El juez cita a declarar como testigos en el caso Alquería a los negociadores del pacto de izquierdas en la Diputación de Valencia
Los políticos del PSPV-PSOE y de Compromís que negociaron en 2015 el pacto progresista en la Diputación de Valencia deberán desfilar ante el juez que investiga el caso Alquería. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de València ha citado a declarar como testigos el próximo 16 de diciembre, a petición de la defensa del expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez, a José Manuel Orengo, histórico fontanero en jefe de Ximo Puig, y a Concha Andrés, actual secretaria autonómica de Eficiencia y de Tecnología Sanitaria y exdiputada autonómica. El magistrado también cita a los exdiputados provinciales de Compromís Emili Altur y Josep Bort y al actual representante en la institución provincial Xavi Rius.
El caso Alquería, por el que el presidente socialista de la Diputación, Jorge Rodríguez, tuvo que dimitir, investiga los contratos de alta dirección en Divalterra (la antigua Imelsa) y los presuntos enchufes de personas cercanas a PSPV y Compromís en esos puestos generosamente remunerados. El fenomenal embrollo de Divalterra, por el que están investigados media docena de políticos y cargos de la corporación provincial, acabó con Rodríguez fuera del PSPV. El prometedor político revalidó la alcaldía en Ontinyent en las últimas elecciones municipales con una nueva marca electoral y dejó a los socialistas sin representación.
En el caso Alquería se vislumbran también los enfrentamientos internos en el seno del PSPV-PSOE (y, en menor medida, en Compromís). La UDEF intervino un chat de WhatsApp en el que participaban Jorge Rodríguez, su jefe de gabinete Ricard Gallego y Rebeca Torró, la actual secretaria autonómica de Economía Sostenible del Gobierno autonómico de Ximo Puig, en el que departen “sobre la organización del PSPV a nivel provincial y a nivel autonómico y el apoyo que Jorge Rodríguez pueda dar a Ximo Puig”.
Tras la traumática ruptura con su partido, Rodríguez encara su defensa moviendo el foco hacia las negociaciones del acuerdo progresista para la gestión de la Diputación en 2015. Los cinco representantes citados por el juez pilotaron aquellas negociaciones sobre la transición en la Diputación de Valencia tras el estallido del caso Taula, que investiga al expresidente de la institución provincial Alfonso Rus por una supuesta red de cobro masivo de mordidas.
La defensa de Jorge Rodríguez, tal como informó este diario, pidió al juez que citara a declarar como testigos a los seis políticos para que fueran interrogados sobre la situación que se encontraron en Divalterra (heredera de Imelsa, el epicentro del caso Taula) y, singularmente, sobre la contratación de los siete altos cargos que ideó Orengo. El histórico fontanero del PSPV, que susurraba a la oreja del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, fue contratado el año pasado por la naviera Baleària.
El juez rechaza que declaren los diputados provinciales del PSPV y Compromís, Pablo Seguí y Maria Josep Amigó, “por constar ya sus declaraciones en la causa”. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el instructor cita también el próximo 20 de diciembre a Pilar Moncho Matoses, exdiputada provincial de Turismo por Compormís, y a su asesor Luis Pastor. Anticorrupción cuestiona las contrataciones de Divalterra en el patronato de Turismo porque generan “situaciones indeseables”.
