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CATALUNYA

Las multas a patinetes de alquiler por aparcar en sitios públicos en Barcelona se disparan: 700 en lo que va de año

El Ayuntamiento ha pasado de imponer 41 sanciones en 2018 por estacionar mal los patinetes de renting y sharing a más de 700 en los primeros seis meses de 2019

El aumento de las denuncias de la Guardia Urbana a estos vehículos coincide con la llegada a la ciudad de Reby, que coloca sus patinetes en los párkings públicos de bicis

El consistorio presenta este jueves una regulación para el negocio de bicis y motos de sharing que incluye una tasa por vehículo, pero no tiene todavía para patinetes

Un patinete de Reby, aparcado en un párking de bicis en la calle Ortigosa

Un patinete de Reby, aparcado en un párking de bicis en la calle Ortigosa

Antes de empezar 2019, la Guardia Urbana de Barcelona solo había puesto 41 multas por aparcar patinetes de alquiler en sitios públicos. Pero este año la cifra se ha disparado, coincidiendo además con la llegada a la ciudad en diciembre de Reby, la primera empresa de patinetes de uso compartido que intenta hacer negocio en la capital catalana dejando esparcidos sus vehículos por los aparcamientos públicos de bicicletas. Las sanciones de enero a mayo se han multiplicado hasta llegar a 710.

Desde que se aprobó en 2017 la ordenanza para poner coto a la circulación de patinetes –tanto de particulares como de empresas de alquiler–, la policía municipal ha puesto miles de multas a conductores privados por incumplir la normativa. Por ejemplo, por llevar a más de una persona en el vehículo o por conducir por la acera o por calzadas de más de 30 kilómetros por hora. También se ha multado a empresas que alquilan patinetes y bicis por circular sin cumplir los "requisitos establecidos", a menudo grupos de turistas que van sin guía o sin casco, ambos obligatorios. En estos casos, se han puesto hasta 1.244 denuncias desde que existe la normativa, según datos del consistorio.

Pero si ha habido un antes y un después en la aplicación del régimen sancionador sobre este fenómeno reciente, el del alquiler y uso compartido de patinetes, es en las denuncias por mal estacionamiento. Desde enero hasta mayo, los agentes de la Guardia Urbana van a razón de entre cuatro y cinco multas al día. 

Desde el consistorio no atribuyen el aumento a ningún motivo concreto, más bien a una aplicación cada vez más concienzuda de la ordenanza municipal, pero la gran diferencia en la capital catalana de 2018 a 2019 es el desembarco de Reby, una empresa de patinetes de uso compartido que deja sus vehículos aparcados en párkings públicos de bicis para que los recojan allí los usuarios, que los activan vía app previo pago de un euro. El problema es que esos estacionamientos, las barras metálicas en forma de U, son exclusivos para bicis, con lo que su uso por parte de los patinetes conlleva una multa de hasta 100 euros. 

Contactada por eldiario.es, la empresa admite que ha recibido multas del Ayuntamiento, aunque no detalla la cifra exacta. Tampoco el consistorio especifica cuántas de las sanciones son para los patinetes de esta firma (más allá de los 52 patines que dijeron haberles incautado hasta febrero). Eso sí, desde Reby aseguran que el origen de sus multas no es tanto que aparquen en las U como que algunos de sus usuarios se dejen el patinete aparcado en medio de la acera o atado a árboles o farolas. Si eso ocurre, sus clientes de momento solo reciben una notificación de que han estacionado incorrectamente. "Lo que haremos es aplicar sanciones de entre 20 y 50 euros a los usuarios en función de la gravedad o la reincidencia", asegura un portavoz de la empresa sobre una de sus ideas de futuro. 

Reby, fundada en septiembre de 2018 por Pep Gómez –apodado el 'Steve Jobs de Castellón'–, es una startup que se lanzó a operar en la capital catalana tirando de los aparcamientos públicos de bicicletas, lo que causó indignación entre algunos vecinos y ciclistas. Con unos 300 vehículos, esta es la primera firma de transporte urbano que trata de implantar este modelo de negocio en Barcelona. 

A diferencia de Madrid u otras ciudades españolas, donde ya se ha regulado el sector de los patinetes de sharing con la concesión de un número determinado de licencias, en Barcelona todavía no se ha desarrollado esta normativa. No obstante, la ordenanza de circulación de peatones y vehículos sí recoge desde 2017 una serie de normas de uso de patinetes –llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP)– tanto si son de privados como si son de empresas de renting o sharing

Es en esta norma donde se especifican las condiciones de circulación para los VMP destinados a explotación económica, sobre todo pensado para los que alquilan grupos de. Tanto en los de tipo A (patinetes ligeros y hoverboards) como en los de tipo B (patinetes más grandes y segways) hay que llevar casco. Si van en grupo, pueden ir como máximo tres (guía incluido) y, si son hasta seis, solo pueden desplazarse por rutas específicas establecidas por el consistorio. 

Mucho más avanzada que la regulación de las condiciones de explotación de los VMP de uso compartido es la de su sector hermano, de bicicletas y motos de sharing. Su implantación en la ciudad, con compañías como Cooltra, Scoot, Mobile o Donkey Republic, es anterior a la de los patinetes, aunque no menos polémica en el caso de las bicis, puesto que algunos vecinos y entidades se quejaron de que siendo negocios privados usaran por igual los aparcamientos públicos en forma de U. Precisamente este jueves el consistorio dará detalles sobre esta normativa. 

El Ayuntamiento aprobó poco antes de las elecciones una modificación de las ordenanzas fiscales para que estas empresas paguen 71 euros por vehículo al año por ocupar espacio público, puesto que en el caso de las motos también aparcan en las zonas de estacionamiento pensadas para estos vehículos.

El consistorio anunció entonces que daría un número máximo de licencias: 3.500 para motos (ahora hay unas 2.300) y 2.500 para bicis (ahora hay unas 1.500). Otra propuesta que se esbozó entonces, y que falta ver si acaba tomando forma en la normativa, fue fijar un límite de empresas que puedan operar en el mercado y obligarlas a compartir con la Administración municipal los datos que generen sus vehículos. 

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