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Compromís-Sumar exige para la investidura de Sánchez que se compense la injusta financiación de la Comunidad Valenciana

Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, diputados de Compromís Sumar, en rueda de prensa.

Laura Martínez

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Compromís sitúa la financiación autonómica y la compensación por la deuda generada en el centro de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. La coalición ha presentado este lunes sus propuestas para encarar el proceso de constitución de un Gobierno progresista encabezado por el PSOE y Sumar, que sitúan el déficit de recursos públicos en el centro de la agenda plurinacional.

La coalición, que concurrió a las elecciones generales de la mano de Sumar en el País Valenciano, plantea la reforma del sistema de financiación, la condonación de la deuda histórica y un fondo de nivelación transitorio hasta que se resuelva la reforma, paralizada desde hace dos años pese al compromiso del último acuerdo de legislatura. Ello se traduce en una inyección de 46.000 millones de euros que compense la deuda generada por la infrafinanciación y unos 1.300 millones de euros anuales para la Comunitat Valenciana, la cifra que separa a la autonomía de la media estatal en recursos. Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, dos de los cuatro diputados que obtuvo Compromís-Sumar en las pasadas elecciones, defienden que el fondo de nivelación debería aplicarse a otras comunidades como Andalucía y Murcia, también por debajo de la media estatal en recursos.

La formación, parte del grupo plurinacional bajo el paraguas de Sumar, ha eludido aclarar cuál será su papel en caso de haber Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar. Los valencianistas han indicado que son “un partido de gobierno” pero no han querido entrar a reclamar un espacio concreto. La coalición quiere tener peso en el Ejecutivo en las cuestiones que atañen a la agenda valenciana, pero, según han concretado, prefieren evitar el “exhibicionismo” en la negociación.

Doce propuestas para la investidura

Además de la reforma del sistema de financiación, la coalición reclama la ejecución de los 1.435 millones de euros del plan estatal de cercanías, la limitación de los precios del alquiler y una moratoria para la compraventa por parte de la población no residente de mínimo 36 meses para evitar la especulación. En materia sanitaria, Compromís propone un Plan de choque para fortalecer la atención primaria en todo el Estado garantizando un 25% del presupuesto total de la sanidad, con financiación directa y finalista para que las comunidades autónomas aumenten personal, mejoren las infraestructuras y adquieran material sanitario. Asimismo, se exige el pago de la deuda sanitaria que el Estado mantiene con la Generalitat Valenciana por los desplazados sanitarios, así como el pago del 50% de la ley de autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia.

Además, han exigido un pacto para la liberación del tiempo encaminado a la reducción de la jornada laboral a 32 horas, y el impulso de una normativa estatal que determine los requisitos y condiciones de los servicios prestados por empresas privadas a fin reducir la privatización y externalización de servicios públicos.

Sobre modelo turístico, la coalición valencianista incide en medidas que limiten la afluencia masiva de turistas, con medidas como la limitación de los cruceros -ya presentada en el Congreso- y la limitación de apartamentos turísticos, que influyen en el precio del alquiler. Además, Compromís quiere acelerar la transición ecológica justa apostando por la repotenciación de plantas existentes, priorizar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, así como nuevas plantas solares en suelos degradados, manteniendo siempre un permanente diálogo con la ciudadanía y el tejido agrícola y rural.

Otra de las exigencias es el establecimiento de un índice de precios a los productos agroalimentarios que aseguren precios justos. La coalición reclama una normativa que controle que la cadena alimentaria y sus intermediarios paguen al menos el 60% del precio a los productores. Por último, Compromís ha exigido el impulso de una Ley de financiación de infraestructuras culturales estatales y equidad territorial que garantice los recursos necesarios para una oferta diversa y de calidad en el conjunto del estado.

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