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Barcelona acusa a los jueces de tumbar el veto a los coches contaminantes por “ideología”

La teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz

Oriol Solé Altimira

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La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona debe mantenerse. Este es el consenso político que han expresado de forma conjunta este miércoles el Ayuntamiento de la capital catalana y los otros cuatro consistorios metropolitanos incluidos en la ZBE y la Generalitat. El problema es que la ZBE no está en manos de la política, sino de la Justicia, a quien el Ayuntamiento de Barcelona ha acusado de anular la medida por “ideología”.

Más allá de reafirmarse en su voluntad política de mantener la ZBE y de recurrir al Supremo su anulación, la comparecencia de las administraciones afectadas por el fallo judicial ha servido para que el consistorio barcelonés criticara a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que el lunes tumbaron la medida anticontaminación. “La sentencia incorpora más elementos políticos e ideológicos que jurídicos”, ha expresado la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz.

“Respetamos las resoluciones judiciales aunque no las compartamos, y estamos de acuerdo en que la transición ecológica tiene que ser justa”, ha manifestado la teniente de alcaldía de transición digital y movilidad, Laia Bonet. La representante socialista ha rebajado las críticas de Sanz (comuns) a los jueces, y ha alegado que precisamente para cumplir con el objetivo de que la ZBE no tuviera un gran impacto en las clases bajas el Ayuntamiento estableció moratorias a vehículos contaminantes y subvencionó tarjetas de transporte público a cambio de desguaces.

Otro punto de desencuentro entre comuns y socialistas es la inclusión de más vehículos vetados en la ZBE. En este sentido, Bonet ha reafirmado que, en contra de la intención de los comuns, los vehículos con etiqueta amarilla de la Dirección General de Tráfico (DGT) no se incluirán de forma inmediata en la DGT.

Todos los representantes de las administraciones han estado de acuerdo en que la sentencia es contraria a las obligaciones anticontaminación que vienen de la Unión Europea y que han hecho que 300 grandes ciudades del continente aprobaran una ZBE similar a la de Barcelona. “La sentencia va más allá de un análisis jurídico del expediente, y eso nos preocupa”, ha apuntado el director general de calidad ambiental y cambio climático de la Generalitat, Marc Sanglas.

La ZBE entró en vigor en enero de 2020 sin oposición política. Solo el PP, Ciudadanos y Barcelona pel Canvi –el partido de Manuel Valls– se abstuvieron. A favor votaron, además de los comuns y el PSC, ERC y Junts. La medida cuenta con el respaldo de los otros cuatro ayuntamientos de la conurbación barcelonesa incluidos en la ZBE –Sant Adrià del Besòs, L'Hospitalet, Esplugues y Cornellà de Llobregat–, la propia AMB y la Generalitat.

El Gobierno catalán ha ido más allá que la ley estatal de cambio climático –que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a aprobar una Zona de Bajas Emisiones antes de 2023– y ha fijado el umbral en los municipios de 20.000 habitantes. La sentencia ha generado preocupación el Govern y los municipios, que quieren blindar las ordenanzas para que la Justicia no tumbe las nuevas ZBE.

Además de asegurar que los datos del parque móvil no estaban “actualizados”, el TSJC anuló la ZBE al considerar que el Ayuntamiento no calculó el impacto de la medida en los propietarios de vehículos contaminantes que se vieron obligados a cambiarlos. Una consideración de los jueces que choca con lo que precisamente aducían las memorias justificativas del Ayuntamiento, que recordaban que la ZBE no afecta “en gran medida” a las clases sociales más bajas porque los más desfavorecidos no suelen usar el coche para desplazarse, sino el transporte público.

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