vulneración del derecho humano a la salud en España y en Castilla-La Mancha, “una vulneración de este derecho y de los estándares internacionales que España está obligada a cumplir”.

A continuación, vídeo con el testimonio personal de Aïcha: