La ILP para una nueva ley educativa busca 50.000 apoyos
En la Assemblea Groga -movimiento que reivindica la escuela pública- de la zona del Maresme, hace más de un año, se llegó a la conclusión de que para defender una idea de escuela pública y democrática había que pasar de las protestas a las propuestas, así que pusieron sobre la mesa el impulso de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para redactar una ley que incorporara sus demandas. Esta iniciativa empieza este lunes su penúltima fase: la recogida de 50.000 firmas de apoyo, que permitirán que la ILP se debata en el Parlament de Catalunya.
Los promotores de la ILP se han citado este lunes en la Cámara catalana para habilitar a los fedatarios de la iniciativa, es decir, las 250 personas que estarán reconocidas para recoger las firmas de apoyo. A partir de hoy, los impulsores cuentan con 120 días hábiles -prorrogables a 60 más- para conseguir los 50.000 avales. Una vez recogidos, el Parlament deberá someter a debate la propuesta de ley y deberá dar la posibilidad de participar en los impulsores.
La iniciativa legislativa popular se ha elaborado con el apoyo de colectivos de docentes -también algún sindicato, como USTEC-STEs-, organizaciones estudiantiles, entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona o partidos políticos como EUiA o la CUP. Sus impulsores, al amparo de la Assemblea Groga, consideran que la Ley de Educación de Catalunya, aprobada en 2009, es “incapaz de dar una respuesta positiva a nuestro sistema educativo”. Así consta en la exposición de motivos del texto de la propia ILP, donde se deja claro que la existencia de una red de escuelas públicas y una de concertadas “hace que haya aumentado de manera peligrosa la discriminación educativa y la segregación”.
Acabar con los conciertos educativos es uno de los principales objetivos de la propuesta legislativa. Lo explicaba recientemente uno de sus promotores, Ramon Font: “En un plazo de diez años habrá un proceso de eliminación de conciertos para garantizar la igualdad de oportunidades; la concertada podrá pasar a ser pública -financiada con dinero público- o privada -con dinero únicamente de privados-”.
La lista de adjetivos con los que se quiere calificar el sistema educativo es larga -“público, democrático, inclusivo, coeducativo, laico, popular y en catalán”- y pretende abarcar desde la etapa de la guardería hasta la universidad. De hecho, una de sus primeras propuestas es hacer efectivo el derecho a la educación en todas las etapas, algo que no ocurre en algunos casos en las guarderías o en las universidades, donde el pago de las tasas puede dejar fuer a los que tienen menos dinero.
La ILP incorpora también conceptos de la Ley de Educación de Catalunya que considera que no se han cumplido, como por ejemplo la apuesta por la autonomía de los centros educativos, “sin direcciones impuestas desde fuera y con proyectos educativos en el seno de la escuela”. La iniciativa aboga por “recuperar la gestión democrática” de escuelas e institutos que, según dicen, la LEC y la LOMCE les han “arrebatado”, en referencia a cambios como el peso de los Consejos Escolares a la hora de tomar decisiones en el centro.
Otro de los puntos de la ILP es establecer una financiación del sistema educativo “de acuerdo con la importancia que tiene la educación para la vida de las personas y la sociedad”. En este sentido fijaría como mínimo la media europea: un 5,4% sobre el PIB. Actualmente en Catalunya este gasto es del 4%.
