El juez imputa a Fernando Roig y otros empresarios por prestar millones de euros “a fondo perdido” a Carlos Fabra

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló que investiga si el expresidente de la Diputación Provincial Carlos Fabra ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales por los que estuvo en prisión ha imputado al presidente del Villarreal C. F. y del Grupo Pamesa, Fernando Roig, por prestar a su familia 1,4 millones de euros en el año 2013 “a fondo perdido”.

Así consta en el auto que ha avanzado El Español, según el cual también figuran como imputados los empresarios castellonenses Luis Enrique Batalla (exadministrador de Lubasa y Becsa), Enrique Gimeno (Facsa) y Daniel Vicente Latorre (Reyval), así como Francisco Martínez, exvicepresidente de la Diputación de Castellón; Salvador Martí, expresidente de la Cámara de Comercio de Castellón; Miguel Izquierdo Dols, gestor de Carlos Fabra.

Todos ellos forman parte de los 23 nuevos investigados que supuestamente ordenaron o participaron en la transferencia de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011 y 2012. 

Algunas de las mercantiles investigadas por esas transferencias bancarias, ingresos de cheques, pagos de facturas u otras operaciones económicas fueron adjudicatarias de contratos públicos en la época en la que el político del PP presidió la corporación provincial castellonense.

El juzgado abrió esta causa en junio de 2017, tras recibir una denuncia de la Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. 

La investigación, que ha estado bajo secreto hasta septiembre de este año, trata de determinar el origen de los flujos económicos manejados directamente o a través de terceros por el expresidente de la Diputación y si esos ingresos pudieron responder a labores de intermediación realizadas durante el ejercicio de cargo público.

El juzgado también investiga si se produjo una ocultación patrimonial mediante un entramado de empresas y personas para dificultar el cobro de la deuda contraída con Hacienda tras la condena penal.