Las infraestructuras y los intereses valencianos

Resulta paradójico que, al mismo tiempo que muchos certifican el final de la geografía y de las particularidades de los territorios ante la globalización, las infraestructuras que nos atan al mundo –o su ausencia– sean cada vez hechos más determinados. Hoy, en 2016, los intereses valencianos en esta materia pasan por una palabra mágica: la conectividad. No solo física, es cierto, pero también física. Hay que evitar ser un callejón sin salida en esta contienda mundial y por eso debería ser uno de los objetivos de los procesos de toma de decisiones en materia de obra pública e infraestructuras.

En este objetivo, sinceramente, los intereses de los valencianos no son tan distantes de los que se debería marcar el Estado español. Pero España se caracteriza por no aprender de su historia. En los años diez y veinte del siglo pasado, las únicas divisas que entraban en el país eran las que provenían, básicamente, de las exportaciones valencianas de frutas y hortalizas. Hasta el desarrollo del turismo masivo y de la emigración, el Estado progresaba gracias a la apertura valenciana. Cien años después, nos encontramos en otro momento similar. España debería entender que invertir en las infraestructuras que los valencianos necesitamos sería invertir en la mejora de la economía global, de su competitividad general. Todos podemos intuir que es un interés relevante para los valencianos el desarrollo del puerto de Sagunt y València, sin embargo, ¿no es igualmente estratégico para España conectar la orilla mediterránea con la cantábrica de un modo eficaz? De la misma manera, tener un eje de comunicación multimodal potente por el litoral que conecte la economía valenciana de exportación (automóviles, cerámica, piedra y mármol, fruta…) con los mercados europeos es esencial. Sin embargo, ¿no lo es también para la economía murciana, catalana y andaluza? Disponer de una autopista sin peaje por el litoral mediterráneo beneficiaría la llegada de turistas y aligeraría la presión sobre las carreteras que atraviesan numerosas poblaciones valencianas, sin embargo, ¿no cerraría de una manera completa la red de autovías que el Estado ha ido creando con el gran agujero entre las tierras de Castellón y Tarragona? Y así podríamos continuar: habilitar un tren por la costa hacia una de las zonas turísticas más potentes de la España (La Marina), ¿no permitiría que más visitantes extranjeros, gente mayor por ejemplo, que no quiere conducir, se beneficiaran y este enclave pasase a ser más competitivo a escala internacional? ¿Y las cercanías? Además de ser un servicio público obligatorio que debe prestar el Estado, un sistema conveniente de cercanías alrededor de las grandes áreas metropolitanas valencianas, ¿no mejoraría la calidad de vida de un buen número de ciudadanos, resolvería embotellamientos y congestiones viarias –y evitaría las costosas inversiones en ampliación de carreteras para descongestionarlas? ¿Y la resolución de los cuellos de botella ferroviarios en los nodos urbanos de València y de Alicante –las operaciones asociadas en las estaciones respectivas–, ¿no haría más fluida y eficaz la circulación de uno de los corredores ferroviarios más utilizados en España?

Los intereses valencianos en materia de infraestructuras muestran una dirección que, sinceramente, debería seguir España: sin olvidar la necesaria dotación de necesidades infradotadas en otras regiones del Estado –que también tienen derecho a unas comunicaciones seguras y decentes, ¡faltaría más!–, la apuesta por una apertura definitiva hacia los mercados europeos y asiáticos, la intermodalidad portuaria, el transvase hacia el ferrocarril de cargas, la definición de ejes estratégicos de mercancías de carácter transversal, la puesta en marcha de una auténtica política de accesos ferroviarios a las ciudades de cara al siglo XXI, el apoyo a la combinación carretera-tren, el establecimiento de accesos eficaces a las zonas turísticas y logísticas litorales, etc., podrían y deberían definir el horizonte de una nueva política de infraestructuras a España que, si se hiciese, beneficiaría a la sociedad y a la economía valenciana y, en general, mediterránea.

La política española en materia de obras públicas e infraestructuras oscila entre la inercia y la visión avejentada del contexto económico y global mundial, con ciertos toques de radialidad inherentes al modelo, cuando menos desde el siglo XVIII. Estos rasgos no se han ajustado nunca a los intereses valencianos. Por ello, promover una nueva cultura de las infraestructuras a España, asentada en principios modernos y estratégicos, debería ser un objetivo, también, asociado a los intereses de los valencianos.

*Josep Vicent Boira. Secretario Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio