La última víctima mortal del machismo denunció a su expareja por quebrantar la orden de alejamiento y un juzgado la archivó
Elena y su hija de 11 años habían hecho todo lo que tenían que hacer para salir del infierno al que Román Ch. las sometía, al menos, desde diciembre de 2017. La mujer acudió a la policía y al juzgado para que el asesino machista que acabó con su vida dos años y 10 meses después delante de la menor desapareciera de su vida. Pero algo falló, pese a los indicios que indicaban que su expareja suponía un altísimo riesgo para la integridad física de las dos mujeres.
El presunto asesino, que se encuentra en prisión tras ser detenido en Dénia (Alicante) el pasado martes, se saltó la orden de alejamiento que tenía fijada desde enero de 2018 por el Juzgado de Violencia de la Mujer de Dénia para colarse en la vivienda de la mujer y matarla.
En las Navidades de 2017 y la posterior Nochevieja se produjeron las primeras agresiones que la justicia tuvo conocimiento y que acabaron en condena para Román Ch. en febrero de 2019. El asesino agredió en dos jornadas distintas a Elena y pateó a su hija que tenía diez años por intentar defenderla. El juzgado lo condenó, pero atenuó la pena de 112 días de trabajos para la comunidad por su estado de embriaguez. La orden de alejamiento de esta condena era de dos años y dos días, pero quedó suspendida al recurrir la sentencia. Quedó en vigor la orden de protección que se adoptó como medida cautelar cuando la mujer denunció.
Sin embargo, en 2018 el mismo juzgado archivó (concretamente, el 9 de marzo) unas diligencias urgentes por una denuncia que la mujer interpuso precisamente por quebrantamiento de la orden de alejamiento. Un día antes y en una fecha tan señalada como el 8 de marzo, Elena había alertado en el juzgado de que su asesino había intentado atropellar a su hija. La Fiscalía no la creyó y pidió el archivo de las diligencias.
En febrero de este año, el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Dénia volvió a abrir diligencias contra Román Ch. por posibles delitos de amenazas y quebrantamiento de condena. En este caso había un informe de la Policía Local en el que se especificaba que el ahora asesino machista se había puesto en contacto con un hijo mayor de edad de Elena residente en Rusia para amenazar a su madre e hija pequeña. Tampoco sirvió para incrementar la vigilancia o las medidas contra el verdugo.
El nuevo protocolo para la valoración policial del riesgo de las víctimas de violencia de género que entró en vigor en marzo de este año contempla que las agresiones y amenazas contra los niños son un motivo para extremar las precauciones y elevar el nivel el riesgo de las víctimas. De hecho, obliga a la policía a poner en conocimiento del juzgado este tipo de situaciones para que realice valoraciones adicionales, algo que hasta ahora no era obligatorio.
