La investigación de corrupción hace cola en las Corts Valencianes
Cuando los partidos del Pacto del Botánico se hicieron a la dinámica parlamentaria desde el poder se propusieron investigar la gestión del anterior Ejecutivo. valenciano Y del anterior. Y de los 20 años de mayorías del PP. La regeneración democrática y la transparencia iban negro sobre blanco en el documento de Gobierno. El acuerdo de las fuerzas de la izquierda (PSPV-PSOE, Compromís y Podemos) dio lugar a la creación de una serie de comisiones de investigación de la anterior etapa que saturaron la capacidad de las Corts Valencianes. No cabían más comisiones, no había tantos diputados.
Los parlamentarios acordaron un máximo de reuniones para investigar los temas propuestos y que se irían convocando las nuevas comisiones a medida que se resolvieran los asuntos pendientes. A un año de finalizar la legislatura, todavía quedan dos investigaciones que se aprobaron en 2016 y que aún no se han podido convocar: la del caso Taula y la de la financiación electoral del PP. Dos comisiones que, en lo judicial y en lo político, tienen puntos comunes: la corrupción del PP.
Investigar las malas praxis de este partido en las instituciones aún está en la lista de espera. Y puede que siga así bastante tiempo. Ahora que ha surgido el caso que afecta a la financiación del PSPV-PSOE y del Bloc (socio mayoritario de Compromís) en las elecciones de 2007, asistimos a un escenario en el que los papeles se han invertido. Después de una década repartiendo ataques a los populares desde la bancada de la izquierda, de lemas descarados escritos en camisetas, son Ximo Puig y Enric Morera (así como la líder de la coalición, Mónica Oltra) quienes esquivan las balas de Isabel Bonig y Mari Carmen Sánchez, portavoces del PP y de Ciudadanos, respectivamente.
Es precisamente de esta última formación de donde parte el ataque más contundente a dos partidos clave en la configuración del Gobierno valenciano. El martes, primer día de trabajo en las Corts Valencianes tras destaparse el escándalo, los naranjas plantearon la creación de una comisión de investigación sobre este asunto. De aprobarse, como indica su letra pequeña (“de inmediato”), las otras investigaciones se pospondrían.
Aunque no parece ser la voluntad explícita de la formación naranja, su propuesta para las comparecencias de los líderes del PSOE y el Bloc llevaría de la mano esta consecuencia. En el último punto del documento que Mari Carmen Sánchez, la portavoz de Ciudadanos, ha registrado figura que “la comisión se constituirá de manera inmediata a su aprobación”, exigencia que no termina de encajar entre los diputados del resto de fuerzas. En especial en Compromís, cuyos líderes se muestran partidarios de abrir una investigación, pero que no pase por encima de la del caso Taula. Su portavoz, Fran Ferri, ironizaba sobre si había alguna cláusula entre PP y Ciudadanos para que no se investigara a los primeros.
Por parte de los socialistas, como explicó su portavoz Manuel Mata, se prefiere una comisión ampliada para tratar los vínculos de Crespo Gomar, -agencia en el foco de la trama según se desprende del sumario de una causa archivada, aún bajo secreto- con todos los ayuntamientos, partidos y administraciones públicas. “El señor Gomar, que era amigo de Torró -exalcalde del PP de Gandia imputado en varias causas de corrupción-, debe ser investigado”, señalaba el socialista.
Ciudadanos, interpelado por esta cuestión, opta por ampliar la investigación a todos los partidos políticos que concurrieron a las elecciones de 2007; un 'striptease' contable, como lo calificaba Ximo Puig. Aquí encuentra el apoyo de Podemos, partidario de encontrar una solución que garantice que se pueda investigar a los tres partidos esta legislatura. Para su portavoz, Antonio Estañ, no se entiende que la investigación “solo se circunscriba al PSPV y al Bloc” porque ya había una comisión aprobada relativa al PP en la misma etapa y lo “lógico es tratar de ampliarla para que se investigue a todo el mundo por los datos de esta etapa”. Este deseo cada vez va tomando más fuerza en todas las formaciones políticas.
Los diputados de la formación naranja insisten en que aunque el posible delito esté prescrito y la causa archivada, las responsabilidades políticas se deben investigar igualmente. No obstante, algunos temen que si no se levanta pronto el secreto de sumario, se pueda llevar una investigación paralela a la judicial sin demasiado sustento. Han sido muchas las sesiones a las que han acudido personajes investigados y se han acogido a su derecho a no declarar por recomendación de su abogado, al estar inmersos en un procedimiento penal. La más sonora, la del caso Taula en el Ayuntamiento de Valencia, que se cerró sin apenas testimonios.
Algunos representantes de la izquierda también afean el discurso de sus oponentes políticos y apelan a la cautela, ya que la investigación todavía tiene más lagunas que zonas visibles y los implicados no han recibido citaciones judiciales. Los socios del Botánico advierten del riesgo que tiene hacer llegar el mensaje de que todos son iguales; un peligro que se traduce en la desafección de la ciudadanía, en la baja participación electoral y la desconfianza en las instituciones. El más directo en este asunto ha sido el portavoz socialista, señalando: “A algunos poderes políticos y económicos les conviene que parezca que todos somos iguales”. “La élite económica quiere sustituir al PP por Ciudadanos” dijo Mata, para comentar que a estos últimos les viene muy bien difundir esta imagen de la política tradicional.
El tic tac marca el paso del tiempo y, en solo un año que queda para finalizar la legislatura, crear y completar tres comisiones de investigación parece imposible. Los partidos ven complicado, si se sigue retrasando, que se puedan llevar a cabo las investigaciones. Que al menos haya una.
