Máximo histórico de Castilla-La Mancha en ayudas del Ingreso Mínimo de Solidaridad

El bloque de prestaciones asociadas a la renta garantizada en Castilla-La Mancha, dentro del Plan de Garantías Ciudadanas que Podemos gestiona en el Gobierno regional, ofrece diferentes escenarios en función de las ayudas específicas. Pero, extrayendo al detalle el informe de seguimiento en 2018 de la planificación que la consejera Inmaculada Herranz ha presentado esta semana, la cifra más relevante ha sido el espectacular aumento del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS). Esta es la herramienta castellano-manchega que sería equiparable a la denominada ‘renta mínima’ o ‘ingreso vital’, y alcanzó el año pasado su máximo histórico con 2.633 solicitudes concedidas, un aumento del 45,3% con respecto al ejercicio de 2017. También destaca la subida del 120% de la cobertura de la ayuda de mantenimiento de las condiciones básicas de vida. Pero por el contrario, se produce un descenso en todos los indicadores de personas titulares de la prestación en favor de familias numerosas.

Estos datos forman parte de uno de los tres bloques en los que se divide el Plan de Garantías Ciudadanas, concretamente el de prestaciones económicas del Sistema de  Servicios Sociales, para hacer efectivo el derecho de protección social en situaciones de necesidad social y carencia de recursos económicos. Según los indicadores utilizados en el informe, se aprecia también un aumento en las concesiones del IMS en unidades familiares con menores, pasando de 1.280 a 1.294 entre los dos años.

Por provincias, la tasa de variación positiva con respecto a las solicitudes concedidas  en 2017-2018, está representada en la provincia de Cuenca con un 113,2% de crecimiento (pasando de 76 concesiones en 2017 a 162 en 2018); en Albacete con una  tasa de crecimiento del 76,2% (pasando de 555 a 978); en Guadalajara con un 47,1% de crecimiento (pasa de 104 concesiones a153); en cuarto lugar por tasa de crecimiento estaría la provincia de Toledo (pasa de 318 concesiones en 2017 a 431 concesiones en 2018), y por último Ciudad Real con un incremento del 19,8% (pasando de 759 en 2017 a 909 en 2018).

En el apartado referido a la renta garantizada se encuentran también las Ayudas de Emergencia Social (AES), aquellas de carácter extraordinario y naturaleza no permanente destinadas a hacer efectivo el derecho a la protección social en situación de carencia de recursos económicos, para afrontar situaciones no previsibles de necesidad. En este caso, las solicitudes concedidas en 2018  bajan con respecto a 2017, pero de forma muy leve: un 1,6%.

En mayor medida han bajado las prestaciones en favor de familias numerosas, con un descenso el año pasado del 15,5% en cuanto a solicitudes y un 28,5% en cuanto a las concedidas. El número total de familias numerosas que durante 2018 recibieron la prestación se registran 14.603, lo que muestra un descenso de un 21,4% con respecto al total de prestaciones de 2017. La tasa de variación negativa se distribuye de forma equilibrada en todas las provincias, encontrándose en valores de descenso  situados entre el 23,8% en la provincia de Guadalajara y en el 18,6% en la provincia de Albacete.

Este bloque refleja un dato que el informe destaca posteriormente. Aquellas medidas que suponen la recepción de una prestación con un carácter periódico y de naturaleza asistencial, en 2018, frente a lo que se observó en 2017, son las mujeres  en mayor proporción quienes las solicitan y por ende las titulares de la concesión de las mismas. Esta tendencia se ve más clara en las ayudas concedidas para el Ingreso Mínimo de Solidaridad, en las que el 67,3% corresponden a mujeres frente al 32,7%  en favor de hombres. Lo mismo ocurre en las Ayudas de Emergencia Social: el 70,8% son en favor de mujeres mientras que solo 29,2% se conceden a varones.  El mayor impacto de género se observa en las  ayudas destinadas al mantenimiento de las condiciones básicas de vida. Estas se conceden en un 96,8% en favor de mujeres en situación de viudedad que han sido dependientes económicamente de sus cónyuges fallecidos.

Según el documento, esta tendencia representa uno de los mejores indicadores de los condicionantes de género en la autonomía económica de las mujeres presentes en la sociedad actual, puesto que la situación está más equilibrada en aquellas  prestaciones y medidas vinculadas a educación y a empleo.

Comedores escolares, planes de empleo y pobreza energética

En otro apartado del informe de seguimiento se refleja una nueva subida muy significativa: es el caso de las ayudas para comedores escolares al alumnado  de  Educación Infantil  (2º ciclo) y Educación  Primaria. Han aumentado un 40,9% en el curso 2018/2019 con respecto al curso 2017/2018, pasando de 13.817 a 19.468. Las solicitudes presentadas para este mismo periodo a su vez reflejaron un aumento del 61,5%.

Dentro del bloque referido a la garantía de rentas se incluyen también los planes de empleo protegido. Los más representativos, en cuanto al número de contrataciones que albergan, son aquellos dirigidos a desempleados de larga duración, y por otro lado, también están contemplados aquellos destinados a personas desempleadas con prestación mayores de 55 años. En el primer caso, durante 2018 se ha registrado la contratación de 11.878 personas, frente a las 12.845 contratadas en 2017. Esto supone un ligero descenso del 7,5%. Según se apunta en el informe, esto puede reflejar el hecho de que grandes ayuntamientos hayan ajustado las remuneraciones en la contratación a lo dispuesto en  los convenios sectoriales para cada ocupación, lo que ha supuesto un incremento en la inversión para este tipo de contratos que redunda en la calidad de los mismos, y por tanto, una bajada en el número de contrataciones.

Finalmente, en el apartado del Plan de Garantías Ciudadanas referido a la lucha contra la pobreza energética, el informe desvela que el pasado año se proporcionaron 6.333 ayudas de emergencia a hogares, lo que supone un ascenso del 8,3% con respecto a los apoyos económicos en 2017. También suben las actuaciones  para impedir cortes de suministro ante situaciones de endeudamiento: 643 intervenciones frente a las 494 de 2017, un 30,2% más.