La ley antiocupación que propone Castilla-La Mancha no llegará de momento al Congreso de los Diputados

El Gobierno de Castilla-La Mancha no elevará al Congreso de los Diputados la Proposición de Ley de medidas integrales para la protección del Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas. Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado hoy esta opción planteada por Ciudadanos, gracias a la mayoría socialista y con el voto en contra de PP y de la formación naranja.

El debate se producía un año después de que la Cámara castellanomanchega aprobase remitir el texto legislativo al Gobierno de España instándole así a abordar, en el conjunto del país,  la cuestión de la ocupación de viviendas.

“No es el momento”, decía la diputada socialista Marisa Sánchez. “El Gobierno de España está trabajando en la remisión a las Cortes Generales de la Ley nacional de Vivienda y el de Castilla-La Mancha está en conversaciones para abordar la cuestión de la ocupación en la región”, un problema que no ha negado la diputada.

“No nos escondemos. Y si transcurrido un tiempo razonable no hay respuesta, cogeremos el testigo para solicitar al Congreso que debata esta cuestión. No queremos dar un portazo ni quemar puentes de diálogo con el Ministerio. No es nuestra forma de hacer política”, zanjaba.

Reunión de Page con el ministro Bolaños, sin fecha

Su argumento lo reafirmaba minutos después, en otro foro, el presidente regional Emiliano García-Page, que hoy ha mantenido una reunión con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en el Palacio de Fuensalida.

Ha sido en este marco en el que ha avanzado que tiene cerrado un encuentro, aunque no ha concretado fecha, con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para abordar la problemática en la región, según informa Europa Press.

Durante un receso de la reunión, García-Page ha indicado que, aunque el Gobierno central ha estado estos últimos meses muy ocupado en definir la legislación y el nuevo modelo de vivienda, queda sin resolver el problema legal que implica la ocupación ilegal.

“Nosotros, de manera no solo compresiva sino respetuosa, entendemos ese debate de solución en positivo para la vivienda, pero queda sin resolver el problema que se plantea de regulación, legislación y actuación en relación con la ocupación”, ha criticado.

Pese a admitir que es una problemática que no afecta a todo el territorio nacional por igual, ha insistido en que en Castilla-La Mancha “sí supone un problema muy serio”, que llevó al Ejecutivo regional a plantear una iniciativa legislativa.

“Dije en su momento que, si acabado el 2021 no entrábamos en discusión con el Gobierno de España sobre esta iniciativa legislativa, la plantearíamos a nivel de Cortes generales, cuestión que no va a ser necesaria de momento porque estamos en conversación y en agenda abierta con el Ejecutivo”, ha añadido.

Hoy la ministra se ha comprometido a analizar la ley antiocupación de Castilla-La Mancha que, ha dicho, está “en sintonía” con la ley de vivienda estatal que el próximo martes irá a Consejo de Ministros para una segunda lectura.

Sánchez ha remarcado que el objetivo del Ejecutivo es garantizar el acceso a una vivienda digna, al tiempo que ha añadido que la ocupación es una problemática “acuciante” en esta Comunidad autónoma, por lo que traslada su compromiso de analizar la ley que promueve el Ejecutivo regional.

Precisamente poco antes de terminar el año 2021, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, mostraba la disposición de reformular la norma para remitirla al Congreso, ante el silencio del Gobierno de España. Algo que, de momento, no ocurrirá.

Ciudadanos: “Page ha agachado la cabeza ante Pedro Sánchez”

“Es una buena ley, que tuvo alto grado de consenso. Si ustedes hoy señorías socialistas votan en contra habrán agachado la cabeza ante Pedro Sánchez. No vuelvan a decir que ponen a esta región por delante de su partido porque después de hoy no les va a creer nadie”, decía el  diputado de Ciudadanos, David Muñoz Zapata.

En su opinión, la propuesta legislativa que se ha lanzado desde Castilla-La Mancha “se ha perdido en un Gobierno en el que hay un partido que nació en una casa okupa”, en alusión a Podemos.

“Nos están tomando el pelo a todos, no solo al presidente regional o a los diputados, sino a los castellanomanchegos”, afeaba para criticar que el Gobierno de España tenga el texto “metido en un cajón. Puede que ustedes se conformen con la callada por respuesta, nosotros no. Por eso presentamos de nuevo la iniciativa. Pasa por elevarla al Congreso de los diputados porque no nos fiamos de Pedro Sánchez”. En este aspecto recordaba que, si la ley llega al Congreso, “hay 30 días para que Pedro Sánchez tenga que contestar si quiere o no tramitarla”.  

Muñoz Zapata ha insistido en que “no es solo un problema que afecta a un determinado grupo de personas sino a la sociedad en conjunto y no solo a la propiedad privada, sino a los daños morales y a la salud mental de las personas que, por los largos procesos judiciales, ven afectado su día a día y su estado de ánimo”.

Cree que “el Estado en su conjunto está fallando”, decía, tanto por parte de las administraciones como del poder judicial. “No hay herramientas legales adecuadas para los desalojos y los vecinos se toman la justicia por su mano”, hasta el punto, explicaba de acudir “a las empresas de desocupación, que parecen porteros de discoteca. Es un gravísimo problema”.

En su opinión retrasar u obviar el debate está permitiendo que “los populistas salen beneficiados. Aquellos que se quieren cargar este Parlamento”, decía sin citar a unas recientes declaraciones de Vox, porque “les permite asegurar que el Estado no funciona y que ellos tienen herramientas para solucionarlo”.

También cargaba contra Unidas Podemos. “El problema es que nacieron en una casa okupa. ¿Cómo van a estar en contra de la ocupación?” y después contra los populares. “Están ustedes deseando gobernar con Vox que vende soluciones mágicas y hacerlo a patadas. Nosotros queremos hacerlo con el imperio de la ley y con las instituciones y herramientas de la Constitución y el Estado de Derecho”.

Ha aludido a lo que considera “graves problemas competenciales” de las comunidades autónomas en este ámbito, de ahí que la vía sea la de la iniciativa legislativa para elevarla, bien al Gobierno central, bien al Congreso de los Diputados.  

El PP acusa a Page de “ser cómplice de Sánchez y de Podemos en blanquear delincuentes”

Desde el PP, la diputada María Roldán se ha sumado a las tesis de Ciudadanos y ha criticado que “14 meses después de aprobar una Proposición de Ley que no ha servido para nada. Seguimos en el mismo punto o incluso peor porque el PSOE está obstinado en negar lo evidente: que realmente hay un problema con la okupación ilegal de viviendas en España y en Castilla-La Mancha”.

Ha acusado al presidente castellanomanchego de ser “cómplice de Sánchez y de Podemos para blanquear a los delincuentes en la ocupación de viviendas”. En su opinión, “ocupar está resultando muy barato en nuestro país y eso no se puede consentir. Se nos acusa de crear alarma, pero la realidad de muchos castellanomanchegos se irá agravando cada vez más” y para documentarlo se ha basado no en datos oficiales, sino en noticias publicadas en los medios de comunicación que ha exhibido durante su intervención.

“Su ley era postureo, paripé y un engaño para los ciudadanos de Castilla-La Mancha”, concluía.

PSOE: “Medir los tiempos en política es vital”

La diputada socialista Marisa Sánchez sostiene en el rechazo a remitir el texto al Congreso en que “el regate corto en política no siempre da buenos resultados”.

En su opinión, y dirigiéndose al diputado de Ciudadanos, “su decisión de proponer aquí este debate se debe a su juventud y no me refiero a su edad, sino al hecho de no haber gobernado. Le falta perspectiva en la acción del gobierno. Medir los tiempos en política es vital. Aunque quizá les haya inspirado un motivo más perverso que un simple cambio en el destinatario. Han querido hacer un trágala y se equivocan si quieren poner a alguien en evidencia”.

Sánchez ha dicho entender que ya ha pasado un año sin que el Gobierno de España se ha pronunciado, pero añadía, “no es un asunto baladí. Hay muchas cuestiones encima de la mesa. No estamos de acuerdo en que ahora haya que cambiar el destinatario porque no se han agotado las vías del diálogo”.

Ha repasado la trayectoria del texto legislativo que se remonta al debate parlamentario el 17 de diciembre de 2020. “Acordamos elevarlo para su estudio al Gobierno de España” después de que viera la luz, recordaba, con “ aportaciones y apoyo de Ciudadanos y PSOE y en su redacción final con el 80% de enmiendas del PP que mejoraron el texto”.

A los populares les ha afeado que entonces se mantuvieran “de perfil”. En este sentido recordaba que “se abstuvieron y vienen ahora dándose golpes en el pecho. Los ciudadanos saben dónde está cada uno y ustedes son unos oportunistas”.

A la diputada ‘popular’ le ha preguntado en concreto que, si en el PP “ya que son tan aficionados a borrar tuits, a los vídeos y a la brocha gorda… ¿Cuál es el momento para debatir el problema de la okupación en Castilla-La Mancha? Parece que acaban de llegar y las competencias son del Estado. ¿Qué hicieron en el Gobierno de España y en Castilla-La Mancha cuando gobernaron que no movieron un dedo?”.

Los ayuntamientos podrán gravar el IBI de las viviendas desocupadas

Por cierto que la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de Castilla-La Mancha que hoy se ha aprobado en el Parlamento regional ha introducido en una de sus enmiendas la definición del concepto de inmueble desocupado con carácter permanente de uso residencial.

Una iniciativa que, tal y como avanzase elDiarioclm.es, abre la vía a los ayuntamientos de la región a que puedan incrementar el IBI de las viviendas vacías, siempre dentro de los límites que marca la legislación básica del Estado.

El objetivo es “fomentar la movilización del parque de viviendas residencial que se encuentre desocupado de manera permanente, para atender la demanda de vivienda”. Y es que, según se expone en la propuesta, la “situación de bloqueo o congelación de activos inmobiliarios de uso residencial por parte de grandes tenedores” reducen la oferta y hacen más difícil al ciudadano poder elegir en un mercado abierto“ una opción real y asequible de vivienda” a lo que se suma “la ocupación ilegal”, con la “consecuente degradación de la convivencia vecinal y, además, el tensionamiento de los precios en ciertas zonas donde la demanda de vivienda es más imperiosa”.

De ahí que se quiera dotar a los ayuntamientos de una herramienta que les permita gravar estas viviendas que estén desocupadas con carácter permanente.