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La Fiscalía investiga pagos a discreción en Sanidad por 1.800 millones

El conseller de Saniad, Manuel Llombart, en el medio, junto a Alberto Fabra.

La Fiscalía de Valencia investiga la denuncia que presentó la Confederació General del Treball (CGT) por las supuestas irregularidades en la gestión del Consell detectadas por la Sindicatura de Cuentas en gastos hechos sin consignación presupuestaria y prescindiendo del procedimiento de contratación pública, según un comunicado del sindicato.

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Las irregularidades, siempre según el sindicato, afectan a varias Consellerias, pero es la de Sanidad la que ha acumulado más facturas de gastos generados al margen totalmente de la Ley. Éstas ascienden, según cálculos de CGT a partir del informe el informe de la Sindicatura de Cuentas de 2012, a 1.864 millones de euros.

La denuncia cita, entre otros, la compra habitual de "productos farmacéuticos y sanitarios a dedo considerándolos contratos menores" y eludiendo así el preceptivo concurso público. CGT cree que en esta y otras prácticas se podrían dar, al menos, los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos

Conocidas las supuestas irregulares y las “astrónomicas” cifras, CGT trasladó a la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas “la negligente forma de gestionar que ha provocado un grave quebranto a la Hacienda Pública”, materializado al pagar esats facturas “escondidas” durante año a través del Mecanismo extraordinario de pagos establecido por el Estado. Tras estudiar la denuncia, la Fiscalía ha decidido investigar el asunto al apreciar indicios de un posible delito.

Los pagos en cuestión, según infiere CGT a partir de una respuesta parlamentaria del conseller de Hacienda, se realizaron sin ningún informe expreso de la Intervención General de la Generalitat. Las “graves irregularidades” denunciadas por CGT consisten en guardar en el cajón las facturas generadas por gastos que no podían realizarse por falta de presupuesto, y además “contratando” prescindiendo absolutamente del procedimiento legal de contratación, en virtud del cual gran parte de estas contrataciones deberían haberse sometido a licitación pública.

Según CGT, “el perjuicio causado a la Hacienda Pública teniendo en cuenta que se trata de un gasto de casi 2.000 millones de euros, puede ser de dimensiones descomunales, lo cual deberá dilucidarse en el procedimiento por responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas, y en el proceso penal correspondiente, a los efectos de depurar responsabilidades y exigir la devolución de lo que nos han robado, y que los saqueadores de lo público cumplan las penas que les correspondan”.

Publicado el
23 de junio de 2014 - 14:01 h

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