El bipartito de Alicante (PP y Cs) recupera la polémica ordenanza ‘antimendicidad’ de Castedo

Alicante contará con una nueva ordenanza contra la mendicidad y la prostitución similar a la aprobada en el último mandato de la alcaldesa popular Sonia Castedo, derogada por el tripartito de izquierdas que entró en el Ayuntamiento en 2015. Con el nombre de ‘Ordenanza de Convivencia Cívica’, la nueva normativa se ampara en “las denuncias de los vecinos que se han desbordado”, defienden el actual consistorio, tras eliminar el anterior gobierno la ordenanza de Castedo.

El edil de Seguridad, José Ramón González, del PP, ha tratado este martes de desmarcarse de la norma de la exalcaldesa, actualmente procesada por corrupción en el supuesto amaño del PGOU. “Tiene un espíritu diferente y trata de introducir una perspectiva social”, ha defendido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno donde se ha aprobado el proyecto de ordenanza.

Sin embargo, la oposición formada por PSOE, Compromís y Unides Podem considera que el ejecutivo Luis Barcala está recuperando “el espíritu sancionador” de Castedo, cuya ordenanza fijaba sanciones entre los 750 y los 3.000 euros. El borrador de la actual norma prevé multas similares, entre los 210 y los 3.000 euros.

El edil de Seguridad ha explicado que pretenden “solucionar problemas que nos denuncian los vecinos diariamente de convivencia, abordarlos de la mano de los servicios sociales, acompañando y ofreciendo ayuda a las personas que lo necesitan, estudiando cada caso, ofreciendo prestaciones y tratando las adicciones, no podemos mirar para otro lado como hizo el tripartito, dejando que los problemas fueran de los vecinos sin aportar soluciones, ahora podremos poner medidas sociales para resolverlas”.

Con respecto a la prostitución en el espacio público, la ordenanza buscará “evitar actividades de explotación sexual y prohibiendo las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública”, siempre y “cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana”.

Por su parte, el PSPV-PSOE ha señalado que “con esta ordenanza vuelve la peor versión del PP”. Según recoge Alicante Plaza de declaraciones de la edil socialista Llanos Cano, “no se contemplan planes de inserción para ayudar a las personas que se encuentran en situación desfavorecida”. Tampoco cree, como sostiene el equipo de gobierno, que la normativa sea similar al modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), puesto que “en realidad solo se contemplan multas sin que se concreten qué medidas de ayuda se prevé facilitar, como sí sucede en la propuesta acordada en la FEMP”.

Para la concejala de Unidas Podemos, Vanessa Romero, “en Alicante parece que en vez de un bipartito tenemos un tripartito porque es VOX quien marca la agenda del equipo de gobierno”. Romero ha incidido en que la ordenanza “no combate las necesidades de las personas con políticas públicas” sino que “se limita a perseguir a las personas que peor lo están pasando”.

Asimismo, Romero ha advertido de que “lo que está planteando el bipartito no es combatir y perseguir la prostitución, sino esconderla”.

Por último, Compromís, ha avanzado que su voto será contrario a la ordenanza al “no tener en cuenta soluciones y que no proporcione alternativas habitacionales, cuando tenemos un CAI que ya está completo y cuando se ha demostrado tras la declaración del estado de alarma que no existían medios suficientes para atender a esas personas en situación de vulnerabilidad”, ha dicho Natxo Bellido.

Tras pasar por la Junta de Gobierno, esta ordenanza cuyo borrador se ha preparado durante el último año se debatirá y previsiblemente se aprobará con el voto decisivo de Vox en el próximo pleno ordinario, pasando a continuación a la fase de exposición pública.