Estas son las leyes que las Cortes pueden aprobar este 2018
Nueve leyes son las que podrán aprobar las Cortes de Castilla-La Mancha en este nuevo periodo de sesiones. La Ley de Participación Ciudadana y por una Sociedad Libre de Violencia de Género, por parte de Presidencia; la reforma de la Ley de Caza de 2015 y de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales, por parte de la consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural; de Mecenazgo, Fomento de la Investigación y la reforma de la de Actividad Física y del Deporte, por parte de Educación. Finalmente, por parte de Bienestar Social, la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad y la Ley de Acceso al Entorno de las Personas con Discapacidad Acompañadas de Perros de Asistencia.
Reforma de la Ley de Caza
La reforma de la polémica legislación que aprobó el Gobierno de María Dolores de Cospedal en 2015 no ha sido un trámite rápido, a pesar de la fuerte oposición que mostró el PSOE desde la oposición. Las distintas partes implicadas han acusado a la Junta de Comunidades de mantener una posición parcial ante la legislación, a pesar de que el Gobierno regional ha manifestado abiertamente su búsqueda de consenso ante la modificación de la norma. Fueron muchas las alegaciones que se recopilaron una vez abierto el proceso de consulta pública de la Ley, cuyo proyecto se volvió a remitir a Consejo de Gobierno en diciembre del año pasado.
Entre las novedades que se podrán ver en el nuevo texto, está la evaluación ambiental obligatoria en aquellas zonas de caza en áreas naturales “sensibles” o la prioridad del uso de caminos y montes para otras actividades naturales, como la micología, frente a la caza. También se modificó el precepto que permitía disparar a animales “asilvestrados”, como perros y gatos, que podrán ser capturados, vivos y con “métodos no lesivos”.
Sociedad Libre de Violencia de Género
Tachada como uno de los objetivos sociales “más importantes” de esta legislatura, la Ley pretende actualizar la existente y en su momento también pionera Ley contra la Violencia de Género regional de 2001. El borrador del proyecto incluía así la actualización con los hitos del ordenamiento jurídico que se han desarrollado en estos 15 años, y que se complementa con la normativa de 2010 sobre igualdad entre hombres y mujeres. El texto se basa en el uso de medidas integrales para la prevención, formación y sensibilización de los castellano-manchegos para actuar en contra de la violencia de género. También se pretende reforzar la detección de la misma, la protección de las víctimas, el acceso a la justicia o la reparación del daño a quienes la sufren, no sólo las mujeres, sino también los hijos e hijas.
Recientemente el Arzobispado de Toledo se hacía eco de las quejas de una plataforma católica en contra de una de las medidas que recoge el texto, que se han puesto en marcha de manera provisional. Se trata de una asignatura de educación afectivo-sexual que ya está en marcha en algunos centros de la región y que el colectivo tachó de “adoctrinamiento”, además de acusar al Gobierno regional de poner en marcha dicha asignatura sin consenso.
Participación Ciudadana
Convertir la participación de los castellano-manchegos en una legislación era parte del acuerdo firmado por Podemos y el PSOE para dar la presidencia de Castilla-La Mancha a Emiliano García-Page, un acuerdo que “murió” a finales del 2016. El texto ha salido adelante, y considerará a los ciudadanos mayores de 16 años de toda la región como sujetos activos, así como a entidades privadas y agrupaciones, plataformas u otros colectivos. Según ha defendido la Junta, se trata de regular un modelo de participación que abra la vía a los ciudadanos sin tener que integrarse en “ningún órgano administrativo”.
La legislación contempla la creación de un Portal de Participación Ciudadana, en el que se podrán abrir procesos a instancias de los ciudadanos a través de distintos canales, y también donde se impulsarán foros y espacios para el debate. Desde la entrada de Podemos en el Gobierno regional se abrió ya la Dirección General de Participación Ciudadana.
Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad
Esta Ley se aprobó en el último Consejo de Gobierno de 2017, y se trata de una de las normativas sociales más importantes que se aprobarán durante la legislatura. En el texto, se parte del hecho de que la familia es el primer contexto socializador de la persona para el desarrollo emocional, intelectual, físico y social para las personas con discapacidad. Por ello se ofrece un “plan de futuro” para el momento en que los familiares ya no estén con la persona.
Gracias a esta futura legislación, las familias podrán contar con que los “gustos, sueños, metas, preferencias e intereses” de la persona se tomarán en cuenta por parte de los profesionales que quedarán a cargo, gracias a una planificación anticipada. Esta se denominará Plan Personal de Futuro y se realizará gracias al asesoramiento, orientación y mediación de un profesional de referencia, el llamado agente mediador.
Bienestar, Protección y Defensa de los Animales
Aunque no ha estado exenta de voces críticas, en general la Ley de Bienestar Animal ha sido bien recibida. La Junta ha destacado su carácter pionero en España. La Ley actual data de 1990, muy atrasada con multas todavía en pesetas, mientras que el texto que pretende aprobarse en los próximos seis meses ha aumentado las sanciones y ha clasificado las infracciones hasta la “muy grave” que podría suponer un total de 60.000 euros por matar o envenenar un animal. Entre las propuestas que se incluyen está la prohibición del uso de animales salvajes en los circos, que obligaría a los municipios a acatar la medida.
Sin embargo, la tauromaquia, la caza y la ganadería no están incluidos en la legislación. Es uno de los puntos que colectivos como PACMA ha criticado, ya que consideran que si no se tratan la Ley no podrá situarse realmente a la vanguardia y han tachado de “despropósito” la exclusión de estas prácticas.
Mecenazgo
La Ley de Mecenazgo se proyectó como parte de la financiación regional para la cultura en Castilla-La Mancha. Se trata de un texto en el que se ofrecen distintas ventajas fiscales a quienes donen al sector cultural de la región. Los instrumentos que se utilizarán serán dos: por un lado una suerte de crédito fiscal para quienes lleven a cabo las actuaciones de mecenazgo y que podrán ver sus obras compensadas por otros impuestos de la Junta de Comunidades y, por otro lado, mayores deducciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
La Ley será será aplicable a los servicios y productos culturales derivados de la cinematografía, las artes audiovisuales, las artes multimedia, las artes escénicas, la música, la danza, el teatro, el circo, las artes plásticas, la fotografía, el diseño, las ediciones literarias en cualquier soporte, y las relacionadas con la investigación, la documentación, la conservación y la restauración del patrimonio cultural.
Ley de Accesibilidad con Perros
En el borrador de esta normativa han participado representantes del Comité Español de Representantes de personas con discapacidad CERMI y de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) y es uno de los compromisos adquiridos por la Junta con el CERMI en el Consejo de Gobierno abierto celebrado con la organización. La normativa regulará aspectos como la definición de lo que es un perro de asistencia y lo que no lo es, los derechos y deberes de las personas que los llevan y las entidades de adiestramiento, así como la garantía de los derechos de las personas con discapacidad que vayan con estos perros de asistencia.
“Siempre se tratará de raza canina, de perros y con el máximo respeto, para conseguir un mayor acceso de las personas con discapacidad al entorno y a las vías públicas, para que puedan estar en los transportes públicos, entrar a centros y espacios públicos y privados, para que tengan garantizado este derecho porque forma parte de su propia integración social”, adelantaba a eldiarioclm.es la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.
Ley de Fomento de la Investigación
Otro de los compromisos adquiridos por Emiliano García-Page para promover un cambio en el modelo productivo de la región y también una de las reivindicaciones más potentes de la Universidad de Castilla-La Mancha. La Ley de Investigación de la región tendrá tres ejes de actuación, para definir las prioridades de Castilla-La Mancha y también para programar el uso “de forma estable, periódica y previsible”, de los recursos disponibles de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la I+D+i. Además, se creará una nueva estructura institucional para la promoción e incentivo de la investigación.
El texto definirá también el sistema de I+D+i de la región, que está compuesto por las entidades tanto del Ejecutivo como por las distintas fundaciones, entidades o estructuras de carácter público o privado que contribuyan a la investigación científica y tecnológica, así como a la transferencia de conocimiento a la sociedad y a la aplicación de los resultados. Se creará así también una Consejería competente en materia de I+D+i a la que se sumarán la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología, el Consejo Asesor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha (AIDICM).