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El dilema de Torra: convocar elecciones o dejar la fecha a merced de la pandemia

El presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Arturo Puente

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Desde su llegada a la presidencia de la Generalitat, Quim Torra ha demostrado ser un hombre de ánimo cambiante y planes difíciles de prever. Sus críticos aseguran que improvisa; su equipo lo resalta como capacidad de adaptación. Por eso a nadie le ha sorprendido que su voluntad inicial de no permitir que fuese el Tribunal Supremo quien convocara las elecciones se haya ido torciendo en las últimas semanas. A mediados de agosto en el Palau se preparaban para una convocatoria inminente. Esta semana en Junts daban por hecho que habían conseguido que Torra aceptase “agotar la legislatura”, lo que significa no convocar elecciones antes de su inhabilitación. El entorno del president guarda silencio.

En la decisión que debe tomar Torra se cruzan la variable política, de interés para su partido, pero también una personal, sobre cómo pasará su nombre a la historia de la política. Carles Puigdemont y los suyos están convencidos de que el mejor escenario para su estrategia es que la silla de la presidencia quede vacante durante la campaña electoral. Señalan antecedentes: en diciembre de 2017, en un momento de máxima tensión política y bajo el 155, JxCat consiguió darle la vuelta a las encuestas y acabar por encima de ERC. Un escenario con similitudes al que quedaría cuando, como se espera, el Supremo confirme la sentencia de inhabilitación contra el president. “No hay ninguna razón para convocar elecciones, que es precisamente lo que buscan los tribunales”, asegura una fuente parlamentaria de JxCat.

En el otro lado de la balanza está el precio personal que Torra pagaría para llegar a una situación así. En primer lugar, sería un president que se puso de perfil ante su prerrogativa institucional de llamar a las urnas. Y lo que aún podría ser más pesado, dejaría las elecciones para una horquilla temporal que coincide con las peores previsiones del calendario epidemiológico, entre el próximo invierno y la primavera.

De la Generalitat han salido informes que pronostican alto riesgo de contagio desde octubre hasta el mes de marzo, con pico en Navidades. Y, en el caso de una inhabilitación de Torra antes de convocar elecciones, el calendario comenzaría a contar en la primera investidura fallida y, de no hallarse sustituto en los dos meses siguientes, se llamaría a las urnas automáticamente 54 días después.

Una vez el jefe del Govern pierda el control sobre la convocatoria electoral, la evolución de la pandemia puede convertirse en el factor que más determine la fecha. Como ya ocurrió en Euskadi y Galicia, una situación de alto riesgo epidemiológico puede ser incompatible con abrir los colegios y hacer pasar a toda la ciudadanía por ellos en solo una jornada. Las últimas elecciones autonómicas acabaron retrasándose más de tres meses, y eso gracias a que la situación sanitaria se estabilizó parcialmente a finales de junio. Pero, aún así, los problemas que se derivaron fueron numerosos, como el hecho de que los contagiados perdieran de facto su derecho al voto por estar obligados a guardar cuarentena.

En torno al calendario catalán hay demasiadas variables aún no resueltas como para hacer previsiones fiables. Pero los partidos catalanes –no solo los independentistas– ya no solo hacen cuentas sobre un escenario de elecciones inmediatas y con cierta estabilidad, sino que también cuentan con la posibilidad de que no haya comicios en muchos más meses de lo esperado y que se llegue a ellos en una situación de caos institucional. Sin un president, con el Parlament paralizado o incluso con unas elecciones convocadas automáticamente pero que no se puedan celebrar en su fecha por la pandemia.

En el seno de JxCat han convivido dos opiniones sobre la posibilidad de un desenlace tan poco halagüeño. Nadie lo descarta pero, mientras que en el Palau creen que deben evitar a toda costa una situación así, en Waterloo consideran que es un riesgo que merece la pena correr. En ERC, en cambio, hay unanimidad: Torra ha de garantizar que no sea el Supremo quien convoque las elecciones. Y eso solo puede ocurrir si las convoca él. Algo que le han pedido con insistencia, en privado y en público. Los republicanos quieren que se sepa que su posición es clara a favor de la convocatoria inmediata, pero tampoco desean mostrarse ansiosos.

Las encuestas internas que manejado el partido de Oriol Junqueras indican que su votante está algo apático, y que podría estarlo más, por lo que retrasar los comicios no les ayuda en absoluto. Su perfil de gestión se ha desgastado con la crisis sanitaria y su apuesta pactista en Madrid no ha cosechado los frutos esperados. Además, si se cumpliera el plan de Puigdemont, el candidato de ERC y vicepresident del Govern, Pere Aragonès, quedaría al frente del Govern ante una inhabilitación de Torra. Una situación que fuentes de Esquerra describen como “una lotería”. Puede ir bien para acabar de dar una imagen presidenciable al candidato o puede ir muy mal, si queda chamuscado bajo la acusación de ser el presidente impuesto por el Supremo.

En la sala de mandos de ERC aún se inclinan por pensar que eso no sucederá. “Los convergentes no se arriesgarán a soltar la presidencia, es lo único que tienen claro”, pronostica una de las personas que diseñan la estrategia de los republicanos. “Si vamos a acabar perdiendo la presidencia, poco importa si la perdemos unos meses antes, y si la vamos a conservar, qué más da que haya un impasse”, razona otra voz del entorno de Puigdemont.

En cualquier caso, Torra ya ha cruzado el límite temporal que hubiera impedido que Aragonés le sustituyera durante un periodo significativo. Si hubiera firmado el decreto hace dos semanas, las elecciones hubieran sido el 11 de octubre, momento en el que el jefe del Govern habría sido, como mucho, recientemente inhabilitado. Sin embargo, cada día que pasa la fecha electoral se desplaza, y con ella se dilata el periodo que la Generalitat deberá estar sin president.

Después de barajarse varias fechas que no fueron, ahora en los calendarios está marcado el 15 de noviembre: sería el domingo en que podrían caer los comicios si Torra los convoca alrededor del día 17 de septiembre, cuando tiene su vista en el Supremo. Si no lo ha hecho antes, esa será la última vez que el president se enfrente al dilema que le ha perseguido todo el verano, entre colaborar con los planes de formación o dejar la fecha electoral a merced de la pandemia.

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