Se hicieron pasar por funcionarios de Bienestar Social para cobrar supuestas pruebas PCR en una residencia de ancianos

La Guardia Civil ha tenido conocimiento de un presunto delito de estafa bancaria que tiene como telón de fondo la oferta de servicios sanitarios relacionados con la COVID-19.

Fue finales del pasado mes de diciembre cuando una persona denunció ante la Guardia Civil de Añover de Tajo, en Toledo, una estafa bancaria cometida a la residencia de mayores de esta localidad. Los autores, según relata la Benemérita, “mediante engaño y haciéndose pasar por funcionarios públicos de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de comunidades de Castilla la Mancha, solicitaron el pago de unas supuestas pruebas de PCR”.

Lo hicieron por teléfono y dieron “toda serie de detalles de identificación”. Una trabajadora de la residencia dio por fiable la identidad de los estafadores y realizó dos transferencias, una de 202,99 euros y otra de 297,99 a un número de cuenta bancaria aportada por los autores.

A pesar de haber ordenado ya la transacción económica, esta trabajadora sospechó de que pudiera tratarse de un engaño y se personó en el cuartel de la Guardia Civil de Añover de Tajo para denunciar los hechos y a continuación anuló de la transferencia bancaria.

El objetivo son personas mayores, también en la vivienda

La Guardia Civil advierte de que estos delitos, junto con otros de hurto, se materializan de diferentes formas, cuyo objetivo principal son personas de avanzada edad.

En algunos casos, los autores se presentan en las viviendas de sus víctimas asegurando que son personal de Cruz Roja y que van a realizar pruebas a domicilio para detectar posibles nuevos casos de coronavirus. Los delincuentes, aprovechando la alarma social existente y las restricciones que se están llevando a cabo, se hacen pasar por sanitarios o voluntarios de la citada organización.

Seguidamente estas personas se presentan en el domicilio de la víctima, y tras alarmarles sobre el peligro que corren de haber sido contagiados, tratándose de población de riesgo, solicitan entrar en la vivienda para realizarles la prueba de la Covid-19. Tras entretener a la víctima, uno de ellos aprovecha la ocasión para registrar la vivienda y sustraer cuanto pueda.

Otro 'modus operandi' de estos delincuentes se producen en las residencias de mayores donde, haciéndose pasar por médicos o funcionarios de entidades públicas y teniendo amplios conocimientos del tema sanitario, indican que se van a realizar inspecciones en las residencias de mayores e instalar cámaras termográficas anti-covid.

Una vez concretado el día de la inspección, comunican que una empresa de transporte contactará con ellos para la entrega del material a instalar. A partir de aquí, la supuesta empresa de transporte contacta con la residencia y alude demora en la entrega del material, aportando un número de cuenta bancaria donde ingresar el importe de la factura y así recibir el material. Una vez recibido el dinero por transferencia, desaparece toda comunicación entre autores y víctima, quedándose aquéllos con el dinero recibido.

En otras ocasiones llaman a las residencias de personas mayores haciéndose pasar por funcionarios públicos del Área de Salud o pertenecientes a alguna organización del ámbito de la salud y  las reclama el pago pendiente por la adquisición de material sanitario relacionado con la Covid-19.

Estas llamadas las realizaban en ausencia de los gerentes de la empresa, comunicando a quien les atendía que ya contaban con la autorización de la dirección para enviar un pedido con material sanitario relacionado con la Covid-19, advirtiendo los autores de las consecuencias “en forma de sanciones económicas” de no pagar el material. A la vez pedían realizar el envío de dinero al extranjero a través de aplicaciones.

La Guardia Civil, ante este nuevo tipo de estafa, aconseja no realizar nunca ningún pago ni transferencia sin verificar antes la veracidad de la operación y realizar cuantas comprobaciones sean necesarias.