El entramado empresarial que se benefició de la corrupción del PP

Francisco Camps saluda a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ante Alfonso Rus. 31/03/07 / Kai Försterling

El caso Imelsa -Operación Taula, para la Guardia Civil- ha provocado la detención de ocho cargos del PP valenciano, investigados por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

El juez, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil creen que el PP -partido mayoritario en la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2015- creó una trama de corrupción que pudo servir para enriquecer a mucho de sus cargos y financiar ilegamente al partido.

Esa parte de la organización robaba dinero público mediante la adjudicación de contratos públicos con sobrecostes o justificados con facturas falsas o hinchadas. Estas son algunas de las empresas supuestamente implicadas en el asunto.

Berceo Mantenimientos. La empresa pantalla creada por Marcos Benavent, el yonqui del dinero. Sin un sólo empleado, facturó millones de euros a varios contratistas habituales de la Diputación de Valencia. Los investigadores creen que se usó para blanquear ingresos y cobrar de los proveedores beneficiados por contratos públicos.

Benigrass, fabricante de tejidos de aplicación agrícola e industrial propiedad de Vicente Cuquerella, copropietario de la principal sede del PP en la Comunidad Valenciana. La compañía -registrada el martes por la Guardia Civil- fue una de las beneficiarias del plan de la Diputación de Valenciana para equipar con cesped de artificial muchos campos de fútbol municipales. Ese proyecto tuvo un presupuesto de 33 millones de euros.

Ciegsa. La empresa de la Generalitat creada para construir colegios, cuya gestión está en entredicho por sus sobrecostes, de más de mil millones de euros. Máximo Caturla, exconsejero delegado de la compañía y exvicepresidente de la Diputación, es uno de los 24 detenidos.

Cleop, una constructora habitual en los contratos de las administraciones valencianas. Gestionó la grúa de Valencia durante buena parte del mandato de Rita Barberá. La empresa, que estuvo en concurso de acreedores, está en la lista de grandes morosos con Hacienda.

Engloba, la agencia de publicidad mimada por el PP, según Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel. Habría recibido adjudicaciones a cambio de mordidas y participado en el blanqueo del dinero distraido. La empresa fue registrada. Su presidente, José Adolfo Vedri, detenido en su domicilio.

Hermanos Doménech, con sede en Muro de Alcoy (Alicante). Como Benigrass, beneficiaria del plan para instalar cesped artificial.

Imelsa. La empresa de la Diputación de Valencia dirigida por Benavent. Centro de las adjudicaciones de contratos que se hinchaban para distraer dinero.

Espai Rambleta. Uno de los centros culturales más activos de Valencia. La empresa fue constituida y es gestionada por un consorcio de empresas que sufragaron la construcción del edificio y la gestión de sus actividades gracias a un pago anual -cánon- abonado por el ayuntamiento de la ciudad. La empresa responsable de Espai Rambleta está presidida por Vedri, tambien presidente de Englobal. Y María José Alcón -en libertad bajo fianza por el caso- tuvo una participación activa en la adjudicación.

Servimun. Una empresa administrada por un socio del marido de la portavoz del PP en Alicante durante el pasado mandato, Marta García Romeu. Mariano Sánchez, exsuegro de Benavent, ha sido detenido por su supuesta vinculación con la compañía, adjudicataria de un servicio de atención telefónica de la Diputación de Valencia.

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27 de enero de 2016 - 13:40 h

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